Mie. 17. Jul 2024, Santa Fe - Argentina
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AMADO BOUDOU Y LA LIBERTAD

AMADO BOUDOU Y LA LIBERTAD

SANTA FE-ARGENTINA  (PrensaMare)  Para el antiperonismo, y quienes se enrolan en partidos políticos de la derecha y el neoliberalismo, el ex vicepresidente Amado Boudou debería estar en la cárcel.

Toman al pie de la letra lo que des-informan los medios hegemónicos de prensa, sin importarles si la justicia actuó bien o mal. Un tema grave, si se tiene en cuenta que el grueso de los que adhieren y/u opinan, son... abogados.

Lo cierto es que Boudou ha estado detenido, ha sufrido el destrato, el odio mediático, el montaje político-judicial-mediático, para mostralo al momento de su detención o traslado.

Lo cierto es que se tratan de causas que llevan años, y que de tanto insistir y engañarse, pareciera que su condena es justa.

Recientemente, se le dictó la libertad condicional, firmada por el juez Ricardo Basílico. Él consideró que Amado Boudou nunca debería haber estado preso.

La principal condena fue por “cohecho pasivo”. Que habría cobrado una coima; no en dinero, sino en acciones de la firma Ciccone Calcográfica. Que le habrían pagado entregándole el 70% del total de las acciones. Pero el tema es que nunca, en el desarrollo de la mediática causa, apareció alguna prueba que permitiera demostrar ello.

Las evidencias demostraron que quienes se quedaron con la imprenta fueron Jorge Brito (tanto es así que al frente de Ciccone fueron puestos exgerentes del Banco Macro...) y/o el banquero Raúl Moneta (que habría aportado dinero para sacar a Ciccone de la quiebra).

Lo cierto es que...

La condena la dictó el Tribunal Oral Federal n° 4, que integraban Pablo Bertuzzi y Néstor Costabel. Se opuso la jueza Gabriela López Iñiguez (con un fallo de 250 páginas).

Bueno es recordar que Bertuzzi con ese fallo ‘se ganó’ que el presidente Mauricio Macri lo premiara otorgándole un cargo en la Cámara Federal. Miesntras que Costabel se sabía que era un ‘juez militante’ de Cambiemos.

Los tres jueces en su momento condenaron a Boudou por lo que consideraron ‘negociaciones incompatibles con la función pública’. Un delito que no debería haber llevado a Boudou a la cárcel.

Resulta interesante tener en cuenta que dicho Tribunal, jamás, había ordenado una detención después de una condena. Siempre había esperado a que se conociera el resultado de la apelación. Pero en este caso, existió una extrema urgencia por apresarlo.

Fue así que Boudou estuvo 15 meses en prisión preventiva. Un hecho demasiado sospechoso, pues él siempre había estado a derecho; es decir: tenía domicilio constituido, jamás se negó ante requerimientos de la justicia, y nunca mostró una conducta que hiciera sospechar que iba a ‘eludir el accionar de la justicia’...

Estuvo claro que los jueces decidieron aplicar la llamada ‘doctrina Irurzun’, imaginando que “podría obstaculizar la causa porque tenía relaciones anteriores en el gobierno” (¿?).

Después de analizar ello y ver las imágenes que el gobierno macrista se encargo que tuvieran amplísima difusión, con Boudou -en piyama- era detenido, se comprende que esa sociedad macrista-mediática-judicial, buscaba la utilización política de la causa judicial y de esa imagen.

Que pasaba con Ciccone Calcográfica...?

La firma poseía un equipamiento de primer nivel. Tanto es así que era una de las 12 selectas imprenas privadas (en el mundo) que imprimía billetes. Afrontaba deudas; estaba en concurso de acreedores; uno de los principales acreedores era la AFIP.

En julio de 2010, se le dictó la quiebra (a pedido del ente recaudador nacional). Tras ello, el juez de la quiebra entregó la planta de Ciccone a la firma impresora Boldt (su gran competencia).

Boldt –de actividades diversificadas-, explotaba los casinos de Mar del Plata y Tigre. De allí que resulta altamente sospechosa esta maniobra y entrega, pues resulta incompatible el poseer casinos y fábricar billetes...

En su momento, el Estado argentino había ofertado quedarse con Ciccone. Y se entiende porque: por una cuestión estratégica (no olvidar que fabricaba billetes). Pero lejos de adoptar una decisión en ese sentido, el juez pasó Ciccone a la (hasta ese momento) competencia (Boldt).

Ante la quiebra y el traspaso a Boldt, los hermanos Ciccone decidieron vender sus acciones a un inversor, para –de esa forma- sacar la imprenta de la quiebra. Para concretar esta decisión se necesitaba que la AFIP (que había pedido la quiebra) diera el visto bueno estableciendo un plan de pagos de las deudas, y que apareciera quien o quienes pondrían el dinero.

Fue así que la AFIP dio el visto bueno. Luego de ello fue consultado Boudou. La decisión que se llevara adelante esta propuesta obedecía a que la AFIP buscaba recaudar, pero a la vez que se mantuviera la fuente laboral. Y por si fuera poco, constituía un paso importante para el Estado el acceder a una imprenta (Ciccone) estratégica.

Todo esto quedó demostrado judicialmente y así lo expreso en su fallo, la jueza López Iñiguez.

La maniobra...

Es así que aparece la firma The Old Fund, controlada por el abogado Alejandro Vandenbroele. Con el tiempo se lo conoció como un (supuesto) arrepentido. Un personaje que terminó percibiendo alrededor de 7 millones de pesos. Dinero que usó para un hotel-boutique en Mendoza.

Lo concreto fue que para cobrar dicho monto, Vandenbroele fue cambiando sus testimonios, según como el entramado macrista-judicial-mediático lo necesitaba. Fue así que declaró que a él le pagaba el banquero Brito (del Banco Macro); afirmando que Brito era testaferro de Boudou (¿?).

En su declaración repitió lo que ya antes había declarado Boudou ante la justicia: que ellos no se conocían. De esa forma el propio Vandenbroele hizo caer la maniobra mediática que afirmaba que él era testaferro de Boudou (así se dio inicio a la causa). Este invento llevó a que Brito con el tiempo le iniciara una denuncia penal a Vandenbroele por falso testimonio. Lamentablemente, Brito sufrió un accidente cuando viajaba en helicóptero en el norte del país y falleció.

Pero faltaba más...

Para todo este andamiaje de mentiras y fábulas. Y fue allí donde apareció un espía, o ‘servilleta’ como se le dice popularmente. Fue cuando apareció un agente de inteligencia del Ejército, Jorge Pacífico, para denunciar que “escuchó” en un bar a personas (hablando en otra mesa...), que decían que había irregularidades en el caso Ciccone.

Un Pacífico que ya había aparecido el mismo día del atentado terrorista contra la Amia, ‘sembrando’ pistas (o sea: haciendo ‘trabajo’ de inteligencia para ensuciar o entorpecer la posterior investigación).

Cuando le tocó declarar, lógicamente que Pacífico dijo que no podía reconocer quienes eran los que había escuchado hablando en la ‘otra mesa del bar’...

Todo demasiado armado y guionado, como se puede observar. En cuanto a pruebas: nada; absolutamente na-da.

En el expediente judicial se incorporó el contrato donde los hermanos Ciccone le cedieron el 70% de las acciones de la imprenta a The Old Fund. El texto citaba que esa sociedad no se quedaría con la imprenta; debía buscar un inversor y resolver la situación con la AFIP.

Lo importante de la situación fue que el dinero del rescate provino del banquero Raúl Moneta y que los gerentes de la imprenta fueron puestos por Jorge Brito. Fue así que se suman Máximo Lanusse y Francisco Sguera (los dos, exBanco Macro).

Para ‘encarrilar’ la causa según como los armadores deseaban, la justicia ‘separó’ (¿?) el origen del dinero de The Old Fund de la causa principal. De esa forma sacaron del medio la prueba que desmotraba que la imprenta no pasó a manos de Boudou, pues el dinero provino de una sociedad holandesa (una pericia posterior demostró que era de Moneta).

Con lo cual no existió en el expediente una sola prueba que demostrara que las acciones fueran propiedad de Boudou (lo que sostuvo la propia magistrada López Iñiguez). Tampoco se pudo demostrar que Boudou se hubiera beneficiado en cierta forma.

Debe tenerse presente que a Boudou no se le halló participación en ninguna sociedad en el exterior; tampoco que fuera titular de alguna cuenta en el exterior; ni mucho menos que fuera propietario de alguna propiedad y/o sociedad que no hubiera declarado mantuviera en forma secreta. Nada en su contra.

El hecho que José María Núñez Carmona (amigo de Boudou) haya participado en la negociación, no alcanza para involucrarlo a él en maniobra incompatible con su cargo.

Boudou no realizó ninguna acción (desde el Estado) que influyera, direccionara, cambiara, mejorara o alterara la situación de la imprenta Ciccone; tampoco en la negociación para salvarla de la quiebra.

Si reconoció el haber dado su opinión general (que no era vinculante), para rescatar la imprenta. Tampoco tuvo participación alguna en posteriores contratos. Si reconoció haber integrado un gobierno nacional que se hizo cargo de una imprenta que podía imprimir billetes, impidiendo la inmoralidad de que ella fuera a ser controlada por una firma que –además- gerenciaba casinos (¡).

La causa y encarcelamiento de Boudou dejó al descubierto una de las tantas maniobras de corrupción política, mediática y judicial existente en el país, que se consolidó y mostró todo su poder en el período 2015-2019 (gobierno de Mauricio Macri).

Para ello, esa sociedad del mal, no dudó en ignorar que no existía ninguna prueba contra Boudou y evitaron lo fundamental: periciar la procedencia del dinero para quedarse con Ciccone. El resto es una historia que más tarde o más temprano se conocerá en profundidad.