SANTA FE-ARGENTINA (por Rodolfo O. Gianfelici, PrensaMare)  En último 2 de abril (día en que se recuerda la Gesta de Malvinas), el presidente Javier Milei aprovechó para decir lo que no hace y a la vez, usó el día para convocar a una (supuesta) “reconciliación”.

Por un lado, ha manifestado su admiración por Margaret Thatcher, en un insulto a quienes lucharon en las Malvinas. Por el otro, se muestra silencioso y sin responder (desde el Estado) a los desafíos y avances británicos sobre la soberanía argentina en las Islas y su área. También –tras reunirse con el canciller del Reino Unido-, comunicó que había hablado sobre la soberanía argentina en dicho territorio, lo que fue oficialmente desmentido por un comunicado de dicha área diplomática del país usurpador.

Un presidente que despide trabajadores, maltrata a jubilados y pensionados, cierra oficinas de áreas del Estado afectando a millones de ciudadanos, y comunica un aumento salarial para las fuerzas de seguridad. Un claro mensaje hacia la sociedad.

Pero no todo quedó allí; porque horas más tarde la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich decidió que no se ofrezcan ni abonen más las recompensas para encontrar a los genocidas (de la última dictadura cívicomilitar) prófugos.

Al parecer, ese dinero sería usado para luchar contra el narcotráfico (¿?).

Según ella, la prioridad anti-narco desplazaría la importancia de encontrar, y juzgar a los prófugos acusados en causas por delitos contra la humanidad. Ello lo sustenta en que existe un llamamiento del presidente Milei para iniciar una nueva “era de reconciliación con las Fuerzas Armadas”.

Esta decisión beneficia a 22 represores que eran buscados por el Estado argentino y por los cuales se ofrecía una recompensa de $ 5.000.000.

Milei y Bullrich echan por tierra una decisión y política estatal que desde 2008 estableció un fondo de recompensas para contribuir en la búsqueda de la justicia (Ley 26.375); siendo el Ministerio de Seguridad el responsable de su aplicación. Tras cumplirse el 24-3-2024 el plazo de vigencia de dicho pago (que podía ser renovable), que firmó el entonces Ministro Aníbal Fernández, Bullrich dio de baja las compensaciones.

La Ministra con su cambio de objetivo (para ‘luchar contra los narcos’), pretende mostrar su decisión como un acto económico. Pero se trata de un acto totalmente político, y consustanciado con el negacionismo que sostienen el presidente Milei y la vice Victoria Villarruel.

Lo llamativo del caso es que instaurada la dictadura en marzo de 1976, justamente Bullrich fue una opositora (armas en mano). Y ahora -48 años más tarde- es una protectora de los criminales...

Para la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), existen 36 personas en rebeldía en las causas de lesa humanidad. Debiéndose destacar que el fiscal Federal Miguel Palazzani le envió un oficio a Seguridad, preguntando si se dio de baja la compensación. Y de ser cierto, que las recompensas sean restablecidas de inmediato y se actualicen los montos.

Esta claro que para este hombre de la justicia, la baja y no pago afecta el proceso de justicia. Y vaya si lo afecta, pues Bullrich debería estar a cargo de la búsqueda de los genocidas prófugos (¡).

Lo que hace Bullrich es su aporte a la política presidencial (y vicepresidencial) de negacionismo, que pretende la impunidad de condenados (y también de quienes deberían ser juzgados).

Esta decisión se concatena con los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos y con el desarmar el área del Ministerio de Defensa que investigaba para las causas de lesa humanidad.

Lo que parece que Milei, ni Villarruel, ni Bullrich, ni los negacionistas del gobierno (y fuera de él), comprenden es que el grueso de la sociedad no está enfrentada con las Fuerzas Armadas.

Lo que no quiere es “reconciliarse” con criminales, ladrones, violadores, apropiadores de niños y niñas, torturadores, arrojadores de personas desde aviones, mentirosos... que han sido juzagdos, dispusieron del derecho a defensa, y fueron condenados.

Con ellos. Nada.