CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA (PrensaMare)  Se conoció que una cerealera deberá pagar una ínfima multa de u$s 2 millones por evadir casi... 700 millones (¡).

Díaz y Forti SA, que operaba las plantas de Vicentin en 2020-2021, exportó durante un año sin liquidar las divisas, que ingresaban por vía paralela. Se hizo una investigación y se le aplicó una sanción monetaria que constituye una verdadera burla.

Se trata del fallo del...

Juzgado Federal de Rosario que condena a la firma cerealera Díaz y Forti SA por la no liquidación de las divisas provenientes de las exportaciones.

La investigación determinó que entre mayo de 2020 y mayo de 2021, la firma realizó exportaciones que no liquidó ante el Banco Central (BCRA) por casi 700 millones de dólares. Por testimonio de los propios responsables, gran parte de ese monto ingresó por la vía alternativa del "contado con liquidación", obteniendo así un ingreso extra pero de forma ilegal.

La condena judicial no obliga a Díaz y Forti a reponer al BCRA los dólares no ingresados (¿?). Simplemente la obliga a hacer frente a la multa fijada por el juez que representa menos del 0,3% del valor de las operaciones de exportación evadidas.

Casi se podría decir que la cerealera ha sido ‘premiada’por su acción evasora.

Díaz y Forti no es una empresa...

Que pertenezca al núcleo de las grandes cerealeras. Se trata de una acopiadora y exportadora nacida en Puerto Barranqueras (Chaco), en enero de 2015 como empresa familiar.

Pero su ‘gran salto’ lo alcanza a partir del 2020 cuando hace un contrato "de fasón" con la concursada Vicentin SAIC, para utilizar sus instalaciones de molienda y embarque (plantas procesadoras y puertos) a cambio de un canon o alquiler.

Fue así que pasó a ocupar en ese año el lugar como exportador que hasta 2019 ocupaba Vicentin (como una de las mayores exportadoras de harinas y aceites del país).

A las pocas semanas de iniciar esa nueva etapa –en mayo de 2020- (Vicentin había entrado en concurso preventivo en febrero), la nueva cerealera descubrió que si en vez de liquidar los dólares resultantes de las exportaciones por el mercado oficial de cambios, los retenía en el exterior o los ingresaba por el CCL, obtendría una ganancia extra de prácticamente el 100%.

Fue así que con esta práctica...

De evasión a la ley penal cambiaria, Díaz y Forti SA sumó operaciones de exportación no liquidadas oficialmente por una suma de 691.066.035 millones de dólares (entre el 4-5-2020 y el 12-5-2021) en apenas un año.

La maniobra continuó efectuánose hasta que desde el BCRA la detecta, y determinó la suspensión de su inscripción como exportador y el pedido de inhibición a la Aduana (para que no se le autorizaran las solicitudes de embarque).

El BCRA establece la obligación de los exportadores de liquidar las divisas a través de la autoridad monetaria y al valor del dólar oficial. Cualquier desvío de esa norma es considerada un delito ante la ley penal cambiara (equivalente al contrabando).

Pero además, si estas irregularidades...

Se cometieron entre mayo de 2020 y mayo de 2021, afectaron el ingreso de divisas en una etapa dura de la economía, sobre todo en relación al sector externo. Eran tiempos iniciales del gobierno de Alberto Fernández y el período en el cual se planteó la renegociación de la deuda externa, primero con acreedores privados (fondos especulativos) y luego con el FMI.

La falta de divisas en las reservas colocaba en posición desventajosa al equipo económico (que conducía el Ministro de Economía Martín Guzmán) y se advertía ya por entonces que la fuga de dólares no se había detenido.

Tiempos en que se conocía el caso Vicentin con una forma de operar que posibilitaba la fuga. Ya existía la sospecha en torno a que Vicentin (pese a estar inhibida por el concurso preventivo), seguía operando a través de terceros. Como también que el comercio de granos salía por los puertos privados del Paraná, con sospecha de triangulación y subfacturación de exportaciones.

Díaz y Forti, con 690 millones de dólares no liquidados en un año, se constituyó en uno de los principalísimo fugadores de esos tiempos.

La responsabilidad penal cambiaria fue tanto de la firma Díaz y Forti SA, como de su presidente (como ejecutor de las maniobras), Marcelo de Vicentis.

Lo interesante de todo ello...

Es que el asesor letrado era el abogado (defensor durante todo el proceso) Mariano Cúneo Libarona... El cual ‘renunció a la defensa el 11 de diciembre de 2023´; o sea: el día que asumió como Ministro de Justicia de Javier Milei.

Lo increíble de todo –por si fuera poco- es que entre los ‘argumentos’ de la defensa, presentados por De Vicentis como responsable principal y en nombre de la empresa que preside (que reconoce los hechos denunciados), pidió el sobreseimiento personal y a la empresa, cuestionando la constitucionalidad del trámite procesal previsto en la ley penal cambiaria, sosteniendo que... "no se respeta el derecho de defensa en juicio" (¿?).

Dicho planteo fue desestimado por el juez. Tras ello, De Vicentis en su descargo reconoce el incumplimiento de las normas cambiarias, pero aduce que "la conducta reprochada se encuentra amparada en una causa de justificación que excluye la antijuricidad" (¿?).

"Concretamente refiere que la omisión de liquidar las divisas originadas en las exportaciones obedeció exclusivamente a la acuciante y crítica situación de necesidad suscitada durante el ejercicio 2020", relata el juez en su fallo.

Agregando que el imputado "expresó que la sociedad se enfrentaba ante la disyuntiva de liquidar las divisas en el mercado único de cambios (refiriendo que ello hubiera implica por razones económicas y matemáticas su cesación de pagos y un perjuicio irreparable para cientos de personas) o aplicar parte de los fondos al pago de deudas vencidos contraídas en el exterior, y a la par, recurrir a métodos alternativos para ingresarlo a la empresa. Y con ello, atender a sus necesidades mas basicas" (¿?).

Es así que con total descaro...

La cerealera exportadora imputada por evasión y fuga, pretende presentarse como una víctima que delinque por no tener otra salida (¿?).

El juez responde en su fallo que "no se aprecia una prueba inequívoca que confirme que la liquidación de las exportaciones a través del mercado oficial hubiera conllevado linealmente a la cesación de pagos o a la quiebra de la firma". En consecuencia, "corresponde desechar la causal de justificación por el estado de necesidad" para incumplir las obligaciones penales.

Lo llamativo es que el juez...

Vera Barros al disponer la multa toma toda una serie de consideraciones para reducir la pena que hubiera correspondido: hasta diez veces la suma de las operaciones en infracción. En este caso, el techo sería de 6.900 millones de dólares.

Es así que el magistrado expone en el fallo que "la reiteración de la comisión de las mismas infracciones por un período prolongado de tiempo" (constituye un agravante), y considera que la firma entró en concurso preventivo poco después de verse obligada a dejar de operar por las irregularidades cometidas. Por ello, "La sanción a imponerse debe ser prudente y no representar un sello de muerte para su continuidad" (¿?).

De allí que a quien evadió y perjudicó al BCRA y a los ciudadanos argentinos en más de 690 millones de dólares se le debe exigir el pago de una multa de (apenas) 2 millones de la misma moneda.

No habrá que pedirle perdón a estos evasores...?

No habrá que felicitar al magistrado por la defensa de los intereses de los argentinos...?