SANTA FE-ARGENTINA  (PrensaMare)  Lejos de haberse ‘dormido’ la investigación sobre los espionajes ilegales del macrismo (2015-2019), el tema avanzó y ya está en la justicia.

La arrogancia del poder usado y abusado a diestra y siniestra hizo que el gobierno de Mauricio Macri recurriera a usar el estado para realizar espionajes ilegales. La intervención a cargo de Cristina Caamaño hizo la presentación ante la justicia federal por un “proceso sistémico de inteligencia ilegal” contra personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes, sindicalistas y fuerzas policiales, entre otros.

Efectuado el sorteo de rigor, la causa recayó en el juzgado n° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello.

De lo que se ha podido concluir es que el macrimo espió a opositores, pero también entre ellos mismos (¿?). Con la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), desde el 2-6-2016, bajo la gestión del amigo del presidente, Gustavo Arribas, se hicieron espionajes sobre correos electrónicos privados de casi un centenar de personas. La información fue recuperada de un disco rígido, que había sido borrado.

Ahora es el turno de la justicia que deberá investigar si existen violaciones al artículo 4 incisos 2, 5 y 43 de la Ley de Inteligencia Nacional.

Las tareas de inteligencia efectuadas no fueron “ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”. Se hicieron porque lo dispusieron “las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”. Es así que quienes hoy conducen el organismo se han encontrado con “producción de inteligencia ilegal”.

Toda esa información obtenida en forma ilegal estaba en un disco rígico, que fue hallado en una tarea de “rutina” de la actual interventora Caamaño. Allí se almacenaba la información obtenida sin orden judicial. Todo indica que la ‘orden’ de las autoridades salientes fue la de ocultar esa tarea ilegal, por lo que “se procedió al borrado de la información que el mismo contenía”. Sin embargo, “fue posible reestablecerla”. Se puede concluir que se asistió a un programado proceso de espionaje sobre “correos electrónicos privados”.

El listado de los espiados ilegalmente (que apareven en la denuncia oficial), incluye a: Carlos López, Luis Fernando Navarro, Martín Sabatella, Mariana Ponce de León, Rodolfo Tailhade, Marcos Harguinteguy, Juan Manuel Pedrini, Leonardo Sabatella, Carlos Alfonso Tomada, Elisabeth Gómz Alcorta, Verónica Magario, Hugo Matzkin, Joaquín Escobar, Araceli Bellota, Carlos Castagneto, Gastón Castagneto, Andrea Gabriela Vaca Narvaja, Valeria Silva, Ricardo Forster, Lía Méndez, Guillermo Mostol, Walter Arieli, Jorge Pissaco, María Lara Carvajal, Hugo Serpa, Lucila Puyol Garategui, Daniel Yarmolinski, Gabriela Cerruti, Nicolás Massot, Ernesto Sanz, Laura Alonso, Ofelia Cedola, Esteban Dibaja, Héctor Daer, Leticia Angerosa, Horacio Mizrahi, Mario Negri, Patricia Cubria, Silvia Horne, Omar Perotti, Silvia Rojkes, Ángel Rozas, Martín Donate, Alejandro Loeda, Eleonora Heinrich, Alberto Weretilneck, Cristina Britez, Marcos Cleri, Gerardo Aranguren, Mario Barletta, Adrián Grana, José Pitin Aragón, Luis Majul, Gabriela Troiano, Gustavo Alfredo Walker, Salvador Cabral, Miguel Nannu, Sergio Zurano, Waldo Carrizo, Mauricio Mas, Nicolás Canosa, Guido Pasamonik, Mauro Battafarano, Pablo Oscar Vera, Susana Gutt, Marianela Páez, Daniel Yarmolinski, Adriana Fontana, María Laura Pennisi, Carlos Raimundi, Gerardo Rico, Hugo Perosa, Anabela Aldanondo, Guillermo Mostol, Marcela Ripoli, Raúl Reyes, María del Carmen Peña, Ángel Graciano, Sol González, Cintia Lujana, Ernesto Paillalef, Salerno Ercolani, Delfina Sipisiche, Fernando Torrillate, Pablo Oscar Vera, Gustavo Traverso, Susana Gutt, Policía Ciéntífica, Comisaría 3ra Avellaneda, SIPOBA, Sup. Gral. Policía Bonaerense, y Policía Lanús.