LA PLATA-ARGENTINA (PrensaMare)  La política de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal ha recibido una mala noticia. Porque la Justicia le enviado un claro mensaje.

La Cámara Nacional Electoral confirmó una resolución del juez electoral Alejo Ramos Padilla que había reprobado la rendición de cuentas sobre gastos de campaña hechos por Cambiemos (fue en las primarias de las legislativas de 2017).

Se trata de la causa conocida como “los aportantes truchos”, que salió a la luz en 2018, cuando Vidal era gobernadora bonaerense y presidenta del PRO en dicho territorio.

Tras una investigación...

Del periodista Juan Amorin y una denuncia judicial de Teresa García (actual presidenta del bloque oficialista de senadores en la Provincia), quedó en evidencia que Cambiemos usó presuntos aportantes que no estaban en condiciones económicas de entregar las sumas que figuraban en los registros.

Otros ni siquiera habían hecho aporte alguno. Sus datos personales fueron utilizados sin permiso. El periodista Amorin detectó 800 identidades coincidentes con beneficiarios de planes de Anses.

Se estaba ante una gran estafa y lavado de dinero.

A ello se agregó las actividades de quien era la tesorera del PRO, María Fernanda Inza (responsable de los aportes de campaña). Vidal la promovió, además, como contadora general de la Provincia, un cargo clave de asesoramiento y control interno. Pero ella apenas permaneció en el puesto una semana... Vidal y el PRO necesitaban un “fusible”, y la hicieron ‘saltar’. Pretendieron que con ella se ‘solucionara’ el tema y quedara en la nada.

Inicialmente intervino el juez Federal de La Plata Ernesto Kreplak (que subrogaba el juzgado, vacante en ese momento); después tomó la causa Ramos Padilla, en funciones desde 2021.

Ahora, la Cámara...

Decidió que sigan adelante “las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Nacional Electoral”.

Ramos Padilla concluyó que la rendición tenía irregularidades y elevó el expediente a la Cámara Nacional Electoral, que dio por válidos sus reparos. Ahora le devuelve los papeles para que investigue la posible comisión de delitos penales.

Padilla había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la alianza Cambiemos Buenos Aires para la elección primaria del 13-8-2017, correspondientes a las categorías de diputados nacionales y senadores nacionales. Y sancionó a los partidos de Cambiemos con multas. Así, los pagos debían ser:

·         PRO: $ 3.246.965,53

·         UCR: $ 990.599,65

·         Coalición Cívica: $ 990.599,65.

También se dispuso de multas menores para:

·         Partido Demócrata Progresista

·         Partido Conservador Popular

·         Partido Demócrata

·         Unión del Centro Democrático

·         Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social

·         Partido Fe

·         Partido del Diálogo y

·         Movimiento Social por la República.

La desaprobación obedeció a “las numerosas irregularidades vinculadas a los aportantes privados”. Entre los puntos tomados en cuenta por la Cámara, se encontraron:

·         “personas que negaron realizar el aporte que la agrupación había informado”

·         Se logró el testimonio de 98 personas que negaron haber hecho aportes

·         De ellas “47 denunciaron penalmente su aparición como aportantes de campaña… y las 49 restantes... 19 recibía planes sociales (de ellas solo 2 reconocieron haber efectuado aportes)

·         Ratificó la pesquisa sobre monotributistas cuyo aporte “excedía el límite de facturación mensual promedio”.

También recuerda el fallo, que Cambiemos elevó al juzgado rectificaciones de los listados de aportantes, pero no justificó por qué en ellas le resultaba necesario excluir a 1.500 aportantes y sumar otros 322 (¿?). Este último grupo carecía de recibos.

Indicando que aceptar esa maniobra habría significado sentar un precedente: El hacer aparecer nuevas personas como aportantes y excluir a las que “erróneamente se excluyeron”. Sería una violación del espíritu de la ley.

Además de la investigación de Padilla, existió la intervención de un “perito auditor”. Destacando que en su momento, “los apelantes no aportan elementos válidos” contra la resolución de Ramos Padilla.

La transparencia sirve a los votantes, según el fallo, no solo para saber si pudo haber algún acto de corrupción sino “para conocer los intereses con los que (un candidato) se identifica y detectar cualquier favor post-electoral a cambio”.

La Cámara ratificó las conclusiones de Ramos Padilla cuando dijo que “la agrupación no subsanó las observaciones formuladas respecto a los gastos de propaganda en la vía pública y en internet, atento a que no efectuó comentarios ni acompañó información detallada de las pautas publicitarias ni medios contratados”.