BARCELONA-ESPAÑA  (por Adalí Moriente para PrensaMare)  El olvidable pacto político de La Moncloa –dicen-, que permitió la transición de la dictadura franquista a la democracia. Se produjo tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Han pasado más de cuatro décadas y el pacto mantiene su plena vigencia.

Dicho pacto no fue otra cosa que una “idea” de la embajada de EEUU, para que las clases dirigenciales españolas –que eran los herederos de la dictadura- se acomodaran a un nuevo proceso político.

Debían hacer concesiones y renuncias para avanzar en un ¿estado de derecho’ donde todos estuvieran incluídos (o siendo cómplices…). Debían mantener al rey Juan Carlos I (confiable para el Pentágono), garantizar la impunidad para los crímenes del franquismo y ‘olvidarse’ de toda postura progresista (ni qué hablar de socialismo o comunismo).

Entre 1982 y 2018 se sucedieron cuatro presidentes que se han encargado que todo continuara igual. Ni siquiera el final almentable de un personaje como el exrey Juan Carlos, escapando con denuncias (e investigaciones) de corrupción, han dado paso a una revisión y memoria. Inclusive el propio y actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, permitirá ello. Él mismo se encargo de afirmarlo (y desalentar algunas ilusiones).

Pero como para que no queden dudas de quién manda en España, fueron los cuatro expresidente vivos (Felipe González del PSOE; José María Aznar del PP; José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE; y Mariano Rajoy del PP), se encargaron de desalentar cualquier “idea descabellada” de pretender justicia.

Ellos firmaron cartas de apoyo a Rodolfo Martín Villa, quien fuera ministro del Interior en últimos tiempos dictatoriales, y que también ocupó un alto cargo en los primeros gobiernos democráticos.

Cuando era Ministro de Relaciones Sindicales (inicios de la transición), se produjeron los sucesos de Vitoria (en el País Vasco), donde la represión asesinó a cinco trabajadores y dejó más de un centenar de heridos. Para las dirigencias españolas este caso no mereció justicia alguna.

Fue por ello que –ante tamaña impunidad-, familiares de las víctimas buscaran llegaron hasta Argentina, donde la jueza Federal Romilda Servini de Cubría, en 2014 pidió la extradición de Martín Villa. Pretendía interrogarlo como responsable de delitos que podría ser contra la humanidad.

Inmediatamente el presidente derecjista Mariano Rajoy rechazó el pedido. Luego –ya en el 2020- la pandemia impidió que la citada jueza argentina se trasladara para realizar el interrogatorio en Madrid.

Al final se logró que el 3 de septiembre, Martín Villa declare vía telemática en el Consulado argentino en Madrid.

La “solidaridad” demostrada por los cuatro expresidentes, de los dos principales partidos españoles son la contundente muestra que el pacto –más allá de algunas diferencias menores-, los ha igualado en lo sustancial y fundamental en la vida política de España.

Además, aparecieron otros políticos y dirigentes, y hasta desde el exterior, le dieron el apoyo a Villa. Todos ellos avalando la des-memoria, la no justicia y el olvido… en nombre de la democracia. Suena irónico…?

Pero aún faltaba más. Porque aparecieron los apoyos al franquista de parte de exdirigentes… sindicales. Efectivamente: se trató de José M. Fidalgo, de Comisiones Obreras, CCOO; Nicolás Redondo y Cándido Méndez, de la Unión General de Trabajadores, UGT; y Antonio Gutiérrez, de CCOO.

Sorpresivo…? No tanto, Demuestra el estado de compromiso con que se construyó el famoso pacto de La Moncloa. Y el poder que sigue teniendo, que, casi medio siglo más tarde cuando necesitan aplaudidores y defensores, “hacen sonar el silbato” (desde la embajada…) y aparecen todos los que de una u otra manera están comprometidos con dicho pacto.

Con gran cinismo, los defensores de Villa (y de la política crimilan franquista), se consideran que dicho pacto y ellos mismos, han sido los hacedores de “una sóla España” (¿?). Lo que significa que habrían dado paso a una nación unificada, superando las posiciones de Republicanos y fascistas (¿?).

Claro que con una particularidad: todos los crímenes franquistas no se investigan ni juzgan. Todas las muertes de republicanos (u opositores a la dictadura) durante cuatro décadas no deben ser investigadas ni juzgados sus responsables.

Hablan que revisar lo hecho es atacar la “memoria democrática” o alentar el “resentimiento”; que no se puede hablar de “delito de genocidio” o de “crímenes contra la humanidad”. Estos dirigentes olvidan y sentencian al olvido eterno a los cientos de miles de ciudadanos, militantes, artistas, amas de casa, trabajadores, sindicalistas, víctimas del franquismo. Suena raro en democracia…

Las únicas voces que se han levantado desde la clase dirigencial ha sido las del vicepresidente del Gobierno (Pablo Iglesias) y un parlamentario (Pablo Echenique). Ambos integrantes de Podemos, socios del actual gobierno del socialista PSOE.

Lo concreto es que todas las expresiones de “solidaridad” con Villa no son más que la muestra de la existencia de una sociedad política. Ellos hablan –y presionan- desde lo político, para descalificar el accionar de la justicia.

Una justicia que debe ‘venir de afuera’, porque “los de adentro” la niegan. Suena raro…? En absoluto.