CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA  (PrensaMare)  El jueves 23 comenzó la protesta de los detenidos. El motivo principal fue que las autoridades carcelarias permitieron que 2 agentes penitenciarios ingresaran a trabajar pese a haber dado positivo de Coronavirus.

Ya se habían quedado sin visitas y sin salidas a trabajar (inclusive para aquellos que ya tienen cumplida la pena); se quedaron sin electricidad, agua y gas.

La advertencia-denuncia del Sindicato Unido de Trabajadores Privados de su Libertad (SUTPLA) en cuanto a que "ninguna cárcel de la Nación está preparada para una pandemia", no fue tomada en cuenta.

Por ello no resultó sorpresivo que en la mañana de ese día se inicie la quema de colchones; y –lógicamente- llegó la represión con disparos. Reclamaron la presencia del secretario de Justicia Juan Martín Mena y otros del gobierno, como de representantes en temas carcelarios para negociar y arribar a un acuerdo pacífico.

La situación es la consecuencia de un sistema carcelario agotado; pero también de la indiferencia del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del poder político (de turnos).

Parecía que todo iba a descomprimirse con las presencias requeridas y la firma de un acta de acuerdo, junto al procurador penitenciario interino Ariel Cejas, representantes de cada pabellón, familiares y el secretario Mena. Pero no ocurrió.

Es verdad que varios agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) resultaron heridos; también entre los presos. Cuando comenzó el diálogo, los presos denunciaron el engaño –dicen- del SPF. Le responsabilizan de mentirle a la justicia al afirmar que pueden garantizar la salud, la higiene y el control de la pandemia.

Los presos no se amotinaron (como dicen los medios de comunicación que en verdad des-informan), sino que reclaman para que las cárceles sea incluida en las políticas sanitarias de cuidado.

Mientras las horas pasaban, se dialogaba y se producían idas y vueltas, los presos no se quedaron quietos y fueron avanzando en el control interno del panal, ‘tomando’ pabellón tras pabellón.

Las noticias en los medios hicieron que los familiares de los presos llegaran ante el penal; lo cual no es conveniente pues se produce aglomeración y es lo contrario a lo que pide el gobierno en cuanto al cuidado contra el coronavirus.

También se hicieron presentes representantes de diferentes entidades intermedias.

La quema de colchones continuó como forma de mitigar el accionar de los gases lacrimógenos. A todo ello, los presos ya habían llegado al techo del penal.

Nueva exigencia de testeo para toda la poblacion de Devoto: detenidos y personal penitenciario. Pedido de medidas sanitarias correspondientes al ministerio de salud y la OMS. Que se autoricen arrestos domiciliarios para los enfermos vulnerables al virus, y que se otorgen las libertades a los que estan pasados de sus beneficios.

En la situación confluyen numerosos elementos impulsados (o dejados crecer) desde diversos sectores, que están directamente involucrados en la problemática. Pero existe un elemento que debe ser tenido en cuenta y que es de altísima importancia. La política del macrismo (2015-2019), fue la de llenar las cárceles de presos como si ello sirviera para reducir el delito.

Las consecuencias están a la vista, con cárceles hiper-habitadas, sin que en esos 4 años se haya avanzado en el mejoramiento de alguna condición. Pero además, ha existido indiferencia judicial, de los organismos de control y de la clase dirigencial en general (no solo de la política y la legislativa).

Se sabe que de la noche a la mañana no se pueden solucionar tantos años de abandono.

Pero al menos se podrían haber dado señales de un cambio. Esta situación actual en Devoto (y en todo el sistema carcelario argentino) se podría haber evitado. Pero posiblemente esos intereses coincidentes en ciertos casos -y compitiendo en otros-, ha hecho que nuevamente y como ‘desde siempre’, los presos no formen parte de la preocupación de nadie.