BARCELONA-ESPAÑA  (PrensaMare)  Los informes oficiales indican que han aumentado los desembarcos de pateras y pequeñas naves en las islas Canarias. Hubo más de 3.000 llegadas desde 2019, frente a las 400 de 2017.

Para “solucionar” o “aliviar” (dicen los medios) esta situación, el Ministerio del Interior decidió más deportaciones. En los últimos 8 meses, España envió 7 siete vuelos de repatriación a Mauritania (el doble de 2018).

Se trata de información extraoficial, pues el gobierno no quiere que el tema trascienda. Por ello se oculta el número de vuelos y la cantidad de personas que España devuelve forzosamente.

Igualmente se conoció que desde junio de 2019 España envió ciudadanos a Mauritania, con quien el país mantiene un acuerdo de readmisión.

En esos vuelos, se envían ciudadanos mauritanios, pero también otros que España considera que han partido (¿?) de ese país africano. También hubo vuelos hacia Senegal con 120 personas a bordo.

En el vuelo del 27 de enero del 2020, España expulsó a 42 personas, de las cuales 38 que declararon ser de Malí. Con lo cual le terminaron creando un problema a Mauritania y a esos 38 ciudadanos que terminaron en otro país africano.

Para España este mecanismo se encuadra dentro de la ley: “Este procedimiento está dentro de la legalidad”. Pero lo cierto es que no existe solución alguna, trasladan el problema creándoselo a otro país. Pero ello para los dirigentes y políticos españoles es una solución (¿?).

Dentro de esta política expulsoria, no se verifican las edades y así, se termina expulsando a menores. Pero además, en ninguno de los casos consta fehacientemente que los expulsados procedían de Mauritania.

Lo concreto es que España refuerza su decisión expulsoria, sin interés en agilizar la identificación de los migrantes para ejecutar la expulsión. Mientras tanto, las autoridades ‘trabajan’ con sus pares de Malí, Guinea, Costa de Marfil, y Gambia, para tratar de impedir la salida de ciudadanos que quieren arribar a España, dando solución al problema, en orígen.

Cuando se produjo…: la crisis de los cayucos en el 2006, arribaron a las Islas Canarias alrededor de 30.000 ciudadanos desde el exterior. Por ello, lo que ocurre en la actualidad está muy lejos de ser una ‘crisis’. Preocupa el porcentaje de crecimiento; las llegadas aumentaron más de un 100% respecto a 2018 (una situación que contrata con lo que sucede en el resto de las costas españolas se han reducido a la mitad).

Esto significaría que los inmigrantes han cambiado sus rutas de arribo. Ellos deben buscar un ingreso mucho más dificultoso –por el océano Atlántico- a causa de los mayores controles fronterizos españoles (con apoyo de la UE).

Estas expulsiones españolas sirven sobremanera a Francia, pues el objetivo final de los inmigrantes es llegar a este país. España es apenas una escala.

Entre las entidades humanitarias existe máxima preocupación ante esta política española pues los expulsados terminan en otro país donde no los esperan, no tienen política de inclusión y carecen de todo tiepo de contacto. Para peor se trata de ciudadanos que en su búsqueda de un futuro mejor (en Francia), han invertido sus escasísimos recursos para pagar sus traslados (además de arriegar sus vidas).

Es dable citar que llegados a Canarias, son remitidos a centros de adminición (encerrados), aislados, sin asesoramiento legal, sin intérprete, sin otorgarle la posibilidad de pedir asilo (al escapar de países con luchas internas). No se les hace conocer que disponen de derechos.

Se labran actas y les hacen firmar documentos, de los que no se les informa qué dicen, pues hablan otro idioma. Esta es la solución y la humanidad del primer mundo...