RÍO TURBIO-ARGENTINA  (PrensaMare)  El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, revocó "por ilegítimas" las contrataciones (designaciones) de 417 agentes en la planta permanente en dicha empresa (de la provincia de Santa Cruz).

Una maniobra llevada adelante por el macrismo en la empresa pública, donde ellos fueron incorporados en los últimos días de la administración anterior y denunció a su antecesor en el cargo por "desviación de poder y delitos de acción pública en perjuicio" de la compañía.

La Resolución 8/2020 firmanda por Fernández instruyó a la acción penal al servicio jurídico del ente, luego de revocar una medida anterior “por razones de ilegitimidad basada en su falta de causa, la ausencia de convalidación y el conocimiento del vicio”, las designaciones de la intervención durante la administración Macri.

El 29 de noviembre de 2019 –explicó el funcionario-, "días antes del cambio de gobierno, el entonces interventor de YCRT, Omar Zeidán, efectuó la contratación de 417 agentes en planta permanente". Tales designaciones se fundamentaban "en supuestas 'inversiones programadas', las 'inmejorables condiciones creadas por el gobierno' de Macri y la necesidad de contar con mayor personal".

Designaciones que se hicieron cuando "las actividades del complejo se encontraban virtualmente paralizadas por medidas de fuerza del personal y por el estado de crisis de la empresa".

También sostuvo el actual interventor de YCRT que su antecesor "pretendió despedir más de 500 trabajadores en 2018, amparándose en la supuesta inviabilidad de la empresa y en el procedimiento preventivo de crisis, mientras que los ingresantes a planta no cumplían con las condiciones de residencia, idoneidad ni capacitaciones, ni presentaron exámenes preocupacionales ni antecedentes penales".

Inclusive, "no existía previsión presupuestaria para las contrataciones" y que "procuraron la cooptación de YCRT luego de haber perdido las elecciones".

Las personas designadas fueron “elegidas arbitrariamente a dedo por el propio interventor", concluyó.

Se ha conocido…: que la deuda que Zeidán dejó con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es de 6.000 millones de pesos.