SANTA FE-ARGENTINA  (por Rodolfo O. Gianfelici, PrensaMare)  Desde que era pequeño siempre escuchè a mis padres decir que existìan dos justicias: la de los pobres y la de los ricos.

Una definiciòn casera, popular, sin sustento intelectual y/o profesional –es verdad-, pero contundente y respondiendo a la observancia de lo vivido.

El paso de los años me mostrò una justicia vergonzante, que hasta tuvo magistrados que destrataron la Constituciòn y llegaron a “jurar” (si jurar) por los estatutos de una dictadura…

El retorno de la democracia en 1983 -ganada por la lucha del pueblo-, hizo que los ciudadanos votaran y eligieran fòrmulas presidenciales y legisladores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo conformado (gusten o no) por el voto popular.

Sin embargo, para el Poder Judicial no llegó la democratización. Un poder cerrado, corporativo, acomodaticio, y hasta familiar y/o hereditario. O acaso no se considera ‘natural’, que ingrese a la justicia, el hijo/a de tal, que es el nieto/a de tal, o el bisnieto/a de tal, que fue años antes integrante de la justicia…?

En otras palabras: lo contrario a lo democrático.

Porquè ocurrió èsto? Porque (en mayor o en menor medida), los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) lo permitieron. Porque (salvo excepciones), a ambos poderes le convino convivir con quienes han sido y son la garantía del sistema, del no cambio -y hasta se podría decir-, del servicio al gobernante de turno.

Solo se puede recordar en las últimas décadas a un Nèstor Kirchner dando paso a una nueva Corte Suprema de Justicia totalmente libre de pensar, analizar y decidir con total libertad.

Los restantes mandatarios, por error, por imposibilidad, por no deseo, por complacencia, por decisión, permitieron y convivieron con cortes lamentables (o a la medida de ellos).

Ahora bien: Para el ciudadano común, la Corte es importante? En forma inmediata y concreta (en el dìa a dìa) seguramente que no. Porque se trata de un cuerpo extremadamente alejado. Pero debe saberse que, como afirma un proverbio chino (asumido popularmente en Argentina): “El pescado se pudre por la cabeza”.

El mismo afirma que lo que suceda con la cabeza, ocurrirà con el resto de la estructura. Eso es precisamente lo que soporta la sociedad argentina.

La Corte està podrida.

De allì que lo que ocurra hacia abajo será una imitación, una rèplica de sus superiores. Los cuatro años (2015-2019) de gobierno de Mauricio Macri mostraron una justicia cooptada, genuflexa, servicial, perseguidora (¡), injusta (¡), vergonsoza.

La Corte es responsable de ello; pero también el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Recientemente se escuchò al presidente Alberto Fernández criticar a la cabeza del Poder Judicial. "En la Corte Suprema la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmoso que no puede tolerarse y debe ser corregido".

Estas palabras, en otro país (por ejemplo del ‘primer mundo’ al que tantos políticos miran), hubiera generado un revuelo y la conformaciòn de alguna comisión investigadora o hasta el pedido de renuncias o de juicio político para uno, varios o todos los cortesanos.

Pero en Argentina, políticos, legisladores y principalmente los medios hegemónicos de comunicación hablan de un “ataque a la justicia”…

Desde el Consejo Consultivo de juristas se elaborò un informe (entregado al mandatario) donde sostienen que debe modificarse el funcionamiento de la Justicia.

Recientemente la Corte no aceptò el recurso extraordinario que le presentó el ex vicepresidente Amado Boudou. Una decisión que màs que jurídicamente fue una actuación política (dejaron firme su condena por el caso de la imprenta Ciccone).

En esta causa –plagada de irregularidades-, no existen pruebas efectivas en contra del condenado; ademàs, el "arrepentido" del juicio, Alejandro Vandenbroele, recibió dinero del Estado (pagado por Macri) para comprarse un hotel boutique en Mendoza…

Lo llamativo de ello resultò que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, saliera rápidamente a aclarar que no está en los planes del Gobierno iniciarles juicio político para destituirlos.

Semanas antes, el mismísimo titular cortesano, Carlos Rosenkrantz (el mismo que quiso entrar por la ventana siendo designado por decreto de Macri, en su momento), anunció desde los medios amigos que convocarìa a un acuerdo extraordinario para tratar los pedidos de per saltum presentados por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli (los que buscaban permanecer en sus cargos ‘regalados’ por el poder macrista).

Posteriormente la Corte emitió un fallo aceptando que esos jueces se mantuvieran en sus puestos.

El gobierno dio un inicial paso en el tema de la justicia con el envìo del proyecto de reforma judicial (ya con media sanción del Senado); pero es un tema interno, administrativo y que pretende un ordenamiento, con el apoyo de los gobernadores argentinos.

Pero ello es apenas un paso (o pasito). De allì que el presidente al referirse sobre el tema de la justicia dijo: "el problema judicial es algo más profundo que empieza por la Corte Suprema".

La Corte solamente aceptò el recurso de per saltum apenas en dos oportunidades en los últimos 10 años: en el caso de los tres jueces macristas, y para rechazar la Ley de Democratización de la Justicia impulsada por Cristina Fernàndez en su segundo mandato, y aprobada en el Congreso.

Ùltimamente ha sido la propia vicepresidenta Cristina Fernández la que realizò fortísimas crìticas a la Corte, a través de una carta. La acusó de "encabezar y dirigir el proceso de Lawfare" y de garantizar la impunidad de los exfuncionarios de del gobierno de Macri (2015-2019).

Fue asì que con claridad afirmó: “Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa".

Necesitan los legisladores palabras y definiciones màs duras, para reclamar explicaciones a los cortesanos…? Al parecer, en Argentina, si.

Y siguió la vice: "Que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta. Todo lo contrario: somos la fuerza política que en el 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la ‘mayoría automática de la Corte’, dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas".

De esa Corte que impulsò Nèstor Kirchner no ha quedado nada. Ni en lo personal, ni mucho menos en su accionar.

La llegada de Macri y sus aliados radicales, neoliberales, derechistas y antiperonistas generò una llamada ‘renovaciòn’ (¿?), donde el mismísimo mandatario intentò designar a dos de ellos (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) sin respetar las elementales normas establecidas para ello.

Fue una vergüenza y un escàndalo (solo disimulado por la complicidad política y comunicacional). Pero lo verdaderamente grave y cuestionable fue que esos dos ‘elegidos’, que debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en el país… aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes.

Bueno; esos dos son actualmente cortesanos. Rosenkrantz llegado con el antecedente de integrar un poderoso estudio jurídico entre cuyos clientes estaban los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país (incluìdo el Grupo Clarìn). Rosatti (al parecer), con el antecedente de sus relaciones catòlicas conservadoras, la recomendación del senador neomacrista Carlos Reutemann, y el respaldo de la Sociedad Rural Argentina…

Cristina Fernàndez denunciò que "a nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno".

Recordò también que esta Corte “consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI”; y que podría “condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar".

Tambièn citó que Ricardo Lorenzetti se fotografiò “con el Juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadio. El primero -Sergio Moro- es el que sin pruebas metió preso al expresidente del Brasil, Inacio Lula Da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designándolo, en un escándalo sin precedentes, como su Ministro de Justicia".

Respecto a al exjuez federal Bonadio: "nunca rindió un examen para ser magistrado e integró la célebre lista de los 'jueces de la servilleta'", y que "se autodefinía como un practicante del 'derecho penal creativo'".

En cuanto a la cortesana Elena Highton de Nolasco, no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad. Pero además, para autoprotegerse, recurrió a un juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo. Lo que Macri aceptò gustoso, pues desde su Gobierno no apelaron esa resolución judicial (violando la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución).

Esa es la Corte que tenemos los argentinos.

Asì, la ‘descendencia’ de esos cortesanos es la analiza, juzga, decide y condiciona sobre lo que hacen… el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Un Poder Judicial con integrantes vitalicios; que rinden cuenta (en algún momento) a ellos mismos; que se excluyeron de pagar determinado impuesto (autoconvertidos en privilegiados dentro de la sociedad argentina).

Por ello, cada uno de los ciudadanos argentinos debe sentir que esta Corte afecta a todos. Y que –por el bien de la sociedad-, se debe poner fin a esta Corte.