CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA (PrensaMare) Los condenados por la justicia, por represores, superan el millar. Lo indicó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que consignó que hasta fines de 2020 habían sido imputadas 3.448 personas y se habían dictado 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1.013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164.
Del total de investigados, 904 fallecieron en los años de procesos, de los que 692 lo hicieron antes de obtener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos.
Mientras tanto existen 25 prófugos, acusados de crímenes de lesa humanidad. Sus capturas (inviduales) tienen precio: el Estado ofrece el pago de recompensas de entre $ 500.00 y un millón de pesos (de 5.600 a 11.200 dólares). Ellos son:
Oscar Chapur (Recompensa $1 millón)
Gustavo Francisco Bueno (Recompensa $1 millón)
Miguel Ángel Vera (Recompensa $1 millón)
Luis Esteban Kyburg (Recompensa $1 millón)
Alejandro Vicente Michelutti (Recompensa $ 500.000)
Ángel Ervino Spada (Recompensa $ 500.000)
Jorge Raúl Vildoza (Recompensa $ 500.000)
Juan Carlos Vázquez Sarmiento (Recompensa $ 500.000)
Héctor Mario Schwab (Recompensa $ 500.000)
Juan Carlos Linarez (Recompensa $ 500.000)
Horacio González Llanos (Recompensa $ 500.000)
José Luis Piedra (Recompensa $ 500.000)
Miguel Ángel García Moreno (Recompensa $ 500.000)
Fernando Federico Delgado (Recompensa $ 500.000)
Carlos Alberto Arroyo (Recompensa $ 500.000)
Alberto Horacio Silva (Recompensa $ 500.000)
Jorge Linares (Recompensa $ 500.000)
Héctor Adán Giménez (Recompensa $ 500.000)
Roberto Carlos Brunello (Recompensa $ 500.000)
Eduardo Rebechi (Recompensa $ 500.000)
Carlos Gabriel Jesús Isach (Recompensa $ 500.000)
Jorge Luis García (Recompensa $ 500.000)
César Heriberto Peralta (Recompensa $ 500.000)
Emilio Alberto Rimoldi Fraga (Recompensa $ 500.000) y
Ricardo Aleks.
En 1985 se realizó el Juicio a las Juntas militares. Luego llegaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictadas por el presidente radical Raúl Alfonsín entre 1985 y 1986 (ello impidió el juzgamiento o ejecución de las condenas contra represores).
Posteriormente el presidente peronista Carlos Saúl Menem, firmó indultos a favor de los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en el 2005 durante el mandato de Néstor Kirchner, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las "leyes de impunidad" y los juicios se reanudaron.
Hasta ahora los condenados suman 1.013, y en los últimos años creció el número de pedidos de prisión domiciliaria.
