CIUDAD DE PANAMÁ-PANAMÁ (PrensaMare) Varias comunidades populares salieron a las calles a repudiar la actitud del gobierno al que consideran irresponsable en la atención de la crisis del COVID-19.
Les acusan de beneficiar a los banqueros y empresarios a costa de la vida de las y los panameños. La situación se hace difícil en los barrios populares y se generaliza en comunidades a nivel nacional.
El 9 de marzo se produjo la primera muerte. Fue el profesor Norato González, mientras otros docentes se encontraban en cuidados intensivos. El día 13 el Consejo de Gabinete declaró, el estado de Emergencia Nacional y otras disposiciones.
El 18 de marzo, el Consejo de Gabinete aprobó un presupuesto de $ 50 millones para el programa ‘Panamá Solidario’ que incluye una asistencia económica de entre $ 75 y $ 100 mensuales para aquellos trabajadores afectados por el cierre de empresas.
El 20 de marzo se promulgó el Decreto 81 sobre suspensión de contratos de trabajo. Se adujo que es para preservar los puestos de trabajo una vez culmine la crisis (para que los trabajadores deban ser recontratados).
Sin embargo eximió a los empresarios del pago de días trabajados y otras prestaciones de los trabajadores. El gobierno se ‘olvidó’ de ello, lo cual es violatorio de los derechos laborales.
