BARCELONA-ESPAÑA (por Adalí Moriente, PrensaMare) Bruselas pone un límite de 15.000 millones al gasto de las Administraciones en 2023. Ante ello, la realidad es que España no cumplirá las reglas fiscales.
Está confirmado y es irreversible que España aumentará su gasto público. Lo hará a causa de:
- Los compromisos asumidos con la OTAN
- La revalorización de las pensiones
- El sueldo de los funcionarios
- Los intereses derivados de otras partidas.
Se trata de una suma que será concretamente, de 16.585 millones de euros. Con lo cual las autoridades incumplirán los límites y ‘recomendaciones’ del Consejo Europeo establecidos el 18 de junio.
En esa fecha tan fresca y reciente la UE establece no sobrepasar el crecimiento potencial de la producción a medio plazo (media de 10 años), en el 2,5 %; es decir, 15.000 millones.
Las causas para este incumplimiento está en que las pensiones está indexada a la inflación;a ello se agrega el aumento de los salrios de los funcionarios; también el aumento de gastos en materia de defensa (Pedro Sánchez decidió subir hasta un 2% del PIB su gasto otantista); y –lógicamente- los pagos de intereses, que llegan a 605 millones de euros.
Es así que sintetizando, se arriba a los 16.580 millones de euros, cuando la deuda de España alcanza el 117,7% del PIB (dato del Banco de España).
Es bueno citar que...
El 6 de octubre de 2020, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó la suspensión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de los subsectores.
A la vez que informaba a la UE en Bruselas que el déficit público establecido en el Plan de Estabilidad determinaba un compromiso de déficit del 5% (para 2022), del 3,9% (para 2023), del 3,3% (para 2024), e inferior al 3% -como exige la cláusula- (para el año 2025).
La Comisión ha solicitado a España que preste especial atención a la composición de sus finanzas públicas, para garantizar una recuperación sostenible e integradora.
