BARCELONA-ESPAÑA (PrensaMare)  Pese a que la prensa y los políticos españoles no lo dicen, a partir del 2012 la sanidad gratuita y universal sufrió un duro golpe en el país.

Fue cuando se produjo la reforma del Partido Popular, eliminando el referido derecho de las leyes españolas.

Recientemente se conoció el informe: ‘Un derecho hecho pedazos: el derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas’. Estudio realizado por la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. Allí se demuestra cómo las clases dominantes se encargaron de conformar una maraña burocrática para entorpecer el acceso a la sanidad pública.

Los intentos del socialismo (PSOE) por revertir lo heredado no contó con ‘la fuerza’ o interés profundo como para avanzar y reparar la universalidad de la sanidad pública. No fue un simple error, sino la consecuencia que ambas fuerzas mayoritarias españolas (derecha y centroizquierda) actúan acompañándose en los hechos (aunque apelen a diferentes discursos).

Las decisiones políticas y las aprobaciones burocráticas dejaron demasiados ‘huecos’ y ausencias para que las comunidades autónomas recuperen lo perdido.

Esta política afecta principalmente a las personas migrantes. Lo cual no es casual.

En el informe se analizan:

·         Dificultad para obtener el padrón o alternativas

·         Acceso a la sanidad los primeros 90 días en situación regular

·         Acceso en situación de estancia

·         Atención a menores y embarazadas

·         Atención sin documeto certificativo y facturación, y

·         Atención a personas ascendientes reagrupadas.

A la hora de verificar, se halla que 5 comunidades (Madrid, Galicia, Baleares, Canarias y Melilla) ponen trabas en el acceso a la sanidad pública a las mujeres embarazadas y a menores.

Se exige a los extranjeros solicitudes y documentos certificativos de residencia en España para recibir atención sanitaria. Deben soportar una gran arbitrariedad en el procedimiento de acceso. Incluyendo la no atención y exigencia de un pago por la atención médica.