CÓRDOBA-ARGENTINA (por Juan Carlos Giuliani, CTA A) Las tres inconsistencias del plan económico.
La gestión de Javier Milei ¿es pragmática o ideológica? La pregunta es parte de los debates que a menudo circulan cuando desde distintos ámbitos se analizan las medidas y propuestas legislativas que se van modificando con el correr de los días.
Sin embargo, recientemente un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) plantea que se trata de un falso debate, y que el método para analizar y evaluar la gestión de gobierno en este período “consiste en identificar las principales medidas tomadas y sus resultados”.
Embarcados en ese análisis, los especialistas Rubén Ciani, Jaime Farji, Horacio Fernández, Walter González, Agustina Haimovich, Alejando López Mieres, Claudio Lozano, Ariel Pennisi, Tomás Raffo, Javier Rameri, Ana Rameri, Mariana Rivolta y Martín Schorr encontraron tres inconsistencias del plan económico Milei-Caputo.
1. La inconsistencia entre las medidas fiscales y el objetivo de lograr el equilibrio o el superávit presupuestario.
2. La inconsistencia entre las medidas monetarias y cambiarias y el objetivo de lograr la estabilidad del tipo de cambio.
3. La inconsistencia entre todas las medidas y el objetivo de lograr gobernabilidad en las instituciones y contener la conflictividad social.
Inconsistencia fiscal
Para el Gobierno, bajar la inflación es condición necesaria para el éxito de su gestión, y considera que la causa de la inflación es el déficit fiscal. Por lo tanto, “el objetivo excluyente de la política antiinflacionaria es eliminar el déficit fiscal”, sintetizan en el IPyPP.
Desde una perspectiva estática (sin considerar el paso del tiempo) el instrumento elegido se ha dado en llamar “la motosierra”: la reducción del gasto público.
Desde una perspectiva dinámica (considerando el paso del tiempo) el instrumento elegido se ha dado en llamar “la licuadora”: continuar con la ejecución de los gastos que no se pueden eliminar, pero asegurando que el aumento de las partidas sea significativamente inferior a la inflación.
Ahora bien: Si todo lo demás permaneciera constante, el recorte y la licuación del gasto conducirían a la disminución del déficit. “Pero nada permanece constante”, advierten los economistas.
En efecto, estas medidas provocaron la caída del consumo interno, la disminución de las ventas de bienes y servicios, la paralización de la actividad económica en numerosos sectores productivos, la destrucción de puestos de trabajo y la caída del salario real.
En consecuencia, aquella parte de los ingresos públicos que está ligada al consumo interno y a la actividad económica también se ha resentido, afectando a ingresos que aportan una parte significativa del total de la recaudación (IVA, recursos de la Seguridad Social, ingresos en concepto de aranceles ante la caída de las importaciones, etc.).
“La inconsistencia fiscal más evidente consiste en la imposibilidad de sostener una meta de déficit cero en un contexto de derrumbe de la actividad económica, especialmente, cuando la estructura tributaria es de carácter procíclico, como la vigente”.
En otras palabras, si bien el Gobierno ha exhibido un superávit primario y financiero, ya que los gastos cayeron más que los ingresos, esa foto no podrá repetirse cuando se proyecte una película.
“Los superávits conseguidos en los primeros 150 días de gestión fueron producto de la ‘motosierra’ y la ‘licuadora’ pero también de postergaciones de pagos que indefectiblemente tendrán que hacerse en el corto plazo -plantean desde el IPyPP–. Además, debe tenerse presente que los efectos de la caída de la actividad económica sobre los ingresos públicos perdurarán en el tiempo, mientras que la reducción y licuación de gastos tenderá a decrecer ante el agotamiento de sus fuentes: no se puede reducir lo que ya no existe”.
Inconsistencia cambiaria
La decisión insólita del Gobierno de haber producido una maxi devaluación –una de las más importantes de los últimos 50 años– al tiempo que desreguló los controles de precios en los mercados más concentrados tuvo como consecuencia un brutal salto inflacionario presentado como el “costo” a pagar “por única vez” por toda la sociedad.
Ello permitió la maximización de la rentabilidad en dólares de los principales oligopolios que, en el marco del crawling peg (devaluación administrada) del 2%, terminó por revertir el objetivo inicial hasta convertirlo en un atraso cambiario e inflación en dólares.
He aquí la segunda inconsistencia: “La devaluación, la posterior ancla cambiaria y la escalonada pero persistente baja de las tasas de interés (…) funcionaron como inductor para ir reduciendo los pases pasivos y colocar deuda del Tesoro (indexada a inflación o a tipo de cambio oficial) a una mayor duración e incluso a tasas negativas –explican desde el IPyPP–. Esa inducción permitió que las colocaciones del Tesoro fueran muy demandadas y con un alto financiamiento neto positivo. Esos fondos excedentes se utilizaron para recomprar títulos públicos en poder del Banco Central (…). Ante la potencial licuación de los depósitos en pesos, los fondos de inversión suscriben títulos a mediano y largo plazo y con tasas negativas. Ésta ha sido la clave que permitió sostener el superávit financiero, pero que se transforma en una gigante bomba de tiempo dado que prácticamente toda la deuda en pesos de la Administración Pública Nacional está indexada a inflación o al tipo de cambio oficial”.
El Gobierno busca así sanear las cuentas del BCRA incrementando la deuda del Tesoro Nacional. Pero para poder llevar adelante esta estrategia, los bonos públicos cuentan con un puts (o seguros de liquidez) que representan una deuda latente para el BCRA. Pero los economistas advierten: “Si cambia el humor del mercado, los bancos y los tenedores de los títulos pueden deshacerse inmediatamente de estos contra emisión del BCRA con lo cual la meta principal del Gobierno sobre la autoridad monetaria también pende de un hilo”.
En el mismo sentido, para lograr la estabilidad del nuevo tipo de cambio el Gobierno debió también aumentar el stock de divisas en poder del Banco Central. Y, contrariamente a lo que su doctrina recomienda, no desarmó el “cepo”.
También aumentó el endeudamiento en pesos con acreedores privados y en dólares (BOPREAL), que impactará tanto sobre el gasto público como sobre la demanda de moneda extranjera en ejercicios futuros, pero alivió la carga de este ejercicio. En otras palabras, pateó la pelota para adelante.
“Con este panorama, no parece realista suponer que el Gobierno pueda llegar a fin de año sin disponer una nueva devaluación para corregir el atraso. Sólo un nuevo salto en el endeudamiento público externo, que hipotecaría los presupuestos futuros, o una extraordinaria liquidación de divisas, improbable sin corregir el atraso cambiario advertido, podrían evitar este desenlace”, vaticinan en el informe.
Inconsistencia en la gobernabilidad
El ajuste fiscal afecta gravemente al conjunto de las provincias y la gobernabilidad de éstas. Pero desde el IPyPP señalan que la relación con los gobernadores no sólo está atravesada por la cuestión fiscal, sino también por la relación de los gobiernos provinciales con las principales corporaciones nacionales y extranjeras que operan en los territorios. Hablamos del sector minero, petrolero y gasífero.
Otras medidas, como el cierre de organismos públicos, la suspensión de las transferencias a las Universidades Nacionales, y la licuación de los sueldos de los trabajadores y de los haberes de los jubilados y pensionados deterioran las condiciones de vida de sectores sociales muy importantes y amenazan con destruir instituciones que están muy instaladas en la conciencia colectiva de la sociedad.
El rechazo del DNU 70/23 por el Senado y la marcha atrás de la Ley Ómnibus original en Diputados, son batallas perdidas por el gobierno, lo que pone de manifiesto su debilidad institucional. “Aunque puede ganar las próximas batallas, impedir el rechazo del DNU en Diputados y lograr la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la reducida representación parlamentaria del Gobierno continuará siendo un problema, al menos, hasta la elección de medio término”, plantean los analistas.
El límite es la realidad: Los gobernadores no pueden gobernar sus distritos sin algún acuerdo con el gobierno nacional, que les permita recuperar recursos a cambio de las leyes que piden.
“La agresión a los/las trabajadores/as tiene el rechazo de las organizaciones sindicales con capacidad de organización suficiente como para ocupar las calles. Aunque, por otro lado, una parte importante de éstas son cuestionadas por la sociedad y sus propias bases, aspecto que aprovecha el Gobierno para deslegitimar la defensa de los intereses de las mayorías en general”, consideran desde el Instituto.
Luego agregan: “La conflictividad social latente y en ascenso puede generar dos caminos con final abierto, que se profundice la resistencia social y ello permita alumbrar nuevas perspectivas, o bien, que se organice más consistentemente el espacio social del anarcocapitalismo. Son extremos, no excluyentes del escenario por venir”.
