Vie. 24. May 2024, Santa Fe - Argentina
Opinión

PERÚ: YAWAR MAYU (Jesus E.T. Gómez)

PERÚ: YAWAR MAYU (Jesus E.T. Gómez)

LIMA-PERÚ (por Jesus Enrique Tinoco Gómez)  La traducción literal es Rio de Sangre, pero en la cultura andina suele referirse “al al estado de un río en crecida, cargado de lodo, […] expresión que da cuenta del río en su mayor potencia. Precisa que el agua negra, como símbolo, remite a la potencia vital, ánimo o kama, aquello que discurre como soporte de todas las formas de vida”, como lo explica Zenón Depaz Torero (La cosmovisión andina en el Manuscrito de Huarochirí. Lima, 2015); es decir las aguas que bajan cargadas de humus y fertilizan las tierras por donde pasan, en este caso incluyendo todo el aspecto social y cultural.

La coyuntura peruana actual se encaja en esta descripción; como mencionamos en el documento anterior (Perú: ¿Cómo llegamos aquí? 17 de  diciembre de 2022) el problema central de identidad continúa en la base de  nuestros problemas; nos remitimos en la ocasión a una asertiva de José Carlos  Mariátegui: “El pecado original de la república fue que nació sin los indios y  contra los indios”. Otros pensadores peruanos han profundizaron el tema, entre  ellos Luis Guillermo Lumbreras, Rodrigo Montoya, Anibal Quijano; resumiendo:  en 1821 el Perú se independizó de la administración española, pero no se  descolonizó; el Perú se organizó siguiendo el modelo europeo: Poder Ejecutivo,   Poder Legislativo y Poder Judicial, excluyendo de ese esquema a los nativos;  es decir, un orden donde solo había cabida para los criollos y mestizos  hispanohablantes; esa relación vuelve a mostrar síntomas de cambio  significativos desde la década de los 60 del siglo pasado, según explica Rodrigo Montoya en reciente entrevista de Modesto Montoya (https://youtu.be/2PteODI4cuc ).

Siguiendo el análisis de Rodrigo Montoya, con base en sus estudios históricos  y antropológicos; después de la rebelión de Tupac Amaru y los Katari, recién  en los años 1960 las comunidades quechuas y aymaras del sur del Perú concretizan una rebelión política de alcance regional donde el eje de la  movilización fueron las reivindicaciones por la tierra, alcanzando liquidar la  servidumbre que el corte colonial de las haciendas mantenían, movimiento que  provocaría profundas modificaciones a nivel nacional; el segundo movimiento  de significación será en los años 2008 y 2009 cuando las comunidades amazónicas Awajum y Wampis encaran al gobierno presidido por Alan García  sobre el tema de la gestión territorial, situación donde Alan Garcia llevó el  menosprecio y la discriminación a llamarlos explícitamente de ciudadanos de  segunda clase y que tendría su ápice critico en el luctuoso “baguazo”, a partir  de cuándo las relaciones entre el gobierno y las comunidades Awajun y  Wampis se modificaron y continúan siendo ajustadas.

En 2021, con treinta años de modelo neoliberal implantados, las crisis políticas  se habían hecho recurrentes y frecuentes; a tal punto que en los últimos cinco  años hubieron siete (05) presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra,  Mercedes Araoz, Manuel Merino, Francisco Sagasti; es decir en una situación  de crisis que no es nueva, se elige Pedro Castillo, teniendo como  vicepresidente a Dina Boluarte, en la chapa presentada por el partido Perú  Libre, que se declara “marxista – leninista – mariateguista”, donde Castillo es  candidato invitado, no es del partido.

En este punto es importante registrar que estando celebrándose el bicentenario  de la independencia nacional, la discriminación y el menosprecio de la derecha se hace más intenso y tiene como respuesta la elección de Castillo; es decir,  una parte importante de los votos no son específicamente de Castillo o de Perú  Libre o del mal menor, son parte de ajuste de cuentas de la discriminación y  menosprecio centenarios; los votos son por “el sombrero”, que fue la imagen  que Castillo proyectó con su conocido sombrero típicamente cajamarquino; es  un voto de esperanza de cambio, para tener en el papel de Presidente a  alguien con rasgos populares, diferente a los señores que han ocupado este  cargo en los últimos 200 años.

Desde que Pedro Castillo con el partido Perú Libre pasó a la segunda vuelta la  derecha, ahora integrada en torno a la candidatura de Keiko Fujimori, comenzó  un enfrentamiento que, en la época denominé “todos contra Castillo”, tal la  concentración de esfuerzos; pero Castillo ganó o, mejor diciendo, ganó la  esperanza de cambio; solo que la campaña continuo sin interrupción, pues la  derecha no aceptó el resultado y tentó, sin pruebas, una campaña de  deslegitimar argumentando fraude, nuevamente perdió.

La pose del nuevo presidente debería dar inicio a una administración difícil por  el nivel y volumen de la oposición, pero no fue así; el Congreso se constituyó  en el principal opositor de la administración de Pedro Castillo, en acción  persistente y sincronizada con la prensa local y el complemento igualmente  persistente del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Una aproximación a  esta afirmación es el documento CASTILLO EN LOS MEDIOS, elaborado por  Victor Robles y Bárbara Ester y publicado por Celag  (https://www.celag.org/pedro-castillo-en-los-medios/ ) que evalúa tres  indicadores en los dos periódicos limeños de mayor circulación, El Comercio y  La Republica.

El estudio centralizado en los dos diarios de mayor circulación puede sin mayor  esfuerzo hacerse extensivo a toda la prensa corporativa; en su parte conclusiva  el estudio registra: “El lenguaje de la prensa denota que se vive un ambiente de  persecución política instrumentalizada a través del sistema de justicia”; el  estudio investiga las portadas en papel entre el 1º. de enero y el 30 de  noviembre de 2022, midiendo el porcentaje de días por mes que aparece  mencionado Pedro Castillo en los titulares, sea explícita o tácitamente, lo que  identifican como el Índice de Presencia Mediática (IPM); y, el Grado de  Negatividad del Titular (GNT) cuando es tratado con adjetivos descalificativos,  valoraciones subjetivas desfavorables, atributos perniciosos y otros; los índices  en ambos casos son superiores a 80%; la persistencia de la acción es, en  realidad, evidente, pero la sincronía con las acciones del Congreso, el Poder  Judicial y empresas transnacionales no, sin embargo es de relativa fácil  identificación: así se observa una subida de los índices abordados (IPM y GNT)  en sincronía con los tres procesos de vacancia, con el derrame de oleo por la  Repsol en el mar de Chancay o con los conflictos mineros.

Se puede decir que sin solución de continuidad desde la segunda vuelta  electoral funcionó el esquema "todos contra Castillo”; tal parece que en ese  panorama Castillo y Perú libre no tuvieron la comprensión del carácter del voto  que los llevó a asumir la administración del gobierno, con el resultado de una  gestión débil que no logró materializar una sola de las promesas de campaña y,  en la práctica, se fue moviendo hacia la derecha, lo que se evidenció cuando  sus primeros viajes al exterior fueron a Colombia, con Ivan Duque, y al Brasil,  con Jair Bolsonaro, los dos regímenes más a la derecha en el continente; de  hecho, juntando sus incompetencias con el boicot permanente del Congreso,  tuvo un desgobierno que afectó severamente al Perú; habría que añadir que los  partidos de la izquierda tampoco mostraron competencia para ampliar el apoyo  necesario para darle viabilidad a la gestión de Castillo.

El Congreso, con una amplia mayoría de la representación de la derecha,  articulada con la derecha internacional, con destaque para el Vox de España,  cuya Carta de Madrid fue firmada (<foromadrid.org>), entre otros, por el actual  presidente del Congreso y varios otros parlamentarios, anotando que Keiko  Fujimori no compareció al conclave porque tenía prohibición judicial de viajar  fuera del Perú; en ese foro se acuñó el calificativo de “narco comunista” para  denominar todo lo indeseado (por la derecha, claro), en el caso del Perú ya  existían los adjetivos necesarios desde comunista hasta “terruco”.

Este vínculo explícito de líderes de la derecha nacional, incluyendo varios  parlamentarios, lleva la necesidad de observar el panorama internacional como  paño de fondo que define los márgenes y modalidades de interdependencia  entre ambas esferas del mismo sistema, el mundial y el domestico: El  enfrentamiento mundial por la estructura de poder, que enfrenta USA/Reino  Unido/Europa (Union Europea y OTAN), además de Canadá y Japon, de un  lado y China/Rusia/Iran y países asiáticos del otro lado; enfrentamiento que  tiene su epicentro en el conflicto de Ucrania (donde se enfrentan USA/UE-OTAN/Reino Unido contra Rusia, teniendo Ucrania como territorio de  operaciones1); pero que se extiende por todo el planeta en diferentes frentes  además del militar, como el económico, tecnológico y el de las comunicaciones.

 1 El 24 de enero, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en Estrasburgo, Francia, la ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbok, declara: “He dicho los últimos días. Sí, tenemos que hacer más para defender Ucrania, sí, tenemos que hacer más sobre los tanques. Pero la parte más importante y crucial es que hagamos esto.

En América Latina se traduce básicamente en disputas económicas relativas a  la explotación de recursos de la región junto con el alineamiento a sus  respectivos intereses e inversiones en proyectos de proyección geopolítica; en  lo cual China y Rusia han hecho avances discretos pero significativos creando  tensiones en la administración USA del presidente Biden, puesto que puede perder el control de su llamado “patio trasero”; esta posición es claramente  expuesta por la Almirante Laura Richardson, Jefa del Comando Sur en una  entrevista al Atlantic Council el 19 de enero de 2023, en el enlace  (https://youtu.be/Lo4XV8P6rGU ) se puede ver la entrevista comentada en La  Base, un periódico en línea español que amplía la entrevista con sus  comentarios; se refiere a las riquezas naturales de América Latina como  “nuestras”, ¿de América Latina o de USA?.

En el caso del Perú adquiere destaque la inversión de empresas chinas en  minerales como cobre (Las Bambas, Toromocho), la construcción del mega  puerto de Chancay, el proyecto de ferrocarril Desaguadero – Ilo, entre otros; en  la medida que estas inversiones modificaran sustancialmente los flujos comerciales en esta parte del Globo.

Así llegamos a la coyuntura actual donde la persistencia y sincronía ya  identificadas son complementadas con el timig del momento. El Instituto de  Defensa Legal2 , en el área mediática tiene el IDL - Reporteros, uno de sus  medios de comunicación con énfasis en el periodismo de investigación; en este  caso, rápidamente produjeron dos materias sobre el caso, la primera el 08 de  febrero, Crónica extraña del efímero golpe, y la otra el 10 de febrero, El  misterio del harakiri.(<https://www.idl-reporteros.pe/cronica-extrana-delefimero-autogolpe/>; https://www.idl-reporteros.pe/el-misterio-del-harakiri/ ).

En la segunda materia se lee: “La proclama del autogolpe de Castillo fue una sorpresa para la gran mayoría, pero no para todos. Las fuerzas de seguridad habían previsto, hace algún tiempo, escenarios de conflicto innegociable entre poderes del Estado, sobre todo entre el Ejecutivo y el Congreso. No se necesitaba, en verdad, clarividencia estratégica para preverlos y hasta para describirlos”.

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“Hace algunas semanas, los jefes de la PNP se reunieron con los del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas (CCFFAA) para definir qué juntos y que no juguemos el 'juego de la culpa' en Europa, porque estamos luchando una guerra contra Rusia y no entre nosotros".

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El Instituto de Defensa Legal (IDL) es una institución de la sociedad civil fundada en 1983, que tiene como fin la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz en el Perú y en América Latina. hacer frente a una crisis de conflicto de poderes entre el Ejecutivo y, sobre todo, el Legislativo”.

“El acuerdo fue que, en esa coyuntura, las FF.AA. y la PNP acordaron solo obedecer órdenes que no tuerzan o fracturen el marco constitucional. En la práctica, eso significaba incorporar la opinión de los otros actores de la regulación de personas y conductas, además del Ejecutivo y el Legislativo: el Poder Judicial (PJ), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Tribunal Constitucional (TC) y la Fiscalía de la Nación”.

Después, cuando resultó claro el potencial de conflicto en la pugna por la vacancia, la PNP formó un comité de crisis integrado sobre todo por el alto mando. Lo dirigieron el comandante general, Raúl Alfaro; el jefe de Estado Mayor, Vicente Álvarez, el inspector general, Segundo Mejía; y el jefe del Comando de Asesoramiento, Jorge Angulo. Pocos días antes del intento de autogolpe, el general Alfaro cayó enfermo con Covid, y el general Álvarez, siguiente en la jerarquía policial, se hizo cargo interinamente del comando.

El comité de crisis asumió el control y coordinación de las medidas por tomar en los escenarios posibles de la confrontación.

Es decir, hacía varias semanas que existía un Comité de Crisis que coordinaba con todas las instituciones, menos con el Ejecutivo y, por lo tanto el presidente pasó a ser monitorado.

La coordinación y sincronía de movimientos de instituciones y personas en torno al 07 de diciembre es, por lo menos sospechosa. Como se viene sosteniendo la acción de destrucción del gobierno Castillo comenzó, en realidad, ya en la segunda vuelta de las elecciones, continuó durante toda su gestión hasta el día en que se produjo el “autogolpe” (las comillas son deliberadas); en la secuencia se crea un timing a través de la prensa corporativa con el incremento de noticias sobre nuevas denuncias, la supuesta o real concordancia con otras delaciones que afectaban directamente al presidente o su entorno personal, creando en el público el sentimiento de cosa juzgada y las infaltables filtraciones direccionadas a la prensa corporativa.

Cabe explicitar que como no es posible saber que pasó por el pensamiento de nadie, nos atenemos exclusivamente a los hechos. En esa línea, las dos materias de IDL – Reporteros es, además de rápida, sobre la jugada, extremamente profesional; pero como es poco probable que ellos tuvieran filtraciones oportunas de las Fuerzas Armadas, la Policía o el Congreso, no registran, por ejemplo, que una reportera de TV comercial, en la calle, cuando el recorrido del carro del presidente había sido modificado, informase a la cámara: “estamos monitorando el recorrido del presidente”, ¿Serio? ¿Cómo sabían dónde estaría el carro?; o los grupos de manifestantes en la embajada de Mejico, ¿Cómo sabían que el presidente se dirigía a ese local? ¿Cómo se reunieron en tan poco espacio de tiempo?

Recapitulando, las fuerzas armadas, que ya estaban prevenidas para la eventualidad como señala el reportaje de IDL Reporteros antes citado, de manera que es detenido por los efectivos que, formalmente le servían de seguridad, la vicepresidente, Dina Boluarte, ya había tenido tiempo de pasar por el salón de belleza y estaba adecuadamente presentada para juramentar el cargo, los jefes militares estaban en las cercanías del Congreso y rápidamente acudieron para las ceremonias de rigor y, muy importante, la embajadora norteamericana, Lisa Kenna, a las 15:07, via twiter, declara: “Los Estados Unidos rechaza categóricamente cualquier acto extra constitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”, dos días después el Secretario de Estado Antony Blinken, sostuvo una conversación telefónica con la nueva presidente, Dina Boluarte, reiterándole el apoyo de los EEUU al Perú y su voluntad de seguir fortaleciendo la nutrida relación bilateral, acompañó la conversación la Canciller Ana Cecilia Gervasi y el registro en El Peruano del día 06 de diciembre de la reunión del ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas con la embajadora de los Estados Unidos en el Perú, Lisa Kenna, para abordar temas de interés bilateral. Es decir, la cronología del “autogolpe” es altamente sospechosa; se parece mucho a las técnicas de guerra hibrida, este es un tema a ser estudiado.

El 7 de diciembre del 2021, exactamente un año antes, cuando se discutía la primera moción de vacancia, Dina Boluarte participaba de un evento en Juliaca, Puno, donde resaltó la lealtad que tenía ella por el entonces presidente.

“¿Quién ha salido ante la prensa a decir que mi lealtad con el presidente Pedro Castillo es a prueba de balas? Si al presidente lo vacan yo me voy con el presidente”; bueno, no se fue y al tomar pose declaró su decisión de cumplir el mandato hasta el 2026, conforme previsto; la respuesta popular fue inmediata, obtuvo la calificación de traidora y surgieron las protestas en todo el país, pero más intensas en el Sur y particularmente en Puno, la bandera es simple: 1 Renuncie Dina, 2 Cierre del Congreso, 3 Elecciones inmediatas, 4 Asamblea Constituyente y 5 Retorno de Pedro Castillo a la presidencia.

Esas reivindicaciones muestran que el calificativo de traidora va más allá de la falta de lealtad a Pedro Castillo, al conocerse el Gabinete Ministerial que presentó se hace evidente en aquellos que la eligieron junto con Pedro Castillo que la derecha que no ganó las elecciones irá administrar el país; en todo el país, pero principalmente en el Sur se afirmó el sentimiento que sus votos eran desechables, que el torcido sistema político vigente y la obsoleta Constitución son parte de esa situación; significa que si bien es un gobierno constitucional en la medida en que cumplió con todos los rituales legales, no puede reclamar legitimidad, porque ésta la otorga el representado, no la ley, Dina Boluarte comienza su gestión, según pesquisa del Instituto de Estudios Peruanos IEP, con 19% de aprobación y 74% de rechazo.

La respuesta “democrática” fue la represión violenta; esto galvanizó el rechazo a la discriminación y menosprecio centenarios, reafirmó el contenido político de las reclamaciones, el rechazo convicto y claro a seguir siendo tratado como ciudadano de segunda clase o “terruco”, las comunidades quechuas y aymaras, pero también las amazónicas, se movilizan en reuniones masivas, en cada comunidad, distrito o unidad de referencia de cada localidad, donde deciden ir a Lima para efectivizar sus reclamos, en esas reuniones se eligen los representantes, entre los cuales se aceptan voluntarios, inmediatamente se hace una colecta para financiar el viaje, cada uno da lo que puede, y también se establecen contacto con los que ya viven en Lima, parientes, amigos, clubes, cofradías, todo vale. Los gremios con sede en Lima son parte del movimiento, como la Confederación General de Trabajadores del Perú –CGTP, que despliega todo su potencial movilizador.

Y comienza lo que se llama “La Toma de Lima”, es oportuno establecer que por la forma de movilización las movilizaciones son pacíficas; lo que no impide la aparición y actuación de grupos radicales y/o violentos; en todos los casos la represión es violenta e indiscriminada, se sabe, también, que actúan agentes del gobierno infiltrados entre los manifestantes para provocar.

Ocurre que Lima ya estaba tomada y ocupada, por Dina Boluarte, el Congreso y, con no mucha discreción, las Fuerzas Armadas. Y la agenda de esta ocupación, que sigue los lineamientos neoliberales, es clara y nutrida, sigue una selección de ejemplos:

El Ejecutivo (Dina Boluarte) sanciona el 29 de diciembre la ley Nº 31651, aprobada por el Congreso, ley que prorroga la vigencia de los apéndices I y II de la Ley del Impuesto General a las Ventas e impuesto selectivo al consumo hasta diciembre de 2025, los especialistas estiman que esta norma exonerará en torno de 25 mil millones de soles en tributos en detrimento del Estado, siendo beneficiarios los grupos Benavides, Graña y Montero, Ferreyros, Rodríguez Pastor, Acuña, Romero, entre otros.

Idénticamente la ley No. 31663 publicada el 30 de diciembre, la misma que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración, tiene vigencia a diciembre del año 2027.

Pero la ocupación no es solo interna, también hay intereses externos, uno de los cuales lo expresa la almirante Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de EEUU (se puede verificar ya citado, cuyo discurso termina diciendo: “tenemos que intensificar nuestro juego”; es posible que representantes de otros países tengan intereses semejantes, pero en esta coyuntura solo encontramos estas declaraciones. Esos intereses deben ser parte de los argumentos para el destrabamiento de proyectos mineros; “creemos en las inversiones mineras, este Presidente del Consejo de Ministros se encargará personalmente de trabajar en el destrabe de los procedimientos administrativos de los proyectos detallados” dijo el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, ante el Pleno del Congreso para pedir el voto de confianza, que le fue dado; los proyectos incluyen: Toromocho, Sulfuros Yanacocha, Extensión Antamina, Optimización Inmaculada, Yacimiento Zafranal, Proyecto San Gabriel, Planta de Cobre Rio Seco, Proyecto Yumpac y Ampliación de Retamas, entre otros.

El PCM cumple su compromiso con dedicación, claro esta caravana Toma Lima con un estilo elegante y sofisticado, diferente de la otra que viene del interior, conforme levantamiento de la periodista Sonia Suyon en HILDEBRANT EN SUS 13, veamos:

 El 11 de enero visita palacio de gobierno la empresa Minera Ares SAC, del grupo Hochschild Mining, representados por Ignacio Bustamante Romero y José Palma Garcia Zapatero;

 El 12 es la vez de la Southern Mining Corporation, representado por su presidente, el mejicano Oscar Gonzales Rocha, su vicepresidente Raúl Jacob Rui-sanchez, quien también es presidente de la Sociedad Nacional de Mineria, Petroleo y Energia, y de la gerente de Relaciones Institucionales, Nuria Sparch Fernandez, ex ministra de Defensa durante el gobierno de Francisco Sagasti;

 El 16 de enero se hace presente Antamina con su presidente Victor Gobitz Colchado, su vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Externos, Claudia Cooper Fort, quien fuera ministra de Economía de PPK, y Cesar Liendo Vidal, gerente de Relaciones Gubernamentales, quien, por su vez fue viceministro de economía;

 El 17 la visita es del gerente general de Las Bambas, Wei Jian Xian, acompañado de su gerente de Impuestos y Contraloría, Khaled Luyo Acosta.

Las caravanas que vienen a Lima son saludadas por las poblaciones por las que pasan, les ofrecen agua y comida, despliegan banderolas; la policía que debería desbloquear carreteras esta vez las bloquea, intentando impedir o limitar la movilización; es más, algunas delegaciones o parte de ellas ingresan a Lima caminando para burlar el bloqueo de la policía. Ciertamente, como ya fue señalado líneas arriba, hay grupos de manifestantes de otro tipo que, inclusive, establecen pedajes en beneficio propio, pero son pocos.

La respuesta del gobierno incluye la repetición de la discriminación y el menosprecio, la criminalización completa de los manifestantes, todos son “terrucos”, la absoluta falta de voluntad para el dialogo, la creación de complots de todo tipo, incluyendo en ese esquema a Evo Morales y los Ponchos Rojos de Bolivia, la invención que los muertos por disparos de bala fueron con armas de fabricación artesanal, que incluyen las balas dum-dum y, ya sin ninguna preocupación por la mentira y el ridículo, invaden ilegalmente el local de la Universidad Nacional Mayo de San Marcos, destruyendo con una tanqueta una puerta de acceso y luego entrando por la otra puerta contigua que ¡estaba abierta, acorralan a los manifestantes en la Plaza Grau (si fuera para dispersar dejarían una ruta de dispersión) o detienen una señora de más de cincuenta años porque agitaba una bandera peruana. Es decir, todos los indicadores de una dictadura.

Por su parte el Congreso, con 9% de aceptación según la pesquisa IEP ya mencionada, rechaza todas las iniciativas de atender a las demandas, particularmente el adelanto de las elecciones y el referéndum para la Asamblea Constituyente.

Hoy, 09 de febrero, comienza el Paro Nacional convocado por la CGTP, pidiendo: la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia de la República, por un gobierno de transición, elecciones generales, referéndum constituyente y el cese de los asesinatos a los ciudadanos en protesta; naturalmente, el Ministerio de Trabajo ha declarado ilegal el paro; de otro lado se verifica que de todo el territorio nacional continúan llegando nuevos contingentes de manifestantes a Lima.

El gobierno de Dina Boluarte es, para fines prácticos, una dictadura: ilegitima, autoritaria y sin vocación para el dialogo, lo que se refleja en el 76% de rechazo y 17% de aceptación; pero mantiene su decisión de no renunciar frente a “las minoría de extrema izquierda que solo quieren el caos”; por su parte el Congreso, que actúa coordinadamente con el Ejecutivo, y que tiene menor aceptación, 9%, continúa bloqueando cualquier alternativa de solución; Mientras la prensa local, fluctúa entre no divulgar las protestas o presentarlas desde el punto de vista del gobierno, que se puede resumir, según la propia presidente, Dina Boluarte, en: “Eso no es una protesta pacífica. Eso es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales”, que tienen una agenda política y económica “basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando”, la prensa internacional registra algunas evidentes contradicciones, como el caso de la ministra de Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, al The New York Times, dijo que el gobierno no contaba con pruebas que respalden dichos señalamientos. Comentó que los investigadores estaban trabajando en encontrarlas, “Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto”; ya el Finantial Times en su informe de The Economist Intelligence Unit clasifica al gobierno del Perú, como un régimen hibrido en lugar de democrático.

Debe considerarse también el aislamiento internacional del Perú, acusando a Mejico de injerencia en asuntos interiores, al punto de declarar persona no grata al embajador de ese país, quien tuvo que retornar a Mejico, caso semejante al de Honduras cuando la presidenta de ese país hizo declaraciones sobre el respeto a los derechos humanos, y las tensiones con Argentina, Chile y Bolivia, además de, prácticamente llamadas de atención de la OEA y del CELAC; pero, dictadura es dictadura, no se preocupa con esos “detalles”.

Los cambios fundamentales, que hacen de esta una coyuntura especial provienen de las bases comunitarias: comunidad quechua, comunidad aymara, comunidad wampi, comunidad awajun, comunidad ashaninqa y así por adelante, combinado o no con las demarcaciones políticas como distrito, localidad y semejantes; bases que continúan movilizadas, sobre demandas claramente políticas y que resumen la voluntad de no seguir siendo “ciudadanos de segunda”, lo que explica el origen de su fuerza y la potencialidad de movimientos integradores de participación ciudadana;claramente articuladas con organizaciones laborales, como la CGTP o el SUTEP, las organizaciones estudiantiles, culturales y otras.

Los partidos políticos, tanto de derecha cuanto de izquierda han sido sobrepasadas pelas bases organizadas, hecho que, de un lado dificulta las negociaciones por la multiplicidad de líderes actuando y, por otro, los obliga (a los partidos) a una reingeniería urgente, incluida la autocrítica que le dicen.

Es esta potencia vital la que se ha puesto en movimiento y continuará independientemente de cómo se resuelva la coyuntura actual.