CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA (PrensaMare)  Simple coincidencia entre las muertes a manos delas policías argentinas, o un hecho totalmente prevesible y en consonancia con el autoritarismo, fascismo y destratoque se baja desde el mismo gobierno nacional...?

Desde que asumió Milei, hubo 40 personas asesinadas por las policías.

Así lo informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtiendo que el proyecto oficial favorece la impunidad en los casos de violencia institucional.

Se asiste a una maniobra donde el poder dominante pretende ‘reformar’ en el ámbito penal. El gobierno busca impedir que los policías rindan cuentas por el uso de arma de fuego; pero además, que ‘la versión policial’ quede establecida como la única verdad (inclusive sin poder darla vuenta en un juicio).

Desde que llegó el nuevo mandatario en diciembre de 2023 y fin de enero de 2024, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) contabilizó el asesinato de 40 personas a manos de las fuerzas de seguridad federales o locales:

• 15 en fusilamientos de gatillo fácil
• 18 en cárceles o comisarías
• 3 en el marco intrafamiliar por razones económicas
• 3 usando el patrullero como arma y
• 1 femicidio de uniforme.

Lo que pretende la derecha amparada en ‘un avance hacia la libertad’, es que toda muerte provocada por fuerzas de seguridad se catalogue simplemente como un acto de “legítima defensa”.

Y busca avanzar sobre el poder judicial, quitándole la responsabilidad de establecer cuándo el uso del arma de fuego se ajusta a la legalidad, y cuándo no.

A ello los (supuestos) ‘libertarios’ le agregan el eliminar, o suprimir el derecho de las víctimas o familiares de hechos de violencia policial de querellar.

De esta forma, pretende instalarse que la única verdad es la ‘versión policial’ de los hechos que se produzcan.

Para pretenden eliminar que víctimas o familiares lleven adelante querellas, se ‘argumenta’ inconstitucionalmente que las personas que delinquen o sus familiares se queden sin el derecho a pedir justicia.

En los procesos judiciales por violencia institucional, los casos que llegan a una condena (por impulso de los fiscales o jueces) son casos excepcionales. Los familiares o las organizaciones que los apoyan son quienes casi siempre logran que las causas avancen.

Las “versiones policiales”...

Son sucesos muy conocidos en Argentina, una práctica reiterada y sistemática, donde los uniformados apelan a testimonios de los propios policías y –si es necesario- al ‘plantado’ de pruebas falsas (armas o vainas), para dar forma a una situación de “legítima defensa” (simulando “enfrentamientos”).

Esto logró su peor y más criminal ejemplificación durante la dictadura cívico-militar (1976-1983), pero no ha sido una ‘exclusividad’, sino que en plena democracia también se ha recurrido a ese mecanismo.

El gobierno de Javier Milei apuesta a una reforma penal pretendiendo dar legalidad a acciones ilegales de las fuerzas de seguridad.

Desde el CELS...

Se publicó una serie de hechos –como recordatorios- ocurridos en el país, donde existió violencia institucional. Los cuales -de haber estado vigente lo que ahora quiere hacer el gobierno- hubiera permitido la impunidad.

Se refería concretamente a los casos de:

• Masacre de Ingeniero Budge (el 8-5-1987, la policía bonaerense asesinó a Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz, jóvenes tomaban una cerveza en Ingeniero Budge. Los policías simularon un enfrentamiento, pero 3 de ellos fueron condenados. En 2012, la fecha del múltiple crimen fue declarada como el “Día Nacional contra la Violencia Institucional”)
• Masacre de Wilde (Norberto Cicuttín, Norberto Corbo, Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza fueron asesinados el 10-1-1994 por la Policía Bonaerense. En diciembre de 2022, 6 de los 11 policías imputados fueran condenados por homicidio simple)
• Alejandro Mirabete (Asesinado en la CABA el 20-2-1996 por un integrante de la Policía Federal. El joven de 17 años, estaba con 4 amigos en una esquina. Dos policías sin uniforme se acercaron en un automóvil sin identificación y les pidieron documentos; el joven se asustó y comenzó a correr. La Policía Federal le disparó desde una distancia de entre 10 y 50 centímetros. El cabo Miranda fue condenado por homicidio simple)
• Facundo Ferreira (Niño de 12 años asesinado por una bala policial en Tucumán. El 8-3-2018 policías de la División Motoristas del Servicio 911 de la policía tucumana lo persiguieron a él y a un amigo. La versión policial quiso instalar que los niños estaban armados. En un segundo juicio en 2023, los 2 policías fueron condenados por el delito de homicidio)
• Masacre de San Miguel del Monte (El 20-5-2019, 3 niños y un joven fueron asesinados y otra sufrió graves heridas. Policías de la Bonaerense dispararan contra el auto en el que se desplazaban. Los policías luego alteraron la escena de los hechos. Cuatro policías fueron condenados)
• Blas Correas (Asesinado por policías de Córdoba el 6-8-2020. El auto en el que viajaba junto con 4 amigos fue interceptado por un control vehicular. Los policías mataron a Blas y ‘plantaron’ un revolver calibre 22 en la escena para simular un enfrentamiento. Once policías fueron condenados).

Estos son algunos de los ejemplos mostrados por el CELS, donde todo podría haber quedado ‘en la nada’, de disponerse de las “reformas” penales que quiere implementa la presidencia de Milei.