LA PLATA-ARGENTINA (PrensaMare)  El Memoria, Verdad y Justicia no se detiene. Y como resultado de ello, dos hermanos se encontraron en el juzgado, tras 46 años.

Habían sido citados en distintos horarios, y el juez le propuso a cada uno reunirse y allí mismo se vieron y conversaron por primera vez. La causa está a cargo de Alejo Ramos Padilla.

Se trata de una mujer y un varón, que habían sido apropiados por sendos matrimonios durante la última dictadura cívico-militar. Este reencuentro se produjo gracias a una investigación del Juzgado Federal 1, de La Plata a cargo de Padilla.

El juez dictó tres procesamientos de los involucrados (acusados de retención y ocultamiento de un menor de diez años, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documento público).

La investigación se inició...

El 4 de agosto de 2016 a partir de una presentación de la unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Se citó a audiencia a la víctima y se le pidió el consentimiento para realizar un estudio de ADN para entrecruzar sus datos con los del Archivo Nacional de Datos Genéticos. El examen dio negativo con las familias que hasta aquel momento habían dejado sus datos genéticos en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Ello llevó a que se cerrara provisoriamente la causa.

El 30 de enero de este año...

Un nuevo informe del BNDG dio cuenta que otra persona había concurrido voluntariamente a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) porque dudaba de su identidad. Resultó ser su hermano, de la misma madre y el mismo padre.

Las dos personas fueron...

Citadas al Tribunal para el mismo día (en distintos horarios). Les comunicaron por separado el resultado del informe, y se les ofreció reunirse. Ambos estuvieron de acuerdo, por lo que en ese mismo momento se conocieron y conversaron privadamente en una sala del juzgado.

Los matrimonios que los habían inscripto como hijos biológicos nunca les revelaron su verdadera identidad.

Al rubricar el fallo...

El juez Padilla concluyó que la obligación del Estado es determinar las responsabilidades de este caso, y «propiciar las condiciones para que aquellos que fueron víctimas de estos hechos puedan conocer su historia y superar el proceso de ocultamiento al que fueron sometidos».