LA HABANA-CUBA  (por Tony López R.)  Al iniciar a escribir esta tercera parte de mis artículos, mis fuentes en Cali, me acaban de informar que, a la 0.100 de la madruga de hoy 17 de mayo, la policía política y antidisturbios (ESMAD) inicio un fuerte ataque armado en el punto La Estancia, en Yumbo, municipio del departamento del Valle del Cauca, cumpliendo la orden del dictador Iván Duque Márquez. 

El colega y abogado Luis Alfonso Mena, hace un llamado urgente a denunciar la brutal   arremetida del ESMAD, que ya ha causado tres jóvenes muertos y una veintena de heridos, algunos de gravedad.  A las 11 de la mañana, el congresista Alexander López, denunció en su Tuitter, que, al hospital de Yumbo, estaban llegando decenas y decenas de heridos, víctimas de la fuerza pública.

Por otra parte, también se denuncia el asesinato de Cristian Torres Cifuentes, líder del Comité de Paro en el municipio de Leiva, departamento de Nariño. Mientras que las cifras de muertos extraoficialmente, están en el orden de más de 50 ciudadanos colombianos.

Desgarradora ha sido la historia de violencia de este hermano país el que ha sido sometido este noble y querido pueblo por las ambiciones de una oligarquía basada en sus grandes y portentosas fortunas, una buena parte de ellas producto de graves ilegalidades. Una clase política y unas Fuerzas Militares y de Policía subordinadas a esta oligarquía. Esta afirmación podemos demostrarla, citando solo algunos y muy significativos hechos y que la historia los ha recogido, pero la Justicia los ha ignorado.

En 1978 al culminar su mandato, el presidente Alfonso López Michelsen, entrega la presidencia a un liberal de derecha Julio César Turbay Ayala gobierno de nefastas consecuencias y recordación en política interna al instaurar en el país el llamado “Estatuto de Seguridad Nacional” que originó la persecución, tortura y muerte de cientos de líderes populares, sindicalistas, políticos de izquierda, especialmente del Partido Comunista. 

En la década del 80 los gobiernos de Julio César Turbay Ayala, Belisario Betancourt y Virgilio Barco, tuvieron varios ejes políticos, sociales, militares y económicos que afrontar en medio de una grave crisis interna al convertirse Colombia en unos de los principales productores y exportadores de cocaína y mariguana a los Estados Unidos lo que significó una abierta guerra terrorista interna, especialmente del Cartel de Medellín contra el Estado en los años ochenta.

En ese periodo la violación de los Derechos Humanos y la conformación de grupos paramilitares en el Magdalena Medio, apoyados por sectores de las Fuerzas Militares que se arropaban en el Estatuto de Seguridad Nacional, dieron pasos a una oscura noche que se utilizó para desarrollar una política de exterminio con total impunidad contra el movimiento, social, democrático, progresista y revolucionario colombiano.

Esa década del 80, estuvo caracterizada por el accionar del movimiento revolucionario insurreccional, especialmente el M-19 que llevaron a cabo dos acciones que estremecieron la sociedad colombiana: la toma de la embajada de la República Dominicana y el Asalto al Palacio de Justicia. La primera acción puso en jaque al gobierno de Turbay Ayala, sólo la intervención solidaria y con el propósito de evitar una tragedia, el gobierno cubano y su líder Fidel Castro Ruz, a petición del gobierno colombiano y del M-19 medió para solucionar pacíficamente dicha acción. 

Imposible dejar de referir lo que vino después, cuando en el gobierno de Belisario Betancourt, en 1984, por iniciativa y propuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Partido Comunista, se planteó una negociación con el gobierno que dio paso a las conversaciones de paz teniendo como sede el municipio de La Uribe, departamento del Meta.  Dichas conversaciones lograron Acuerdos y una tregua, entre ellos la legalización y la fundación en marzo de 1985 de la Unión Patriótica, (UP) de carácter amplio e incluyente, cuyo objetivo era trabajar electoralmente para llevar un candidato presidencial en las elecciones de 1986.

En ese escenario el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mantiene una cercana relación con A Luchar, una organización política y de masas, fundada en Medellín, en 1984, pero sin estar comprometida en la lucha armada, que había logrado fuerza e influencia también enfrascados en el trabajo electoral.  El EPL (Ejército Popular de Liberación) lanza su Frente Popular con igual intención democrática y electoral.

La unidad que se había logrado entre la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente Popular y el apoyo y simpatía que estaban conquistando en la población, alarmó a la oligarquía, más el hecho de que se había creado la Coordinadora Guerrillera “Simón Bolivar”, prendió las alarmas en la oligarquía.

El 6 de noviembre de 1985 el Movimiento M-19, se tomó militarmente el Palacio de Justicia, su reclamo estaba motivado por llevar a un juicio político al presidente Belisario Betancourt, por los incumplimientos de los Acuerdos de La Uribe, entre ellos la violación por las FF.MM de la tregua pactada.  A esos efectos solicitaban la presencia del presidente o de un representante.

Distinta fue la solución, esta vez no fue el dialogo, fue la toma del Palacio de Justicia que provocó una verdadera masacre. Las Fuerzas Militares, sin agotar las posibilidades del dialogó, decidieron combatir al comando del M-19 y atacar militarmente el Palacio de Justicia. El asalto al Palacio de Justicia, fue el argumento para acabar con la unidad alcanzado entre la Unión Patriótica, Al Luchar y el frente Popular, electoralmente era un peligro y podía quebrar el poder bipartidista y oligárquico liberal conservador.

¿Porque esa decisión absolutamente irracional?   Cuando el Alto Mando sabía que tendría un alto costo en vidas inocentes y hoy a 30 años de ese genocidio se inscribe jurídicamente en un Crimen de Lesa Humanidad. La respuesta es sencilla, había que evitar que tomara fuerza los acuerdos de La Uribe y esa acción impedía que el poder oligárquico en Colombia, también penetrado por el narcotráfico tomara vuelo y se convirtiera en un obstáculo a sus intereses.

Nadie se imaginaba que los militares utilizaran tanques de guerra para tumbar las puertas de acero del Palacio, hicieran disparos con sus cañones y que con esta bárbara acción produjeran un incendió en el interior, que finalmente llevo a más de ciento veinte muertes de las personas que estaban en dicho lugar incluyendo Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Abogados, personal de las Cortes y del Consejo de Estado y guerrilleros y personal de cafetería.

Y mucho menos que la decisión de este alevoso ataque, fuera tomada por los militares, cuando el presidente Betancourt planteaba que no se fuera a poner en peligro a ningún personal retenido en el Palacio.  De ahí que muchos han escrito sobre el tema y señalan que hubo un Golpe Militar en el periodo de las 28 horas que duro la toma del Palacio.

Pero estos hechos dieron lugar a lo que vendría después, Una vez más, la derecha oligárquica, con el absoluto apoyo de las Fuerzas Militares, iniciaron una ofensiva violenta contra este movimiento popular, que tuvo un costo de más de 5000 mil, líderes y militantes asesinados de la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente Popular.  Una masacre que a 31 años de ejecutadas espera por que se aplique la justicia colombiana y también esperan por la CIDH.

Se aprecia que las Fuerzas Militares colombianas, a diferencias de los militares en otras naciones, que su misión es cuidar fronteras afuera, las colombianas están para cuidar fronteras adentro y utilizarlas contra el pueblo y defender las riquezas y el patrimonio de la oligarquía y las transnacionales gringas y europeas. 

Esperemos que en el dialogo de hoy 17 de mayo,  entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, puedan llegar a un acuerdo, que permita una salida pacífica y que el gobierno ponga fin a la represión, se castigue a los militares y policías que han cometidos graves delitos causantes de la muerte de más de 50 personas y de cientos de heridos y desaparecidos, así como castigar ejemplarmente a los  que han ejecutado violaciones sexuales contra jóvenes estudiantes y retirar las propuesta de leyes que atenta contra los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los pueblos de América Latina y el Caribe, Europa, Estados Unidos, China, Rusia, están condenando las gravísimas violaciones a los derechos humanos y civiles de la población colombiana.  Esperemos que la ONU, OEA, la señora Michael Bachelet y Luis Almagro condenen la barbarie que comete el gobierno de Iván Duque, cuyo desenlace y decisiones pueden ser peligrosa e imprevisible.

(Tony López R., Periodista, politólogo y analista internacional).