CÓRDOBA-ARGENTINA  (PrensaMare)  Autoridades de una Iglesia Mormona abonaron 4,5 millones de pesos para evitar que se conociera un caso de violación.

El violador y detenido, se desempeñaba como presidente de Los Hombres Jóvenes de la iglesia. Trascendió que ya tenía "antecedentes" por conducta similar en otro de los templos.

El miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue detenido como presunto autor de "abuso sexual con acceso carnal" a una de sus fieles (de 14 años). El pago tuvo como objetivo el silencio, y evitar comprometer (¿?) a la institución religiosa.

El detenido es Marcelo Héctor Darío Moreno Pérez, con alto rango de la iglesia mormona. Ello fue posible luego que la justicia colectara “elementos de pruebas documentados que prueban que abusó con acceso carnal” de la menor.

El hecho ocurrió en setiembre de 2017, cuando el acusado había quedado a cargo del traslado de la adolescente a unas actividades programadas en las sedes de los templos de Argüello y Villa Allende.

Al realizar dicho trayecto, Moreno Pérez pasó por su casa (de Villa Allende) e invitó a la joven a descender unos minutos. Logrado esto, la sometió a violencia sexual.

La familia de ella efectuó la denuncia penal al tomar conocimiento, luego que la víctima relatara lo ocurrido a sus compañeras y directivos del colegio.

Al no poder detener la causa judicial, los apoderados de la congregación religiosa propusieron un acuerdo de “reparación económica extrajudicial” a los padres de la víctima. Fue así que tras varias reuniones ello se concretó a finales del año 2020.

Entre las exigencias de los mormones estuvo una cláusula que establecía que “no se podía responsabilizar a nadie de la Iglesia que no fuera Marcelo Moreno”. Otra de las exigencias fue el “no hacer ningún tipo de manifestación pública y privada sobre la vinculación de la Iglesia con este episodio”.

Tras tomar conocimiento de este acuerdo, el fiscal interviniente expuso que “Es deleznable y repudiable el acto de violencia sexual y las cláusulas del acuerdo de reparación económica”. Ello en razón que “el convenio que busca acallar la situación”, agregando que “para el proceso penal no tiene ninguna validez”.

El agresor se desempeñaba como presidente de Los Hombres Jóvenes de la iglesia.

También informó el fiscal que la causa está bien encaminada para llegar al proceso de enjuiciamiento con “pruebas contundentes” sobre el delito. Para ello valoró los resultados genéticos y el convenio escrito en donde se reconocen los hechos.