SANTA FE-ARGENTINA  (PrensaMare)  Existen secretos a voces, en todos lados. Los cuales, por diferentes intereses, se mantienen (aparentemente) en estado secretísimo.

Uno de ellos es el de la agencia de turismo Oldani, que existía en la capital santafesina. Así como existen otros negocios que encubren otras actividades (no permitidas, o ilegales, o evasoras, o blanqueadoras…).

En el caso de dicha agencia –que aparentaba tener como único fin la venta de pasajes y actividades turísticas-, se trataba de una “cueva”, o sitio donde se realizaban acciones financieras o de manejo de monedas extranjeras en forma no autorizada.

En su momento –tras el crimen de Hugo Oldani-, quien era el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, reclamó que la justicia federal investigara si esa agencia de turismo era una pantalla de una “cueva financiera”.

La muerte violenta de Oldani se produjo el 11 de febrero de 2020. Ahora, al terminarse abril 2021 se conoció que el juez Marcelo Bailaque (a cargo del Juzgado Federal nº 2) procesó a los 10 imputados en la investigación del fiscal Walter Rodríguez.

Entre los cuales se encuentra la hija del empresario, Virginia Oldani y a su empleada, María José Calle, por supuesta “intermediación financiera no autorizada”. Ordenó embargar los bienes de todos ellos por medio millón de pesos a cada uno.

Bailaque con las pruebas colectadas councluyó igual que el fiscal: que ambas mujeres operaban “bajo la dependencia y directivas de Hugo Oldani como sus brazos ejecutores de las maniobras delictivas”.

Dentro de los análisis dispuestos por la justicia estuvo el peritaje al celular de Oldani que tiene más de 17.000 folios con registros, diálogos, operaciones y contactos de sus clientes. Se trabajará ahora en sos caminos: los negocios de Oldani con 27 inversionistas, operadores y empresarios del ‘círculo rojo santafesino’ y sus vínculos con el grupo Carey de Rosario.

En su momento, Sain denunció la “sustracción de una suma millonaria” de la oficina de Oldani, que una pericia de la Policía Federal estimó en “un millón de dólares y tres millones de pesos” (la plata no apareció y sí quedaron las fotos).

Virginia Oldani declaró en la causa que ella y su esposo retiraron “el dinero” porque la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Cristina Ferraro (que investigó el crimen) los había autorizado “a sacar todas las cosas de valor”. Fue así que el 18-8-2020, Rodríguez denunció a Ferraro por supuesto “encubrimiento” y le abrió una causa penal que investiga su conducta.

Los otros 8 procesados (además de Virginia Oldani y María José Calle), son: la presidenta de la sociedad de Bolsa Mediterránea, Carina Chelmo; 2 operadores del grupo Carey de Rosario: Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo; el abogado Leandro Javier Forchetti; y los inversionistas Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marco Molinas y Eugenio Francisco Alonso.

Todos ellos por supuesta “intermediación financiera no autorizada”.

Habiéndose efectuado las indagatorias noviembre 2020, el fiscal Rodríguez pidió el procesamiento de los 10 imputados el 18-3-2021. Insistió el 12-4-2021, cuando solicitó al que juez que resuelva la situación procesal y le devuelva la causa para “profundizar la investigación” sobre los 27 del círculo rojo y qué “intervención” tuvieron en los hechos.

Se espera que el fiscal avance con peritejae sobre los celulares de esos 27 de la lista de Oldani.

El juez reveló que en la agencia de turismo, y en el microcentro santafesino, se realizaron “distintas maniobras” reservadas al sistema financiero, que eran “habituales” y no estaban autorizadas. Esas operaciones se llevaron adelante “desde el año 2018 hasta el 11 de febrero de 2020” (día del crimen). Las mismas fueron agrupadas en 4 formas:

1) “La obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Oldani por un tiempo determinado a cambio de una tasa de interés”.

2) “La búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo (5 días)”.

3) Préstamo de dinero a terceros a 24 o 48 horas, a cambio de cheques y préstamos en dólares.

4) Transferencia de divisas al exterior.

Bailaque sostuvo que “En ese contexto, se puede afirmar que Virginia Oldani y María José Calle, realizaron aportes individuales, actuando bajo la dependencia y directivas de Hugo Oldani como sus brazos ejecutores, en las maniobras delictivas”.

Respecto a Carina Chelmo, presidenta de Mediterránea, en ese período, “realizó un aporte individual por fuera de la estructura de la firma Turismo Oldani” y generó “un vínculo horizontal” con el empresario en operaciones de “préstamos”, “cheques” y “transacciones” al exterior. Mientras que los otros 7 imputados: Forchetti, Molinas, Giulioni, Trucco, Alonso, Ciochetto y Bacigaluppo participaban en “operaciones con cheques”.

También citó Bailaque que Ciochetto y Bacigaluppo tenían “una vinculación con el Grupo Carey de Rosario, dedicado a servicios financieros y asesoramiento bursátil, en el que Oldani poseía dos cuentas: una en pesos y otra en dólares, que eran administradas” por los imputados. “El teléfono utilizado por Bacigaluppo se encuentra registrado a nombre del Grupo Carey sociedad de bolsa, según la información obtenida del celular de Oldani”. “Bacigaluppo… fue empleado de “Cardiff Cambio SA y de la Asociación Mutual 29 de Noviembre” y “figura como gerente “CTPM SRL”, junto con María Florencia Woelflin, de apellido materno Carey”, dijo el juez.

Reveló un diálogo entre Oldani y un tal “Tope” (el primero de los 27 que está analizándose) en el que el empresario le dice que “la mutual es la que tiene Carey para hacer algunas cosas en ese color”.