SANTA FE-ARGENTINA  (PrensaMare)  Esta ciudad se ha visto golpeada en la última década (y algo más) por un accionar policíaco provincial ligado escandalosamente con el delito.

Pero la llegada de Mauricio Macri al gobierno (2015) abrió la puerta a que ese accionar sufriera el “agregado” policíaco nacional. Lo demostraron investigaciones y la misma justicia.

El Ministerio Público llamó a la “empresa criminal Delegación Santa Fe SA” que se dedicaba a “recaudar fondos” para sus partícipes. Fue así que el Tribunal Oral de Santa Fe condenó al ex jefe de la Policía Federal en esta ciudad, Marcelo Lepwalts (foto), a 5 subordinados que integraban ‘la SA’ y a un vendedor de sustancias ilegales, Guillermo Kernc (que aportaba la plata de las “coimas” a cambio de protección).

Lepwalts fue sentenciado a 4 años de cárcel por “cohecho”, “incumplimiento de deberes”, “abuso de autoridad”, “sustracción de pruebas”, “falsedad ideológica de documento público” y “tenencia simple de estupefacientes”.

El segundo oficial a cargo, Cristian Bogetti, recibió la misma pena por los mismos delitos (más “encubrimiento agravado”). Mientras que Kernc sumó otros 4 años de prisión por “cohecho”, “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia de arma de guerra”. Los otros 4 policías federales sufirán 3 años de prisión por los mismos cargos que su jefe.

Entre mayo y septiembre de 2019 cayeron las dos conducciones federales santafesinas. En su momento, el fiscal federal que las investigó, Walter Rodríguez, envió dos alertas a la ministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich (le habló de un foco de “corrupción institucional alarmante”). Informándole asimismo que la Policía de la provincia y la Federal “estaban sospechadas de tener fuertes vínculos con organizaciones narco criminales”. Estas situaciones impedían investigaciones y represión de ilícitos.

En su momento, Bullrich nunca le contestó. La primera alerta fue del 3-5-2017; la segunda del 6-9-2019. Esta última fue recepcionada apenas 3 días antes del famoso tiroteo en la autopista (al sucesor de Lepwalts, el comisario Mariano Valdés). En ese momento, la ministra Bullrich habló de un “ataque mafioso” (que más tarde debió desmentir).

Valdés y su n° 2, Higinio Bellaggio (los jefes de la segunda cúpula), están presos desde el 20-9-2019 por otra causa que Rodríguez pidió elevar a juicio el 20-5-2020.

El juicio a la “SA” comenzó el 17-3-2021 en esta ciudad. Los condenados han sido 7: Lepwalts, Bogetti, Michel Juan Arbildo, Carlos Gómez Navarro, Darío Duarte, Lucas Bustos y Kernc. Fue el primer juicio.

El 13-7-2020 el fiscal Rodríguez elevó al Tribunal Oral una segunda causa a los mismos 6 condenados: Lepwalts, Bogetti, Arbildo, Gómez Navarro, Duarte y Bustos, por supuesta “asociación ilícita”. El 20-5-2020 cerró la tercera causa: la investigación a Valdés y Belaggio, a quienes acusó por “haber concertado un plan” y “actos preparatorios para cometer el delito de tráfico ilegal de estupefacientes en su modalidad de transporte”.

Pero además, existe una cuarta causa: un operativo contra la agente Roxana González (que acompañaba a Valdés en el ataque en la autopista, en setiembre de 2019). Son investigados 2 mandos superiores federales y 2 jefes del hospital Churruca por supuesto “abuso de autoridad” y “falsedad ideológica”.

En la investigación, la justicia expuso que “Lepwalts… controlaba a todos sus elegidos, por lo que utilizó esa autoridad para formar una banda delictiva dedicada a recaudar… ordenó, fomentó, favoreció, auspició y consintió la realización de esos delitos, con los más ‘despiertos’”… garantizó la impunidad de los ejecutores materiales… sin interferencias externas y en la más absoluta clandestinidad para asegurar el resultado pretendido… el plan de corrupción y enriquecimiento que ejecutaban”.

En su alegato Suárez Faisal concluyó que “No parece que Lepwalts sea ningún estúpido, al contrario, es un delincuente disfrazado de policía”.