CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA  (PrensaMare)  La ONU celebró la derogación del Decreto 70 sobre política migratoria dispuesta años atrás por el presidente Mauricio Macri.

Macri había creado un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para impedir el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. Era una medida para agilizar los trámites de expulsión de los inmigrantes con antecedentes penales.

A través del Decreto 138/2021 con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, se dejó sin efecto el Decreto 70/2017 (que modificó aspectos de la Ley N° 25.871), porque "resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".

La nueva norma restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017" y dispone la creación de una "Comisión Asesora de Política Migratoria" que deberá "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871".

La ley establece que el régimen de política migratoria argentina, dispone reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en el país. Lo dispuesto por Macri constituía una violación a los derechos humanos.

Entre ellas se citan "la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".

“Distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto" y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU "han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto". En el mismo sentido se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que "ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio".