BOGOTÁ-COLOMBIA (PrensaMare) Días atrás se informó que diferentes grupos guerrilleros colombianos pretendían avanzar en un proceso de pacificación. Inesperadamente el ELN (Ejército de Liberación Nacional) informó que desmintió haber acordado (con el gobierno) un alto el fuego.
Tras ello, inmediatamente el presidente Gustavo Petro salió a dar una respuesta. Dio marcha atrás al decreto que ponía en vigencia un cese de fuego bilateral luego del comunicado de dicho grupo insurgente.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que el gobierno suspendió "los efectos jurídicos" del decreto de cese de fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) después que esta guerrilla indicara que no había ningún acuerdo.
"Ante la posición asumida públicamente el día martes... hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 diciembre de 2022".
De esta forma, el Ejército mantendrá la ofensiva contra los combatientes que integran la última guerrilla reconocida en el país (tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-) en 2017.
Prada invitó al ELN "a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo de las comunidades étnico territoriales y campesinas", mientras se resuelve el asunto actual. "El Gobierno nacional no renunciará en ningún momento bajo ninguna circunstancia a la búsqueda del respeto por la vida para construir la paz total", indicó el portavoz del gobierno.
Negociaciones en Caracas
Poco antes de la medianoche del último día de 2022, Petro dijo que el ELN y otros 4 grupos armados habían acordado con el gobierno un alto el fuego bilateral (de 6 meses de duración, vigente desde el 1° de enero hasta el 30 de junio de 2023).
Pero el ELN publicó un comunicado señalando que su delegación en las negociaciones de paz en Caracas "no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral".
Esta situación ha generado confusión. El gobierno había informado que el cese bilateral tendría verificación nacional e internacional a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.
