TUCUMÁN-ARGENTINA  (PrensaMare)  La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal que encabeza el fiscal federal Pablo Camuña, logró que el juez federal subrogante Fernando Poviña procesara (como partícipe necesario de una docena de secuestros en 1975) a José María Menéndez.

Se trata del hermano mayor del genocida y excomandante del Tercer Cuerpo de Ejército –ya fallecido– el condenado Luciano Benjamín Menéndez.

Actualmente este personaje -coronel retirado- tiene 96 años, quien continuará en libertad en su casa de Yerba Buena, actuó entre 1974 y 1976 como gerente de la empresa Norwinco SA y fue responsabilizado por facilitar al personal de inteligencia militar el acceso a los legajos del personal. Allí constaban los domicilios de quienes luego fueron víctimas –secuestrados-. En total resultaron 12 operarios, de los cuales 3 siguen desaparecidos.

Menéndez fue detenido por primera vez en 2012 junto con otros 34 imputados que incluían a su primo Mario Benjamín Menéndez. Fue luego de la denuncia de Juan Carlos Camuñas, quien afirmó haber reconocido su voz durante los interrogatorios bajo tortura en el centro clandestino La Escuelita de Famaillá. El juez Daniel Bejas consideró que las pruebas eran insuficientes y le dictó la falta de mérito.

Luego, en el juicio oral por el Operativo Independencia (terminado en 2017), extrabajadores de Norwinco que fueron secuestrados y torturados en centros clandestinos, refirieron a la participación o responsabilidad de Menéndez en esos hechos (como gerente de relaciones industriales primero y como gerente general después). La fiscalía a cargo de Camuña profundizó la investigación y en 2019 pidió su procesamiento, que demoró 2 años.

Hacia 1974, Norwinco tenía 2 áreas que producían motosierras y grabadores, y un área administrativa. Empleaba a 130 operarios; a fin de 1975 se habían reducido a 104.

La fiscalía describió el rol de Menéndez como de “contención” de la conflictividad laboral. Para ello dispuso de “medidas disciplinadoras” que generaron “un clima de terror en la planta”. Los ex trabajadores declararon que “remitía información sobre obreros díscolos y/o sindicalizados a personal que respondía a la inteligencia militar y permitía el acceso de estos a la fábrica”.

Un dato no menor fue que 13 de los 130 obreros que llegó a tener Norwinco fueron víctimas del terrorismo de Estado. “Todos los testimonios confirman lo señalado por Juan Carlos Camuñas en la declaración que dio origen a la imputación contra Menéndez: la persecución sufrida por los obreros de Norwinco, la circulación de información sobre los trabajadores, sus conflictos con la empresa y el conocimiento de sus pensamientos y opiniones políticas por personal de inteligencia”, concluyó.