CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA  (por Doris Mariutti, PrensaMare)  Maria Eugenia Vidal y Patricia Bullrich son dos personajes de la derecha política argentina, que cuentan con el respaldo de los medios hegemónicos.

Son dos auténticas ‘protegidas’ del sistema, que las sostiene ‘a capa y espada’, para lo cual no dudan en ocultar o ignorar ciertas acciones de ambas, que siendo cometidas por otras personas, significaría la inmediata reacción, ataque y persecución mediática.

I

De la primera –ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional porteña-, se conoció que el juez Alejo Ramos Padilla desaprobó la rendición de gastos de la campaña de Cambiemos de 2017.

Vidal recorre los medios de comunicación proclamando “honestidad”, “transparencia”, y “moral”, con sus clásicas cínicas sonrisas de ‘yo no fui’...

Pero el tiempo pasa y no puede demostrar el origen de aportes que recibiera para hacer política. Sumas de dinero no blanqueadas, lo que deriva en la imposibilidad de mostrar cuentas claras.

Dice el magistrado que Cambiemos “no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral”. Una alianza política integrada por el PRO (que la conduce), con la UCR (Unión Cívica Radical) y la CC (Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió).

Vidal no puede mostrar transparencia alguna en cuanto a recursos y gastos de su campaña bonaerense de las elecciones Paso de... 2017 (tiempos en que ella era la presidenta del PRO en esa jurisdicción).

El juez rechazó los informes finales de recursos y gastos de esa campaña. Por lo que se iniciarán “actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito”. Mientras tanto los aliancistas deberán pagar multas:

·         El PRO: $ 3.246.965

·         La UCR: $ 990.599

·         La CC: $ 990.599

·         A su vez los demás integrantes menores de dicha alianza, deberán abonar (cada uno): $ 34.395. Se trata de: Partido Fé, Partido Demócrata Progresista, Partido Conservador Popular, Partido Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Partido del Diálogo, y Movimiento Social por la República.

La justicia investiga si el gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos ‘aportantes’ a la campaña; en esa oportunidad quienes encabezaban las listas eran Graciela Ocaña (para diputados) y Esteban Bullrich-Gladys González (para el Senado).

Por aquellos tiempos se conoció que 205 personas de bajos ingresos (que recibían planes sociales) aparecían como ‘donantes de fondos’ para la campaña de Cambiemos (presidencia de Mauricio Macri y gobernación de Vidal).

Esas personas figuraban como afiliados al PRO que habían hecho aportes millonarios a través de un ‘goteo’ de pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.

Los auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinaron que la información de Cambiemos (sobre ingresos públicos para tal campaña) “no coincidía” con la aportada por la Dirección Nacional Electoral. Se determinó que el 95% de los ‘aportes’ privados fueron en efectivo; pero luego se comprobó que “los DNI no se correspondían”.

También se halló que 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales. Otros 40 aportantes “podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos”.

También que 209 personas “que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses”. ‘Donaban’ $ 20.000, cuando percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales)...

Otros, por ejemplo, ‘aportaban’ $ 17.000, cuando cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH). Al ser citadas esas personas ‘aportantes’, ellas “rechazan haber realizado el aporte informado”.

A todo lo antes enumerado, se agregan que Cambiemos pagaba honorarios de asesores “como el señor Jaime Durán Barba, quien según fuentes periodísticas cobra entre 300 y 400.000 dólares por campaña”, pero no se informó de ello...

No existió detalle sobre propaganda en vía pública, internet y redes sociales. Tras pedirse a Cambiemos que aporte probanzas (sobre la campaña), y allí aparecieron nuevas denuncias de personas que negaban haber sido ‘aportantes’.

En su nuevo aporte, Cambiemos “borró” (¿?) a alrededor de 1.500 ‘aportantes’ “sin brindar justificación alguna”. Rectificó rendiciones de cuentas; y nuevamente aparecieron ‘aportantes’ que negaron haber entregado dinero alguno. De allí que “la información presentada por la agrupación no resulta confiable, por lo cual no se encontraba debidamente acreditado el origen de los fondos declarados”.

Además, “subsistían observaciones significativas en los informes finales de campaña, principalmente en lo relativo a los ingresos privados de personas físicas, en los que no se acreditó debidamente el origen de los fondos”.

Fue así que el juez Ramos Padilla rechazó la rendición de gastos porque Cambiemos “no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral”.

Inicialmente –cuando se conoció el escándalo que los grandes medios de prensa decidieron ignorar-, Vidal lo rechazó. Pero luego terminó despidiendo a su Secretaria de Legal y Técnica en la gobernación, María Fernanda Inza. La misma era la Tesorera del PRO durante la campaña de 2017...

II

De la segunda –titular del PRO, elegida a dedo por Mauricio Macri-, se sabe que ha sido denunciada por la Oficina Anticorrupción (OA). Es por la compra de equipos de seguridad para la Cumbre G20. Ocurre que las compras ‘llegaron tarde’ y con sobreprecios...

Se pagaron 9 millones de dólares, habiéndose comprobado sobreprecios de hasta el... 315%. Para colmo, el material comprado... llegó después que finalizara la Cumbre G20 (¡).

La acusación contra Bullrich (por entonces Ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri) es de malversación de caudales públicos y de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Bullrich ordenó a comprar material necesario para la Cumbre del G20 (hecha en la capital argentina entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018).

El pedido ministerial incluyó:

·         4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, equipos antiexplosivos, 2 scanner de vehículos, 900 uniformes ignífugos, 120 pistolas tácticas, 5 camiones hidrantes, y sistemas de comunicación.

Se gastaron 9 de millones de dólares, y el Estado recepcionó el material... 5 meses más tarde. Ninguna empresa pagó multa.

La Oficina Anticorrupción (OA) analizó lo aportado por la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), y allí surge que se pagaron sobreprecios de hasta 315%.

En cuanto a los chalecos, ellos fueron vendidos (con un 30% de sobreprecio) por un empresario que integra la Fundación Confianza Pública, con... Graciela Ocaña.

La denuncia de la OA, atribuye a Bullrich (y otros funcionarios de entonces):

·         Incumplimiento de los deberes de funcionario público

·         Malversación de caudales públicos

·         Negociaciones incompatibles con la función pública y

·         Administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La soberbia, el desmanejo y el autoritarismo macrista era de tal tamaño, que en los llamados a licitación se decía que la compra era adquirir “bienes necesarios para apoyar las operaciones de desarrollo de las Fuerzas en virtud de los encuentros programados" para el G20. Para ello los proveedores disponían de... 90 días corridos.

Ese límite excedía hasta la fecha final de la Cumbre (¡). Y fue así que lo comprado no fue usado con el fin establecido. Inclusive algunas empresas pidieron prórrogas y les fueron concedidas.

Esto significa que los pedidos de materiales no fueron satisfechas. Lo que daría la impresión que esos productos adquiridos no eran necesarios para el desarrollo del evento. Por lo que se estaría ante un acto administrativo falso.

Para la OA, "los funcionarios que intervinieron en estos procesos y aprobaron las licitaciones habrían actuado en forma parcial, en defensa de los intereses económicos de las empresas involucradas, y en contraposición de los intereses estatales".

Los que ‘acompañan’ en esta denuncia contra Bullrich, son: el exsecretario de Coordinación, Formación y Carrera, Alberto Fernando Fohrig; y el exsubsecretario de Gestión Administrativa, Martín Siracusa.

Es cierto: María Eugenia Vidal, y Patricia Bullirch, son dinamita...