SANTA FE-ARGENTINA  (por Rodolfo O. Gianfelici, PrensaMare)  Desde hace varios años –digamos algo más de una década-, los santafesinos han ido tomando nota de numerosas actividades ocultas para la policía y la justicia, pero con un funcionamiento totalmente aceitado.

Se trata de actividades ilegales...? Si.

Es posible que quienes deben controlar, no se enteren...? Si.

Tales actividades se han incrementando con los años...? Si.

Y entonces...?

Bueno: debe saberse que ‘el boca a boca’ ha demostrado ser mucho más eficiente que las investigaciones, las tareas de inteligencia policiales y hasta los accionares de la justicia.

Porque...?

Teniendo en cuenta que se dispone de personal, como de herramientas tecnológicas avanzadas y principalmente del ‘boca a boca’, si no se ha logrado poner freno a ese avance, es porque ha existido un claro desinterés.

Alguno podría llegar a arriesgarse y afirmar que más que desinterés, existe una planificación para que ello prospere, se desarrolle y se instale como una normalidad dentro de la sociedad santafesina.

Y cuales son esas actividades...?

Bueno, se trata de un concreto y específico abanico, donde se destacan:

·         Apertura de kioscos expendedores de drogas estratégicamente ubicados para cubrir la superficie de localidades y pueblos

·         Existencia de “cuevas” o negocios pantalla para encubrir que en su interior se cambian (o compran) cheques, se presta dinero, se compran y venden divisas

·         Uso de comercios de mucha movilidad destinados a realizar ‘deliverys’ de drogas

·         Conformación de ‘consorcios’ entrelazados con empresas constructoras e inmobiliarias para construcción de edificios con dineros provenientes del narcotráfico o de la venta en negro (y/o contrabando) de cereales

·         Otorgamiento de “área liberada” para posibilitar actos delictivos (robos de motos, robos de autos de alta gama, ataques a inmuebles y/o comercios)

·         Instalación de casas de juego de azar sin autorizaciones.

Si se vuelven a releer dichas actividades y se hace memoria se va a encontrar con que numerosos policías se han visto involucrados en este tipo de actividades en la última década.

Su involucramiento en cantidad y calidad (por rango) ha superado todo lo imaginado y existente en la historia policial santafesina. Hechos que al conocerse, fueron ‘destacados’ (¿?) por los gobiernos socialistas (2007-2019), argumentando que de esa forma “la institución se autodepuraba”.

Por el contrario, lo que ello demostró era el nivel de corrupción instalado en dicha institución en todos los niveles

Que los hechos continúen produciéndose durante el actual gobierno peronista (2019-2021) no es novedad, sino que son la demostración en el sentido que la podredumbre continúa en su interior.

En este sentido, los ataques políticos y periodísticos que se llevaron adelante durante meses contra el Ministro de Seguridad (desde diciembre 2019 a marzo 2021) Marcelo Sain, han dejado perfectamente expuestos a quienes intentan frenar el avance del delito adentrándose en la estructura del mismo Estado, y quienes lo protegen (por decisión y/o inacción). Inclusive –para que no queden dudas de qué juego atienden cada uno- a inicios de noviembre 2021 los legisladores santafesinos destituyeron almismo Sain de su cargo en el Ministerio Público de la Acusación...

Este hecho no significa que se apruebe la forma en que Sain gustaba expresarse, en general...

En este sentido, es bueno reordar que en su momento fue Sain quien hizo la denuncia para que se investigara si la agencia de turismo de Hugo Oldani (asesinado en febrero 2020), era en verdad ello o simplemente una pantalla para el funcionamiento de una “cueva financiera”.

Un tema que –por cierto- era conocido en la capital provincial por ‘el boca a boca’...

Sobre esta causa, se ha conocido que la Sala A de la Cámara Federal de Rosario, confirmó el procesamiento de 10 imputados en la causa por supuesta “intermediación financiera no autorizada”.

Entre esa decena se cncuentran:

·         María José Calle (empleada)

·         Virginia Oldani (hija de la víctima fatal)

·         Dos ‘operadores’ del grupo Carey (de Rosario): Carlos Ciochettto y Carlos Bacigaluppo.

A ellos se les aplicaron embargos, mientras que el gran interrogante es saber qué ocurrió con 1,1 millón de dólares y 3 millones de pesos, que el peritaje demostró que existían en la oficina de Oldani...

Sain hizo la denuncia el 1-6-2020 (siendo ministro). En la investigación se fueron enhebrando actividades e informaciones que incluyeron el peritaje al teléfono celular de Oldani. Allí surgieron diálogos, ‘operaciones’ y los contactos que poseía el supuesto ‘agente de viajes’ con sus clientes.

Casi un año más tarde –el 22-4-2021- desde el Juzgado Federal nº 2 de Santa Fe se dictaron los 10 procesamientos por supuesta “intermediación financiera no autorizada”. Lo cual ha sido ratificado ahora por la Cámara rosarina.

Tal es así que en el texto, los camaristas sostienen que es posible afirmar que “desde 2018 hasta el 11 de febrero de 2020” (fecha del crimen en la ‘agencia’ Oldani) “se llevaron a cabo distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas al sistema financiero, por parte del empresario y de terceros, entre los que se encuentran los imputados, que no estaban habilitados a realizarlas”.

“La prueba reunida en el legajo permite acreditar la materialidad de los hechos y la responsabilidad que les cupo a los imputados... Los resultados de las pericias practicadas en los equipos informáticos (de Oldani, demostraron) “una clara organización criminal dedicada a efectuar operaciones financieras marginales sin autorización del ente rector en la materia, burlando los controles en ese sentido al calzar operaciones informales con las formales de manera indebida y de esa forma obtener un rédito ilegítimo a costa del sistema financiero formal”.

La Cámara decidió además del procesamiento de Virginia Oldani y Calle, por supuesta “intermediación financiera no autorizada” de:

·         Carina Chelmo (titular de la sociedad de Bolsa Mediterránea)

·         Los ‘operadores’ del grupo Carey (de Rosario): Ciochetto y Bacigaluppo

·         Del abogado Leandro Javier Forchetti

·         De los inversionistas Eugenio Francisco Alonso, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, y Marco Molinas.

En el escrito de los camaristas, de numerosas decenas de folios, se expusieron qué actividades y roles desempeñaban cada uno de los imputados, bajo directivas y dependencia de Hugo Oldani. Por ello estimaron que “en términos de probabilidad, los imputados resultan presuntos responsables de la comisión del delito por el que se los indagó, sin perjuicio de lo que pudiere surgir” en el avance de la investigación.