BARCELONA-ESPAÑA  (PrensaMare)  La pandemia –y el actual gobierno-, han dejado abierta la puerta para que el Estado español avance en una clara militarización.

El Gobierno tendrá potestad para imponer “prestaciones personales” (¿?) a los ciudadanos, según la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. De esta forma, toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las “prestaciones personales” que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional; ello sucederá cuando se declare en España un estado de crisis.

En esta circunstancia, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades. Lo establece la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno y que incorpora las conclusiones sacadas del año y medio de pandemia y grave crisis sanitaria.

Suponiendo que España...

Declarase un estado de crisis (“situación de interés para la Seguridad Nacional” es la denominación que le da la ley), las autoridades podrán efectuar requisa temporal de todo tipo de bienes, la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios, o suspender todo tipo de actividades.

Los que sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados. La ley excluye el pago de indemnización a quienes sean obligados a realizar una prestación personal.

Se estima que las prestaciones personales y la requisa de material estarán relacionados con el tipo de crisis de que se trate (económico, sanitario, medioambiental, financiero, etcétera). Las medidas que se adopten serán graduales y proporcionadas a la situación que haya que afrontar y se limitarán al tiempo estrictamente necesario para superar la situación de crisis.

Estas obligaciones serán para todos los ciudadanos como las empresas y entidades jurídicas para que colaboren a la superación de la crisis. El texto se basa en el artículo 30 de la Constitución, según el cual “los españoles tienen el deber y derecho de defender a España”.