Mie. 08. Feb 2023, Santa Fe - Argentina
Opinión

LAWFARE A PLENO: SANTA FE NO ES LA EXCEPCIÓN

LAWFARE A PLENO: SANTA FE NO ES LA EXCEPCIÓN

SANTA FE-ARGENTINA (PrensaMare)   Los titulares del diario santafesino El Litoral (grupo Clarín) son contundentes: “Cómo sigue y hasta dónde puede llegar la causa sobre espionaje ilegal en Santa Fe”, y “Los puntos más sorprendentes de la causa por espionaje ilegal” (ambos del 30-11-2022).

No dejan lugar a dudas; el medio da por sentado, por demostrada la existencia de “espionaje ilegal”. Ello, sin que la justicia (esta vendita justicia santafesina, adormecida, domesticada y acomodada a los 12 años de manejo socialista-radical que llevaron adelante Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz -2007-2019-), lo haya demostrado (¡).

Se asiste a una escandalosa maniobra político mediática en defensa de intereses mafiosos relacionados con el avance del estadonarco que se ha dejado avanzar en la provincia.

El 29 de noviembre, cientos de personas se movilizaron hacia el Ministerio Público de la Acusación (MPA) capitalino (lugar donde trabajan el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti y sus empleados), oponiéndose la lawfare en la provincia.

El inmueble se ubica en la zona sur, en la intersección de General López y Saavedra. Apenas a una cuadra de la Legislatura y a seis de la Casa de Gobierno.

Fue una movilización –a la vez- de apoyo a la abogada de Hijos, Nadia Schujman.

Ella se hizo presente en la audiencia imputativa, donde el fiscal Ezequiel Hernández (subordinado de Arietti) imputó al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain y a siete ex funcionarios de su equipo (entre ellos, Schujman).

Desde hace un año se lanzó sobre todos ellos una maniobra político, judicial y mediática. El ‘delito’ de ellos fue el tratar de investigar y sacar a la luz el entramado narco que ingresó en las esferas política, judicial y policial santafesinas.

Una maniobra donde los medios marchan a la cabeza, acompañando las ‘denuncias’ políticas de la oposición (socialista, radical y derechista). En la audiencia, Schujman se anotició de los cargos que le endilgan y que viene instalada como cierta desde hace tiempo.

Sobre ello, la abogada dijo: “La causa es el Manual del Lawfare y tiene un mensaje muy claro: los negocios no se tocan. Las alianzas históricas mafiosas en esta provincia no se tocan y quienes se atreven a tocarlas los hacemos bolsa... Me podrán perseguir, pero tengo toda la fuerza para dar pelea. Si algo aprendí del movimiento de derechos humanos es que el tiempo pone las cosas en su lugar”.

En la audiencia, el fiscal Hernández la dividió; primero indagó a Sain, al ex secretario de Seguridad Germán Montenegro y a una ex asesora de gabinete. Más tarde el turno de los otros cinco imputados, entre ellos Schujman (defendidos por el ex ministro de Justicia de la provincia Juan Lewis).

Mientras esta acción se desarrollaba, cada vez más movilizados llegaban al lugar, debiéndose cortar la circulación vehicular.

Hernández imputó a Sain...

Por presunta “violación a la ley 25.520 de Inteligencia Nacional”, “asociación ilícita (en carácter de jefe)”, “malversación de caudales”, “peculado”, “abuso de autoridad, “instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba”, “violación de secuestro” y “encubrimiento calificado”; “espionaje ilegal” y "asociación ilícita”. Todo lo cual fue repetido con los otros siete investigados.

Este desarrollo, con máximo tratamiento mediático ha tenido un hecho importante que se mantiene casi en silencio. El 30 de marzo pasado, el juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Sebastián Creus dijo que en el legajo no había pruebas que permitan “afirmar” una supuesta violación a la ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Agregando que si ello hubiera ocurrido, “se debería poner en cuestión la competencia de la justicia ordinaria” y del fiscal Hernández porque la causa debería tramitar en el fuero federal. “En este sentido, aún cuando se comprenda la utilización publicitaria de términos como ‘espionaje’, en el contexto de intereses particulares proselitistas, no cabe duda que resulta una exageración”, sentenció el magistrado.

Resulta por demás de...

Vergonsozo y contrario a derecho que un inconsistente Hernández insista en imputar a Sain y a sus colaboradores por supuesta “violación a la ley de Inteligencia Nacional”, sabiendo (como abogado que lo es...) que es incompetente.

Sain le dijo al fiscal Hernández –y por elevación al jefe de éste, el fiscal regional Arietti- que “como no pudo construir un caso penal”, se dedicó a “hacer una operación política... Nosotros hicimos lo que no se animaban a hacer en el Ministerio Público, que es investigar a las grandes estructuras criminales que sobran en la provincia, por sus vínculos con sectores del Poder Judicial, la Policía de Santa Fe y la política”.

Y continuó: “Esta causa tiene tres objetivos: 1) “La persecución política”, 2) “Derrumbar causas judiciales en curso” y 3) "Aleccionar a otros funcionarios para que no incurran en lo que nosotros incurrimos, que es perseguir a las mafias. Lo que ustedes llaman informes de inteligencia son informes realizados en el marco de investigaciones judiciales” y por orden de jueces y fiscales. “Ustedes no son inocentes. Saben que ventilar estas causas va terminar derrumbando muchas de esa investigaciones, en las que muchos querellantes tienen un interés puntual”, para que se archiven.

El apoyo a Schujman...

Y contra el lawfare fue convocada por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia. El mismo contiene a todos los organismos de derechos humanos de Santa Fe (Hijos Rosario, Red Nacional de Hijos, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y sus sindicatos, y el Movimiento Evita, entre otras organizaciones).

La diputada provincial peronista Matilde Bruera sostuvo que su presencia –como la de los demás asistentes- es “Porque esta es una persecución infame, un lawfare armado contra el equipo de Sain que se atrevió a investigar el crimen organizado en la provincia. Esto no es sólo una persecución contra Nadia, es un mensaje para quien se atreva a poner las cosas en blanco y negro. Por eso estamos acá. Apoyar es poner el cuerpo, como siempre lo pusimos por los compañeros y compañeras desaparecidos”.

La causa es una represalia...

Expuso Schujman: “El mensaje es: los negocios no se tocan. Las alianzas históricas mafiosas en esta provincia no se tocan. Y quienes se atrevan a tocarlas los hacemos bolsa, para que todo el mundo aprenda. A mi me podrán perseguir, pero tengo toda la fuerza para dar pelea. Si algo aprendí del movimiento de derechos humanos es que el tiempo pone las cosas en su lugar”.

Agregando que “en mi caso particular, porque lo denuncié a (actual jefe del bloque de diputados radicales y ex ministro de Seguridad Maximiliano) Pullaro y a la Policía de Santa Fe. Eso es lo que no me perdonan. Porque acá todo el mundo habla de la necesidad del control político de la Policía, pero nadie se puso el sayo. Nosotros lo intentamos. Nunca hasta el día de hoy se trataron los proyectos que mandamos a la Legislatura para la reforma de la Policía de la provincia. Fuimos a dar la discusión a las Universidades, a todos lados. Ofrecimos ir a la Legislatura, pero nunca quisieron. Porque la Policía es una pata necesaria del armado del crimen organizado en esta provincia”.

Pullaro es querellante en la causa y candidato a gobernador. Un personaje de amplio apoyo en los medios de comunicación, quien (como denunció Schulman), en su gestión de ministro se usaron fondos reservados para pagar la defensa de policías imputados en un juicio por la desaparición forzada de Franco Casco.

Lo más increíble es que el fiscal de esa causa es Hernández... el mismo que imputó a Schujman el 29 de noviembre.

También afirmó que este es un año de campaña para designar al nuevo fiscal general de la provincia: “Los audios de mi teléfono particular (que le incautaron sin la orden de ningún juez) empezaron a circular ilegalmente cuando arrancó la campaña para ver quién es el nuevo fiscal general de la provincia. Y en esa semana, se encargaron de correr del concurso al secretario de Justicia (Gabriel Somaglia) y empujaron a la renuncia a diez jurados” (entre ellos tres jueces de la Cámara Federal de Casación Penal).

“¿No les llama la atención esto? Es evidente, todo de evidente. Si algo ha servido esta causa es poner sobre la mesa, como nunca, lo que pasa en Santa Fe. El que no quiere verlo es porque se come lo que dicen los medios hegemónicos. Pero está todo sobre la mesa”, sentenció.

Pero además, la propia Schujman dijo que se enteró de la audiencia imputativa “por un tuit de una periodista de la ciudad de Santa Fe”, cuando aún ni había recibido el oficio (¡).

Otro elemento más que llamativo fue cuando el fiscal Hernández (y la fiscal Mariela Jiménez) “allanaron ilegalmente” el Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre de 2021, y “estaban todos los medios rodeando la Casa de Gobierno. ¿Cómo sabían esos medios? ¿Cómo sabían que antes de que terminara el allanamiento, ya hablaban de las miles de carpetas que nunca aparecieron?".

El poder dominante en las 3 gestiones socialista-radical (2007-2029) en la provincia dejó una herencia. Las evidencias están a la vista.