LA PAZ-BOLIVIA  (PrensaMare)  Para ser diferente no alcanzan las palabras; deben existir los hechos. Y el actual gobierno boliviano así lo ha hecho.

Mostrando diferencias con la dictadura anterior en materia económica, sus actuales autoridades decidieron devolver al Fondo Monetario Internacional (FMI) un millonario crédito contraído por el gobierno de facto en 2020.

El Banco Central de Bolivia (BCB) argumentó que el préstamo de 346,7 millones de dólares era "oneroso" y fue "gestionado irregularmente" por el régimen de Jeanine Áñez. Por otra, se analiza iniciar un juicio de responsabilidades contra Áñez por sus negociaciones con el FMI.

"El BCB como agente financiero del gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351,5 millones de dólares estadounidenses", señaló en un comunicado. El préstamo "generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado Boliviano, que a febrero de 2021 suman 24,3 millones de dólares", agregó el BCB.

El Banco pagó 351,5 millones de dólares, de los cuales 346,7 millones corresponden al capital de la deuda y los 4,7 millones de dólares restantes a intereses y comisiones. Este crédito había condicionado con imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias, "vulnerando de esa manera la soberanía e intereses económicos del país".

Tras tomar el crédito, las autoridades de facto remitieron al Parlamento una ley para lograr su aprobación. Sin embargo, el Congreso (con mayoría del Movimiento Al Socialismo, MAS) lo rechazó argumentando que el gobierno interino no adjuntó toda la documentación necesaria sobre el contrato de crédito, las condiciones de financiamiento, las garantías y si el Estado estaba en la capacidad de endeudamiento y de pago.