SANTA FE-ARGENTINA  (PrensaMare)  La Unión Industrial Argentina (UIA) informó –con gran repercusión desde los medios informativos- que pediría al Gobierno que habilite el no pago de salarios para los trabajadores que no se vacunen.

De esta forma la UIA pretende convertirse en una generadora de política sanitaria en el país (¿?). Un hecho que solo le corresponde a las autoridades nacionales (y a las provinciales y/o municipales llegado el caso).

Este planteo de la entidad conducida por Daniel Funes de Rioja (foto), ya está en manos del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Acaso los industriales se han vuelto protectores de la salud de los trabajadores...?

No; en absoluto. Si fuera por ello no tendrían políticas inflacionarias, ni pretenderían la liberalización del mercado laboral, ni reclamarían “libertad” para despedir empleados...

Los industriales pretenden argumentar que los no vacunados le generan más costos, y ‘peligros’ para la producción.

Pero lo cierto es que detrás de dichas supuestas argumentaciones, lo que se esconde es una respuesta patronal ante la decisión del gobierno en mantener el congelamiento de despidos y el régimen de doble indemnización.

A todo ello desde el gobierno han indicado que la Resolución 4 sigue en vigencia. La misma -elaborada entre los ministerios de Trabajo y Salud-, se reconsidera la situación de retorno al trabajo de los empleados que cuentan con una primera dosis de la vacuna. En el artículo cuarto de la norma (del 8-4-2021), se analiza lo planteado por la UIA, definiendo el caso de quienes deciden no vacunarse.

“Los trabajadores y las trabajadoras comprendidos en los artículos 1 y 2 de la presente medida que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiere originar a los empleadores y empleadoras”, cita el artículo referido. De manera que este ‘reclamo’ industrial está fuera de lugar; el gobierno ya estableció lo referido al tema donde –en el país- la vacunación es voluntaria.

Al aludirse a “actuar con buena fe”, se refiere a la conversación entre empleador y empleado, para llegar a un acuerdo según determinadas condiciones. Quedando en claro que no existe obligatoriedad de vacunación.

Por lo que la pretendida imposición de los industriales (de no pagar salario a quienes no se vacunen), no corresponde.

La maniobra industrial es política, y no ‘sanitaria’. Pretende ponerse a la cabeza de la instalación de un tema de discusión nacional. Desconoce que la vacunación en Argentina es voluntaria. Aspira a que desde el gobierno avalen o respalden la ‘sanción’ patronal de no abonar los salarios (¡). Trata de introducir al gobierno en una confrontación con los trabajadores.

Lo de la UIA es grave. Quieren que su maniobra sectorial esté por encima de la mismísima Constitución Nacional; porque las patronales no tienen autoridad alguna para establecer normas en el contrato de trabajo. En el país no existe una ley que obligue a vacunarse; por lo que mal lo puede exigir un sector social. Nadie está obligado a cumplir lo que la ley no manda (artículo 19 de la Constitución Nacional).

En conferencia de prensa, con total autoritarismo, Funes de Rioja declaró que “El que no quiera vacunarse, no podrá ingresar a trabajar”.

Ante dichas expresiones, el industrial José Ignacio De Mendiguren (presidente del Banco BICE) opinó que alguna medida sobre el tema “Debe hacerse en conjunto con los sindicatos ya que la vacuna no es obligatoria... No hay posibilidad de que hoy una empresa lo haga motus proprio, o decida no remunerar a un trabajador, lo que se intenta es hacer algo en conjunto con el sindicato".

Frente a esta maniobra industrias, se han escuchado otras expresiones.

Es así que Hugo Yasky, de la CTA opinó: "La posición de la UIA debe ser rechazada por todos los sectores trabajadores... es un tema minoritario, dado que han sido los propios gremios los que han pedido ante las patronales la vacunación masiva... Es inaceptable que no quieran pagar los salarios. Es una amenaza extorsiva de empresarios que quieren pegar un rebencazo en el escritorio".

Inclusive otro sector patronal, como la CAC (Cámara Argentina de Comercio), en la voz de su titular, Mario Grinmann, hizo saber que "el que tiene que regular en este marco no es el empresario de manera particular, es el Estado, que para eso está, para regular con los organismos de competencia, como el Ministerio de Trabajo, que puede hacer las mejores evaluaciones".