CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA  Legisladores de la oposición, gremios docentes y referentes de la comunidad educativa se expresaron en el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires en contra de la resolución del Tribunal Superior de Justicia que limita el acceso a jardines de infantes públicos a quienes no pueden pagar una institución privada. Y presentaron el pedido de juicio político para cuatro de los magistrados que firmaron el fallo.

Los magistrados apuntados son Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, que dieron sentencia definitiva sobre la demanda presentada por una mamá en representación de su hijo, quien inició una acción de amparo a los fines de que se ordenara al gobierno porteño incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto, que el gobierno porteño subsidie la cuota de una vacante en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.

De esta manera, el fallo dejó afuera cualquier puerta de acceso a la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, ya que no permite que aquellas familias que no consiguieron una vacante en la educación pública por falta de la construcción de escuelas, tampoco puedan recibir un subsidio por parte del Ministerio de Educación para poder pagar una vacante en la privada; una medida que va en contra de decenas de dictámenes de la Justicia porteña que habían fallado en ese sentido.