SANTA FE-ARGENTINA  (por Rodolfo O. Gianfelici, PrensaMare)  No es ninguna novedad que el mayor desastre impuesto por las gestiones socialista-radical, de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz ha sido el de la seguridad, o inseguridad.

La provincia está en manos del delito, con la policía corriendo detrás. Y lo que es peor, con la sensación que tiene la sociedad que la policía forma parte coordinada del delito organiuzado. Ya no es la presencia de ‘errores’ o ‘casos aislados’ de corrupción, sino el convén cimiento que la fuerza ha sido incluida en un estratégico plan de avance hacia el narcoEstado, o narcoProvincia.

Durante una docena de años el socialismo-radicalismo, ante cada hecho de corrupción policial ha salido a autofelicitarse, porque ello demuestra –dicen- que la fuerza se “autodepura” de sus malos elementos.

Sin embargo, la presencia de tantos hechos de corrupción, a todos los niveles, en todo el territorio, y con un aumento creciente, dejan en claro que el estado de descomposición es alto, gravísimo y que obedece a un plan por acción y/o inacción.

Recientemente ocurrió un suceso de lata gravedad, que deja al descubierto la existencia de un nuevo caso de ‘gatillo fácil’. Con lo más lamentable, que desde los medios se lo ha tratado de manera ligth, sin darle la justa importancia, y tratando de enmascararlo dentro de otros caso policial (como tantos).

Se (des)informó que un “agente policial” había disparado y matado a un ladrón. Así se instaló desde los medios, con rapidez y urgencia.

Pero el paso de los días, la presencia de testigos y videos, hizo que el caso debiera ser expuesto de manera real y concreta tal como ocurrió.

Un joven intenta robarle un bolso a una mujer que caminaba por una vereda. No puede, y luego la mujer le hace entrega de –al parecer- un monedero. Tras ello, el joven se retira. Es allí cuando por la espalda recibe un disparo de arma de fuego, que más tarde le provoca la muerte. Se dijo que había sido un “agente de policía”. Lo que dejaba instalado que el mismo habría intervenido en la acción.

Sin embargo, días después se conoció que se trató de un subcomisario. Que realizaba una tarea de custodia de un vehículo de reparto de gaseosas. Que lo hacía usando su arma reglamentaria. Que intervino sin conocer cómo había ocurrido el hecho (que habría observado). Que persiguió al joven y no le dio la voz de alto. Que disparó a matar ante una persona indefensa (de espaldas) y desarmada. Que vestía de civil.

El uniformado era el subcomisario Francisco Aldo Olivares. La víctima –que en caso de estar cometiendo un delito debía ser detenido y luego juzgado-, tenía solo 17 años.

Olivares ha sido acusado por los fiscales Martín Torres y Ezequiel Hernández de "homicidio calificado por el uso de arma de fuego, agravado por alevosía y por haber abusado de su función como miembro integrante de una fuerza de seguridad". La acusación fue admitida por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano.

El joven asesinado era Lautaro Saucedo, que nunca recibió la voz de alto; tampoco fue abordado por Olivares como personal policial. Lo que deja la situación con todas sus evidencias para ser calificada como un hecho de "gatillo fácil".

Los testigos (4) han coincidido en cuanto a cómo ocurrió el hecho. De allí que se ha podido reconstruir de manera clata la escena criminal (hecho sucedido pasadas las 10 y 30 del martes 29 de octubre). Pero además, han aparecido videos caseros que son contundentes para la causa.

No se trata de justificar y/o proteger el que habría sido un accionar delictivo del joven. Se trata de establecer que no se puede vivir en una sociedad donde desde el mismo Estado se aplica la justicia por mano popia, apelando al “gatillo fácil”. A lacriminalidad desde el Estado.

Quien disparó, erigiéndose en “justiciero” contra el delito (que habría cometido Saucedo), custodiaba un camión de manera irregular e informal, sin uniforme y con el arma que le provee el Estado. Disparó con la pistola reglamentaria calibre 9 milímetros que portaba. No pretendió detener al supuesto delincuente, sino que lo ejecutó por la espalada, estando desarmado. Y sin darle oportunidad alguna, pues Olivares nunca se dio a conocer.

El subcomisario actuó con alevosía y haciendo uso y abuso de sus funciones, disparándole desde 50 metros de distancia. Loque demuestra que jamás tuvo intención por detenerlo.

Que el poder comunicacional haya actuado de manera irresponsable y tratando de ‘proteger’ y no profundizando (en las primeras horas posteriores al suceso) demuestra que buscaba ‘complacer’ o ‘colaborar’ con el poder que durante años ha gastado exageradas sumas de dinero en pautas publicitarias.

La tardanza desde el propio Estado (las autoridades del Ejecutivo) en ponerse a la cabeza del escandaloso caso, deja en evidencia que nada es casual y que todo tiene que ver con todo.

Los santafesinos están en manos de una fuerza policial que se ha degradado y constituye un peligro. Recomponer esta relación no será fácil. Restará saber si existe decisión y voluntad de producir este cambio.