SANTA FE-ARGENTINA  (PrensaMare)  La denominada Causa Oldani refiere al crimen de un empresario santafesino que era titular de una agencia de turismo, que en verdad escondía una famosa y reconocida “cueva financiera” en esta ciudad capital.

Bajo la pantalla de comercialización de pasajes y servicios turísticos, en verdad se efectuaban maniobras con dineros, dólares, euros, transferencias, descuentos de cheques, y todas las actividades que se pudieran imaginar para una financiera o agencia de cambio de divisas, pero... sin estar habilitada para tales actividades.

En el ambiente del microcentro santafesino se hablaba que en dicho lugar se “manejan dineros de la justicia”. Refiriendo a que allí se depositarían, se invertirían o se entregarían para maniobras financieras no declaradas, dineros provenientes de personajes de la Justicia santafesina...

En el marco de la investigación, recientemente (17 de mayo) fue indagada la fiscal santafesina Cristina Ferraro por su conducta luego del homicidio del empresario Hugo Oldani.

El crimen se produjo el 11 de febrero de 2020, en su local en una galería situada a 200 metros de la peatonal San Martín. La fiscal se negó a declarar y lo hará por escrito. Ocurre que ella debe responder porqué encubrió el delito de intermediación financiera no autorizada en las oficinas donde se produjo el crimen.

Se trata de una causa que impulsó el fiscal Federal, Walter Rodríguez, que investigó el desempeño que tuvo la funcionaria cuando mataron a Oldani, en el local de Turismo Oldani SRL.

De dicho sitio desaparecieron una millonaria suma de dinero en efectivo, cuando tras el crimen llegaron al lugar familiares y allegados de la víctima con bolsos, cajas y mochilas. Fue en ese momento que retiraron alrededor de 1.100.000 dólares estadounidenses y 3.050.000 pesos.

La causa se inició el 1° de junio del 2020, luego de la denuncia del entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, en la Fiscalía de Rodríguez.

Allí se comenzó a sospechar de acciones no autorizadas, que podrían haber constituido delitos federales (lavado de activos o infracciones a la Ley Penal Cambiaria). A partir de allí, el fiscal Rodríguez empezó una pesquisa que determinó que en el local de la agencia de turísmo actuó una organización que “realizó distintos tipos de operaciones financieras y cambiarias sin autorización del Banco Central”.

En breve comenzará el juicio al que llegarán 10 personas acusadas. Se sospecha que Ferraro permitió que se eliminaran pruebas que pudieron haber resultado fundamentales en la investigación.

Ello en razón que autorizó que familiares de Oldani y una abogada que trabajaba para la Policía ingresaran a las oficinas y se llevaran documentación, dólares y pesos.

Ferraro fue indagada en el Juzgado Federal n° 2 de Santa Fe adonde arribó acompañada por su abogado particular, el penalista Néstor Oroño (que fuera defensor de represores, y luego candidato del PRO). Ella escuchó los cargos en su contra y se abstuvo de prestar declaración, en una acción que duro una hora.

Las cámaras de seguridad existentes en la Galería Rivadavia (donde funcionaba Oldani Turismo) mostraron a los familiares del empresario que ingresaron a las oficinas la misma noche del crimen, con las manos vacías. Posteriormente se retiran con una caja y bolsos repletos.

Todo ello ocurrió ante la presencia de la fiscal Ferraro quien, incluso, a pedido de los familiares prohibió a la policía que abriera una caja fuerte que se encontraba en el lugar.

Con posterioridad a este accionar, un informe presentado por la fiscal de Delitos Complejos de Santa Fe, Mariela Jiménez (elevado al fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti), descubrió las irregularidades que sucedieron en las horas posteriores al crimen de Oldani, con Ferraro como importante protagonista.