SANTA FE-ARGENTINA  (por Rodolfo O. Gianfelici, PrensaMare)  La provincia de Santa Fe ha visto avanzar el narcotráfico y su poder sobre la sociedad y estamentos del Estado, como jamás sucedió. Este proceso se acrecentó entre el período 2007 y 2019.

Fue durante las gestiones de los gobernadores provenientes del socialismo, Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz; quienes gobernador liderando una alianza con la UCR (radicalismo), CC (Coalición Cívica), PDP (Partido Demócrata Progresista), ARI (Afirmación para una República Igualitaria), y sectores ‘progresistas’ y antiperonistas.

La participación de policías (de todos los niveles) en hechos de narcotráfico y de delitos variados alcanzó niveles que superaron todo lo imaginado. Para los gobernantes, el conocimiento público de estos hechos, constituía algo saludable argumentando que de esa forma ‘la fuerza se autodepuraba’.

Por el contrario lo que fue quedando al descubierto -lejos de lo anterior-, fue que dicha fuerza tenía un nivel de corrupción mayúsculo. Investigaciones efectuadas y condenas que se van conociendo, demuestran que las bandas organizadas de delincuentes no solo penetraron en la policía provincial, sino también en estructuras de la mismísima justicia. Hasta se sospecha que lo habría hecho a nivel legislativo.

En una escandalosa causa judicial tramitada en 2019, cuando se descubrió un gran cargamento de drogas en la zona de la costa del Departamento La Capital, la justicia Federal recepcionó absorta la declaración de policías que expresaban que dicha carga pertenecía “al área política del Ministerio” (se Seguridad provincial).

Dentro de este panorama con que el gobierno de Omar Perotti (PJ, Partido Justicialista) recibió la ‘herencia’ en 2019, recientemente se ha producido un hecho importante, a nivel judicial, que no ha merecido el tratamiento y repercusión que merecía (llamativo de parte de los medios locales, regionales y nacionales...?).

Lo cierto es que la Justicia condenó a Ariel Guille Cantero y otras 6 personas por las balaceras de mayo a agosto de 2018 contra objetivos judiciales.

Cantero recibió su séptima pena: 22 años de prisión; que se unificó en 28 años y 8 meses (junto a la sentencia del 2020 por amenazas telefónicas a un ex juez). Para los otros seis condenados, las penas van de 20 a 7 años de cárcel.

Los propios integrantes del Tribunal le otorgaron la importancia que merece el caso –y que otros ningunean-, a firmar en su fallo que "Los hechos objeto de este juicio no reconocen precedente en nuestro país... Aspiramos a que éste sea un punto de inflexión, un hito a partir del cual se ponga un freno definitivo a las organizaciones que ponen en vilo a las instituciones democráticas".

Los condenados –según los fiscales- estaban imputados por la "intimidación y amedrentamiento hacia los magistrados que debían decidir cuestiones relacionadas con Cantero en sus causas penales".

Además de Cantero, los otros condenados fueron: Matías César (20 años), Lucía Uberti (20 años), Daniel Delgado (12 años y 6 meses, que se unifica en 33 años y 6 meses), Leonardo Olivera (11 años), Leonel Fernández (8 años), y Daniel Chavez (7 años).

Se probó que Cantero fue instigador en al menos 7 hechos; un integrante de peso de la criminal banda narcotraficante conocida como Los Monos.

Los ataques no fueron casuales, y son la clara demostración de la organización de la banda y su peligrosidad. Los ‘objetivos’ militares fueron 2 de los jueces que integraron el tribunal que condenó en primera instancia a Cantero en 2018; 2 de las magistradas que integraron el tribunal de apelación; 2 comisarios que investigaron dicha causa; el edificio del Centro de Justicia Penal; la sede del Ministerio Público de la Acusación; y de la Policía de Investigaciones.

La justicia probó que Cantero se comunicaba con Delgado, César y Olivera y daba las ordenes para los ataques. En menos de 3 meses la banda cometió 12 ataques con armas de fuego. No solo se buscaba atacar a personas, sino a las instituciones que representan.

La banda desafiando al Estado; pretendiendo imponer el miedo, el temor, la duda, el amedentramiento. No fueron “hechos de inseguridad”, sino una negación del propio Estado.

Esta condena debería ser tomada verdaderamente como un ‘click’ histórico con el Estado uniéndose y enfrentando el poder del narcoestado. Ello supera toda actitud partidaria, y se transforma en una auténtica cuestión de Estado que supera ‘lo’ partidista.

En medio de esta situación llama poderosamente la atención que diferentes sectores de la sociedad (política, comunicacional, religiosa, entidades intermedias...) no se exprese de manera clara y contundente.

No pueden existir ‘mediastintas’, ‘punto intermedio’, ni oportunismo político-partidario. Nadie pretende que los partidos políticos pierdan su identidad o se encolumnen detrás de cualquier política o del actual gobernador.

Pero ignorar, la gravedad de la situación; mantener silencio ante la lucha contra el crimen organizado; mostrarse indiferente ante el ataque al Estado no es un “error”. Ello significa están junto a las bandas de narcotraficantes.

Puede sonar extremo; bueno, que la oposición política al gobierno provincial, que los poderes comunicacionales, que los líderes religiosos, que quienes conducen a las entidades intermedias busquen la forma que más les guste y deseen, pero que demuestren fehacientemente que no son complacientes (o están comprometidos) con el narcoestado.