No. Es totalmente coherente...

SANTA FE-ARGENTINA  (Editorial, PrensaMare)  Tras la escandalosa fuga de presos producida recientemente en el sur provincial, el gobernador Miguel Lifschitz habló. Se refirió de manera ligera a ese sospechoso escape aludiendo a  "la facilidad con que a veces el sistema judicial genera beneficios para personas detenidas".

Ante ello, desde el PJ (Poder Judicial) salieron a responderle de manera formal: "En el proceso penal a una persona, existen derechos que le asisten", dijo el vicepresidente del Colegio de Magistrados de la provincia, el camarista Gustavo Salvador.

Al gobernador le encanta realizar declaraciones fáciles, porque siempre tiene prensa –que gracias a las fabulosas pautas publicitarias que paga la provincia-, le otorgan cobertura y nadie se anima a re-prenguntarle, ni mucho menos cuestionarlo.

Lo cierto es que posiblemente el gobernador también  haya aprovechado la prensa dócil, porque anda desde hace muchos meses de campaña electoral. Pero no hay que descartar que sus palabras hayan sido un intento (torpe) por querer desligar la responsabilidad del PE (Poder Ejecutivo) que él ejerce, ante un nuevo hecho sospechoso de uniformados provinciales.

La investigación sobre el sospechoso escape de 9 presos (3 fueron recapturados) sigue en marcha, trabajando la fiscal de Violencia y Corrupción Policial, Karina Bartocci. El caso es tan patético, que ha tenido repercución nacional (mucho más que en el ámbito provincial)

El mega-escape se produjo desde una camioneta del Servicio Penitenciario que los trasladaba al regresar a la cárcel de Coronda (luego de visitar a familiares en una unidad de Rosario).

Salvador le recordó al mandatario que las visitas son un derecho de los imputados. También que los magistrados no influyen en la forma en la que se cumple ese derecho: "Los traslados se realizan incluso -y a diario- para llevar a los detenidos a audiencias en Tribunales y la seguridad durante ese proceso la tiene que brindar el Servicio Penitenciario”.

Recordándole al ingeniero civil Lifschitz que "La ley de Ejecución Penal es nacional e instituye beneficios tanto para personas con condena como a quienes están en prisión preventiva. Dada la coyuntura que se presenta, de que la mayoría está en una situación de vulnerabilidad social porque no tienen los medios económicos para poder visitar a sus familiares, es que se dispone la visita de esta manera (llevando a los presos). Hay veces que se realizan sin necesidad de que el Poder Judicial lo autorice porque se hacen en función de lo que dice la ley… Sería ilógico enrostrarle al Poder Judicial lo que pasó; o que el Tribunal pueda tener algún grado de responsabilidad".

Está claro que el gobernador desconoce el tema; pero además –y allí lo más grave-, es que objeta la socialización del condenado. Pareciera que no quiere la reinserción de la persona en la sociedad en la que vive. Para lo cual debe mantener vivos los lazos familiares, durante la detención.

Para Lisfchitz, el preso pareciera que se convierte en ‘algo’ que debe carecer de derechos… Ignora que sigue siendo un ciudadano. Pleno siglo 21… lamentable.