ROSARIO-ARGENTINA (Especial para PrensaMare)  Debieron pasar muchas décadas desde 1975 a la fecha; pero al final ha comenzado el juicio en los tribunales Federales de esta ciudad, sobre lo que se conoció como la represión a El Villazo. Sucesos represivos de aquél año que se pretendió dejarlos en el olvido y la impunidad.

Finalmente, el lunes 13 de noviembre comenzó el juicio por delitos de lesa humanidad de la represión en Villa Constitución por los hechos cometidos contra los trabajadores metalúrgicos.

Para mucho se trató de una ‘prueba’ o antesala de la que luego ocurriría a partir del 24 de marzo de 1976 cuando se instaló la dictadura cívico-militar.

En la primera jornada –con asistencia de movilizados en forma individual y convocados por organizaciones sociales y familiares de las víctimas, se dio inicio al proceso donde se juzgará a una veintena de imputados.

La entidad querellante en la causa, APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) se expresó: "Luego de años de espera e impunidad, finalmente se comienza a juzgar a los responsables de la represión ilegal ejercida en 1975 contra obreros de Villa Constitución".

El accionar represivo, perfectamente planificado, sincronizado y llevado adelante con total impunidad significó secuestros, homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita. Hubo 69 víctimas a partir del 20 de marzo de 1975 como producto de la ‘respuesta’ represiva a la protesta popular de "El Villazo".

El operativo (como les encanta a los represores) recibió un nombre: “Serpiente roja del Paraná” (como forma de identificar al ‘enemigo’ civil.

Integran el Tribunal: Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci. En la primera jornada se dio lectura a la acusación que tienen a cargo el fiscal Adolfo Villatte y la querella.

Este juicio es importantísimo dentro de lo que se denomina Memoria, Verdad y Justicia, porque por primera vez se juzgará a civiles en la región por crímenes del terrorismo de estado previos al 24 de marzo de 1976 (es decir: durante el gobierno democrático de Maria Estela Martínez viuda de Perón).

Es así que están en el banquillo de los acusados –que determinará las responsabilidad-, el exjefe de personal de la metalúrgica Acindar, un exjefe militar, 21 expolicías de la Policía Federal y un ex policía santafesino.

Son 69 casos, de los cuales 11 son homicidios calificados; las imputaciones son por privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita. Los civiles son:

• Roberto Pellegrini (exjefe de Personal de Acindar) y
• Ricardo Torralvo (personal jerárquico de Acindar).

Norma Ríos, vicepresidenta de APDH nacional, declaró: "Esta causa es sumamente importante porque perfora el piso de los juicios de lesa, que son desde el 24 de marzo de 1976... Veníamos exigiendo que empiece este juicio. Más que nunca es importante este acompañamiento, en momentos donde se está reivindicando el terrorismo de estado, como en el caso de la candidata a vicepresidenta Villarruel".

Por la importancia de la caus, se hizo presente el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien sostuvo: "Desde que asumimos tratamos también de impulsar las causas de responsabilidad civil y económica ya que son una parte muy importante para escribir la historia de lo que sucedió en esa dictadura militar que tuvo un fin económico. Más de un 60 por ciento de los detenidos desaparecidos eran trabajadores organizados. Esta causa es un emblema y está claro que el objetivo que tenía esa dictadura era aniquilar cualquier tipo de resistencia al modelo económico... La lucha por memoria, verdad y justicia es algo que hay que pelear siempre. Una gran parte de la sociedad no conocía los pensamientos de Villarruel, pero desde los organismos la conocemos hace más de quince años. Gran parte de la sociedad no quiere volver atrás".