SANTA FE-ARGENTINA (por Rodolfo O. Gianfelici, PrensaMare)  Está claro que los espacios perdidos por el pueblo (partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones vecinales, religiones, entidades culturales...) y el estado, son ocupados por alguien. Ningún espacio queda vacío.

Es un tema que todos saben; no de ahora, sino desde siempre.

Cuando las dictaduras cívicomilitares ejercieron el terrorismo de estado y derrotaron a los sectores populares sabían perfectamente que además de ganar lo que ellos consideraban una ‘guerra ideológica’, algunos ocuparían los espacios que se ‘vaciaban’.

Allí fue cuando comenzó a avanzar territorialmente el narcotráfico, que inclusive, se organizó de manera a como lo habían hecho las organizaciones políticas.

No fue un hecho casual, sino perfectamente planificado por el poder dominante (ejercido desde Washington).

Inclusive, previendo que en algún momento vendrían tiempos de cambio y que según el Consenso de Washington daría origen a los “100 años de democracia”, se organizó el dejar de lado a los militares que habían sido fieles sirvientes y asesinos, y se fueron “preparando” a las fuerzas policiales.

Lenta y planificadamente se fue organizando que las policías provinciales (en el caso de Argentina), comenzaran a participar de manera más ‘activa’ de los negocios delictivos.

Fue así que los mandos policiales fueron ampliando sus “recaudaciones” producto del delito. Pero ello conllevaba ciertas exigencias del imperio anglosajón. Las fuerzas policiales debían profundizar su intervención en el delito en forma creciente a la vez que debían ir dando mayor paso a la penetración del narcotráfico.

Así, los jefes policiales (y no solo ellos) avanzaron de cobrar “una parte” o una coima o soborno para convertirse directamente en socios de los delincuentes. Pero no todo quedó allí (lo cual ya era demasiado), sino que directamente pasaron a convertirse en activos colaboradores del accionar delictivo, e incluso muchos pasaron a comandar ciertos delitos.

De esta forma, el crimen organizado fue creciendo, el cual se fue nutriendo de participantes surgidos de la pobreza y la pobreza extrema que el sistema político y económico dominante fue imponiendo con alegorías a la “libertad de mercado” y la “igualdad de oportunidades”.

La provincia de Buenos Aires fue la más danmificada con esta política en razón de su importancia y por contener un 30% de los habitantes del país; a ello se agregó una fuerza parapolicial legalizada (las agencias de seguridad privada, en manos y/o conducidas por exuniformados) integrada por alrededor de 90.000 efectivos armados actuando en forma paralela (y sin responder) a las fuerzas de seguridad. Pero controlando, realizando inteligencia, y colaborando en todo lo que sean acciones paralelas a la seguridad oficial.

Pero sin lugar a dudas, la provincia de Santa fe, por su extensión norte-sur, su ubicación geográfica estratégica, y sus vías de comunicación (aéreas y fluviales) se convirtió en “la elegida” para avanzar en ese proyecto de penetración narco. Lo vivieron y sufrieron (lo viven y sufren) los santafesinos durante las tres gestiones de gobiernos socialista-radical (Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, entre 2007 y 2019).

Doce años donde la expansión del narcotráfico, el funcionamiento de kioscos, y la participación de policías en ese (y otros) delito, se elevó geométricamente. Lo que significó además, muertes, inseguridad, descontrol, ocupación de territorios, y consolidación de la penetración en la estructura del estado. No solo en lo que a la policía provincial se refiere, sino en los tres poderes del Estado.

El negocio de la cocaína en Argentina creció en los últimos años en oferta y demanda (inclusive mostró un notable aumento durante el encierro por la pandemia de Coronavirus, como en todo el mundo). Pero además, se incrementó el uso del río Paraná, para la salida de embarques hacia Europa, Australia y EEUU, utilizando buques que transportan granos.

El descontrol (ante la ausencia del estado) en cuanto a la salida de granos del país permite multimillonarias evasiones en perjuicio del fisco nacional, pero además, dichas naves que terminan contrabandeando ante las narices de todos los argentinos, se encargan de ser quienes trasladan drogas llegadas desde Bolivia, Perú y Colombia, al mundo.

El negocio del narcotráfico mundial va cambiando de acuerdo a sus necesidades y conveniencias. Tal es así que el empobrecido Ecuador, de la mano de gobernantes corruptos ha dado paso (tras la salida de Rafael Correa) al desembarco del narcotráfico internacional organizado.

Concretamente, ya operan en su territorio –aprovechando su pequeñez territorial entre Perú y Colombia-, para incorporarlo en las nuevas rutas de la cocaína. Aprovechan que sus gobernantes siguen empobreciendo al pueblo, imponiendo la dolarización, la baja bancarización (que permite acuerdos rápidos, sin control, con dineros en efectivo y aprovechando al lavado de dinero), y la incorporación de mano de obra reclutada en la pobreza y extrema pobreza.

Los cárteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa ya están instalados en suelo ecuatoriano, sin que sus gobernantes –aliadísimos de Washington-, hayan hecho absolutamente nada por frenarlos.

Para poder instalarse, estas bandas apelaron rápidamente a la cultura de violencia operacional, tan como ya venían haciendo en México (y como ocurre en Brasil, Colombia y países centroamericanos).

Ha sido casual lo que sucede en Ecuador...? No. En absoluto. Es consecuencia de gobiernos alineados con EEUU; alejados de políticas nacionales y populares que no dudaron en debilitar las políticas sociales. Una clara planificación de la no-asistencia a los más necesitados y abandonados por el sistema dominante. Lo mismo que ha ‘prometido’ Javier Milei para Argentina.

Todo está perfectamente relacionado. Crecieron la pobreza y la pobreza extrema, y creció la violencia. Porque ésta es consecuencia de las anteriores. Y es allí donde el crímen organizado “trabaja” para sumar ‘soldados’, que no son otros que jóvenes sin futuro a los que convierte en sicarios.

Ecuador dejó de lado en sus gobiernos que sucedieron a Rafael Correa las inversiones públicas en obras, en educación y en salud. Porque para ellos había que “ajustar”, reducir “el déficit” y bajar “el gasto”. Lo mismo que prometía en campaña electoral en Argentina, Javier Milei.

Los responsables de dichas acciones en Ecuador son conocidos: Lenin Moreno y Guillermo Lasso. En Argentina lo fue Mauricio Macri y ha prometido profundizar, el ultraderechista Javier Milei.

En México y Colombia el crimen de políticos está incorporado a la vida de ellos. Lamentablemente está naturalizado. Ecuador se encargó ya de sumarlo, y se comprobó (la mentablemente) en la última campaña presidencial de este 2023. Fueron los casos del candidato a presidente Fernando Villavicencio; el alcalde de Manta, Agustín Intriago; Rinder Sánchez, candidato a diputado por la provincia de Esmeraldas); Omar Menéndez candidato a alcalde de Puerto López; Julio César Salinas Farachio, candidato a alcalde de Salinas; y el dirigente correísta Pedro Briones que murió en la provincia de Esmeraldas.

Pero debe recordarse que ya en el 2022 se habían iniciado los crímenes políticos, atacando a fiscales y jueces. En todos los casos a cargo de sicarios.

En Argentina se habían producido instrumentaciones, aprovechamientos de casos policiales –como los de María Soledad Morales en Catamarca y José L. Cabezas en Buenos Aires- para convertirlos en hechos políticos. Pero hubo un gravísimo intento de asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández, el primero de septiembre de 2022, que fracasó. No utilizaron sicarios, sino lúmpenes solventados ideológica y económicamente por personas de íntima confianza de Mauricio Macri.

Llamativamente ni la derecha, ni el neoliberalismo, ni los medios hegemónicos de comunicación le dieron la importancia que el hecho merece. Inclusive desde la propia justicia hasta el momento (un año después) no se ha avanzando nada. Uno de los que se 'desinteresó' del tema fue Milei (luego asociado y/o controlado por Macri); justamente un candidato presidencial al que se lo vincula con el 'apoyo' económico de parte de un cartel narco mexicano...

Estamos ante sucesos de gravedad institucional. Tanto en lo referido al atentado a Cristina como al avance del narcotráfico de manera escandalosa en las provincias. Es allí cuando uno mira hacia Ecuador y recuerda que el candidato presidencial Villavicencio fue asesinado pese a que poseía escolta policial. Lo que deja expuesto que existe ya un alto nivel de infiltración y connivencia entre la policía y el poder narco.

Estamos mal; y podemos estar aún mucho peor. Y no será con recetas de la DEA, ni de Washington como las sociedades de los países americanos podrán recomponerse y recuperar la paz. Porque quien creó la enfermedad, no puede ser proveedor del remedio...

El tema del narcotráfico debe ser abordado de manera integral y regional por los gobiernos; nunca en forma individual porque siempre se estará corriendo detrás del problema.

Tanto es así que mientras los políticos exponen y prometen, el narcotráfico suma ‘soldaditos’ día tras día con la ilusión de convertirse en “iguales”, en “poderosos”, en “ricos”, en “triunfadores”, cuando lo único que terminan siendo son distribuidores barriales o asesinos que finalizarán baleados o (con suerte) encarcelados.

Porque la pobreza y la extrema pobreza significan la existencia del abandono estatal. Quién esto promete solo busca consolidar un sistema social excluyente, cada vez más desigualitario, violento y hambreador.