SANTA FE-ARGENTINA  (por Esteban D’Arret, PrensaMare)  Maximiliano Pullaro fue el Ministro de Seguridad durante la gobernación del socialista Miguel Lifschitz (2015-2019). Su paso por dicha área fue deficiente por donde se la mire, con un gran avance del negocio y expansión narco.

Tras asumir Omar Perotti (diciembre 2019) trató de llevar adelante una lucha contra el crimen organizado, pero sufrió los embates desde los diferentes poderes delestado y –lógicamente- de los partidos políticos de (entonces) la oposición neoliberal y derechista y el poder comunicacional.

En esos 4 años de gobierno (2019-2023), uno de los principalísimos opositores que lideró el constante ataque a la política de seguridad de Perotti fue... Pullaro.

Los 4 años de ataques de la opisicón neoliberal y derechista con el acompañamiento del poder comunicacional desembocaron en el resultado electoral, donde Pullaro se impuso y asumió en este diciembre como nuevo gobernador santafesino.

A poco de andar, se produjo un ataque narco y amenazas al gobernador, que son –más allá de las diferencias ideológicas y metodológicas que uno pueda tener con él- repudiables desde todo punto de vista.

El tema inmediatamente “victimizó” a Pullaro que hasta los medios comunicacionales de Ciudad de Buenos Aires tomaron el tema, y exaltaron la lucha (¿?) que Pullaro comienza a llevar en contra de los narcos.

Por cierto que todo aparece como demasiado sospechoso. Casi se podría decir que pareciera un montaje. Donde –para peor- aparece luego, o casi inmediatamente, el Poder Legislativo accediendo a lo que Pullaro quería para comenzar a gobernar.

La Legislatura santafesina aprobó cuatro leyes (tres de ellas en materia de seguridad) reclamadas por Pullaro. Ellas son:

·         La emergencia en seguridad pública

·         La emergencia hídrica

·         La adhesión a la ley nacional que desfederaliza la persecusión penal del narcomenudeo y

·         La regulación de gastos reservados para investigaciones criminales complejas.

De lo precitado se puede decir que la ley de narcomenudeo, no es más que una herramienta peligrosísima. Porque de esta forma, las fuerzas policiales dispondrán de una herramienta sin límites (¡), para presionar, amenazar y/o extorsionar a quienes ellos deseen. O lo que es lo mismo –en otras palabras- una “herramienta” para generar inmediatos y frescos ingresos dinerarios a través de la corrupción.

Porque con esta aprobación, le permite a la Justicia y las fuerzas de seguridad provincial involucrarse en las investigaciones ligadas al narcomenudeo; como así también, desmantelar los sitios de venta de drogas en pequeñas cantidades (lo que también puede servir para liberar territorios, para que los ocupen otros grupos narcos...).

Para los radicales en el gobierno esta ley los responsables del narcomenudeo van a ser perseguidos por la policía y la justicia provinciales, mientras que a las grandes bandas narcos las continuará tratando la justicia Federal.

En tanto -además- que los sitios de detención pueden llegar a abarrotarse de ‘perejiles’ del negocio, mientras los peces gordos realizan inversiones inmobiliarias, controlan financieras y mutuales, construyen countryes y edificios...

A la par de dicha ley se aprobó otra (de emergencia en seguridad), que permite sumar recursos al combate contra el delito. Destacando los gobernantes que ello posibilitará comprar equipamiento de vehículos y efectuar reparación de otros con desperfectos.

Acaso el Estado provincial no disponía de herramientas administrativas para tales compras y reparaciones...?

O es que el objetivo –bajo la excusa de la ‘agilización’- lo que en realidad se busca es manejar dineros de los contribuyentes sin demasiados controles...?

En forma general...

Todos los bloques acompañaron las iniciativas enviadas a la Legislatura. La única que recibió objeciones fue la ley de narcomenudeo, en la Cámara de Diputados. Los legisladores del peronismo se abstuvieron de votarla, y el Frente Social y Popular votó en contra.

La diputada del Movimiento Evita, Lucila De Ponti, señaló: “Entendíamos que esto requería un mayor nivel de debate y análisis y que no están sobre la mesa los indicadores que, de manera taxativa, nos habiliten a pensar que esto va a tener éxito”.

Las otras provincias que ya pusieron en marcha este mecanismo son: Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El radical Fabián Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, sostuvo que en las provincias donde adhirieron a la normativa se incrementó “la visión punitivista” del tema, y sin demasiados resultados concretos. “Poco se ha avanzado en la captura y la disposición a la Justicia de los responsables del narcotráfico y la inclusión de distintas drogas ilícitas en el territorio de cada una de esas provincias”.

El riesgo de esta dividir el tratamiento del tema entre dos justicias, lleva a que se fragmente la investigación, y es allí donde se benefician lso podrosos grupos narcos.

También sostuvo Oliver que: “Hasta que no se depure la policía de la provincia de Santa Fe, y se corte con los nichos de corrupción, esto va a ser un gran negocio para la policía. En realidad, va a ser un incremento de la tarifa que cobran para proteger a estas bandas que generalmente son narcopoliciales, justamente por la participación de miembros de la fuerza de seguridad en distintos ilícitos que cometen estas bandas”.