BARCELONA-ESPAÑA  (PrensaMare)  Los españoles se enteraron de una votación en la mesa del Congreso referida a la petición para que fuera investigada la posible implicación del expresidente Felipe González en la creación de los GAL en los años ‘80.

La presentó el partido vasco Bildu, y apoyada por partidos nacionalistas de Catalunya, Euskadi y Galicia.

Se trata de un tema del cual el poder español en su conjunto como EEUU, han preferido mantener absoluto silencio por décadas. Pero ahora se han conocido informes desclasificados de la CIA que señalan la participación del gobierno de González en acciones ilegales en la lucha contra el separatismo de la ETA.

Para que esta idea avance, se contó con el apoyo de los letrados de la cámara, que no pusieron objeciones a la creación de tal comisión. Quienes sí se opusieron (con su voto) fueron los 3 representantes del PSOE, los 2 del PP y uno de VOX.

Para algunos una ‘llamativa’ coincidencia. Pero en los hechos no es así; pues se trata de una verdadera conjunción de partidos para defender un accionar ilegal. Es así que estos partidos se enfrentan en otros temas (que son verdaderamente importantes para los españoles), pero que ante la posibilidad de investigar un accionar ilegal y criminal, tienen plena coincidencia y actúan en bloque.

Para algunos, que se conozcan estos documentos que involucran a González y al PSOE es simplemente una maniobra mediática organizada en plena campaña preelectoral del País Vasco.

Puede que algo de verdad exista en ello, si se tiene en cuenta que el informe de la CIA es de… enero de 1984. Lo cierto es que se trata de un tema delicado (para González y su partido), que merecería que se aclare.

El tema es que dicho informe fue desclasificado “a medias”; inclusive poseía párrafos tachados. Una forma clara de la inteligencia (y política) estadounidense por participar (directa y/o indirectamente) en la vida política española.

Se trata de investigar –ni más ni menos- que el terrorismo parapolicial que se montó desde el Estado español para enfrentar a ETA entre 1983 y 1987. Se trata de acciones que deben ser calificadas de: terrorismo de Estado durante la gestión de González.

Ya en octubre de 1995 el Congreso de Diputados rechazó crear una comisión que investigara los GAL. Luego, cuando llegó al gobierno la derecha del PP (Partido Popular) con José María Aznar, Felipe González y otros dirigentes del PSOE pidieron la liberación del exministro del Interior José Barrionuevo y del secretario de Estado, Rafael Vera.

Ambos delincuentes fueron condenados por el llamado “Caso Marey”, donde fue secuestrado un ciudadano en Hendaya por un comando de los GAL (los parapoliciales lo… confundieron con un dirigente de ETA).

Como era de esperar, Aznar les concedió el indulto parcial en 1998. O sea que la derecha y los ‘progresistas’ terminaban unidos defendiendo acciones delictuales.