CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA  (PrensaMare)  En medio del coronavirus y los cuidados nacionales, la conducción de la cuestionadísima Corte Suprema de Justicia no descansan.

Tanto que, una persona de máxima confianza del ideario macrista ha sido instalado en un lugar clave.

El Consejo de la Magistratura le comunicó al titular de dicho cuerpo, Carlos Rosenkrantz que ya ejecutó todo el presupuesto otorgado por el Poder Ejecutivo. Esto significa que desde el primer día de junio no tendrán dinero. Lo cual no es un tema sencillo, pues se necesitarán alrededor de 15.000 millones de pesos más para pagar los sueldos hasta fin del 2020…

Esosin pensar que podría producirse algún aumento salarial (lo que engrosarían esas necesidades). Es decir que la Corte no sabe cómo va a hacer para llegar a febrero de 2021, cuando se pueda aplicar el nuevo presupuesto.

Pero esa suma es solo una parte de las necesidades de la Corte, pues a ello se le deben agregar: mantenimientos, inversión tecnológica (particularmente para el sistema digital), y gastos varios. Lo que elevaría las necesidades a unos 28 a 30 mil millones de pesos.

Y entonces…? Bueno, allí aparecen las predicciones, especlaciones y comentarios de todo tipo. Se trata de una pelea por recursos importantes, con actores de peso. Porque el Consejo de la Magistratura va a exigir su parte que le corresponde, y ello sólo puede salir de los ‘ahorros’ que tiene la Corte.

Atendiendo a este panorama, Rosenkrantz designó a una persona de su confianza para negociar con el Consejo de la Magistratura (por la transferencia de 15.000 millones de pesos). Se trata de Agustin Casares.

Y quién es este señor…? Nada más y nada menos que del ex Director de Asuntos Jurídicos durante la administracion de Agustín Cinto en el Consejo de la Magistratura. Un hombre que conoce el paño y los actores; militante del PRO. E íntimamente ligado al sector de ese partido que ha operado y opera dentro del ambiente judicial.

Manejó los fondos del Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Mauricio Macri. Un hombre que es hermano de Martín Casares, quien fuera jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia con German Carlos Garavano (el lamentable abogado y consultor, que fuera ministro de Justicia y Derechos Humanos durante los 4 años de macrismo).

Una de las perlitas de Agustín Casares es que integró -con su firma figura-, el grupo de quienes publicaron una solicitada pidiendo la destitución del juez Daniel Rafecas (diario La Nación, 8-9-2016). Tal pedido obedeció a que el juez había desestimado la denuncia del suicidado Natalio Nisman contra Cristina Fernández. Toda una carta de presentación en cuanto a su pensamiento e intereses…

La tarea de Casares es de vital importancia (para todos y particularmente para Ronsenkrantz), lo que demuestra la confianza que recae sobre él, para defender una cuestionada gestión en la Corte.

Pero no se trata solo de actuar como “negociador”, sino que es quien redacta las acordadas; el que se relaciona y conversa con los ministros y con los jueces. Y por si todo ello fuera poco, suma a su autoridad administrativa, el de la entrega de autos, y decisión en los contratos.

En otras palabras: es el ejecutor del poder ‘de arriba’. Y su designación se entiende como una concesión al PRO, para poder seguir manteniendo el poder al frente del cuerpo, pero a la vez, para acrecentarlo.

A todo ello, ese poder administrativo se refuerza pues Rosenkrantz controla el área tributaria de la Corte Suprema. Ello significa –ni más ni menos- que estar directamente relacionado con grandes aportantes (o sea: multinacionales; que fueron clientes del estudio de Ronsenkrantz antes de ser cortesano), y con los estudios jurídicos que atienden a tales clientes (o sea: con lo más granado de los poderosos estudios jurídicos argentinos, relacionados a la derecha ideológica, al neoliberalismo, a la UCR, al PRO…).