CIUDAD DE PANAMÁ-PANAMÁ (por Ricardo M. Alba)  Plan de construcción y reconstrucción moral, cívica, política, económica y social de Panamá.

Este bien estructurado y lógico plan que nos ofrece el compañero y amigo progresista Ricardo Alba, esperamos que tenga eco favorable en un país como el nuestro, aunque es mucho pedirle “peras al olmo”, porque el árbol país se empezó a dañar desde la separación de Colombia, con la vigencia, hasta hoy, de la república de los primos.

Incontables son las anomalías que caracterizan a una sociedad huérfana de valores patrios y, peor aún, que desconoce el sacrificio vital de héroes nacionalistas de todas las épocas, que es individualista crónica y que únicamente reacciona cuando sectores aislados sólo reaccionan cuando peligran sus presuntas conquistas aisladas.

Hay muestras concretas, a lo largo del tiempo que ha transcurrido desde la presunta recuperada democracia (1990-2023), a raíz de la criminal invasión genocida imperialista de 1989, de las afectaciones que padece el país entero, la casa común, el ambiente y todas las especies. En tanto que una mayoría silenciosa, apática mira hacia otro lado.

Sin el vigoroso optimismo del compañero Ricardo, porque conocemos el leseferismo, la apatía y el individualismo crónico que padece la sociedad entera panameña, apoyamos frontalmente su real y bien estructurado plan, que hacemos del conocimiento general (Julio Yao).

(Basado en la recopilación de 260 y más formas de robo o impunidad  usadas  por miles  de panameños que no trabajan o trabajan mal en el Sector Público y Privado para robar  a cientos de miles de panameños que trabajan bien en el Sector Público y Privado y no roban).

Presentamos esta propuesta sencilla,  como una preocupación ciudadana, sin vericuetos jurídicos ni vueltas ni revueltas ideológicas,  a  todos los panameños decentes, individualmente o  por  grupos,  como acción política para la administración del Gobierno y la Sociedad.  Tiene por objetivo lograr  un Panamá próspero basado en el trabajo, la honradez, la igualdad, el fomento de las responsabilidades, el equilibrio entre deberes y derechos  y el respeto a  todos los ciudadanos.  Donde sean erradicados la politiquería vulgar, envilecida, clientelista y rapaz, y el vicio y el crimen  que nos ha venido azotando  durante los últimos cincuenta años. La solución: trabajar bien, no robar.

La norma y guía fundamental de este Plan es la  Constitución Política de la República de Panamá y el respeto al Estado de Derecho. Muchas de las recomendaciones aparecen en la Constitución pero no son hechas cumplir por las autoridades.

El objeto de la actividad del Estado es el bienestar del ciudadano.

El objeto de la actividad económica llevada a cabo por el Estado o los particulares es la satisfacción de las necesidades de los consumidores de los bienes y servicios públicos y privados.

Los gobiernos de Panamá y la sociedad panameña deben hacer frente conjuntamente a la necesidad de modificar la estructura económica de Panamá frente a la obsolescencia del Canal de Panamá por falta de agua y competencia de otras vías alternas de comunicación, y por el agotamiento de los servicios internacionales de Panamá causada por la presión de gobiernos y organizaciones internacionales.

Los organismos del Sector Público en al ámbito nacional, provincial y local presentarán públicamente a principios de cada año un plan de ejecución de obras de consumo e inversión, y a fin de año un Informe del cumplimiento de tales planes.

El Órgano Ejecutivo establecerá un mecanismo de coordinación y seguimiento continuo de tales planes y del uso de los recursos asignados por parte de las autoridades y los ciudadanos.

Todas las personas que presten servicios en el Sector Público deben pasar por un proceso de selección y de evaluación periódica para continuar prestando servicios o ser removidos de los cargos.

El Estado establecerá normas de salarios rigurosas y racionales para los funcionarios.

No habrá reelección para quienes desempeñan cargos en el Sector Público.

La información sobre las actividades del Sector Público, especialmente aquellas relacionadas con el uso de recursos públicos, será de libre acceso para todos los ciudadanos.

El Estado solo hará pagos que correspondan estrictamente a servicios que le hayan sido prestados, sin subsidios ni dádivas.  Se elimina la falsa y engañosa “paz social”, que es un gigantesco proyecto politiquero de corrupción a ciudadanos, trabajadores y empresarios y se establece un verdadero acuerdo social basado en el  trabajo y la honestidad de todos.

La incompetencia en la prestación de servicios públicos será castigada con sanciones administrativas, pecuniarias y penales.

Cada inversión del Sector Público deber ser objeto de un estudio de costo- beneficio social para determinar su viabilidad y prioridad.  En el Sector Privado, para determinar su conveniencia económica y social.

El Estado revisará rigurosamente el costo y los términos y condiciones de los servicios que le son ofrecidos.

Los pagos del Estado a los proveedores de bienes y servicios deberán ser efectuados en un plazo no mayor de un mes.

El endeudamiento del Sector Público con fuentes externas de financiamiento será únicamente para proyectos de infraestructura, en términos y condiciones rigurosamente favorables.

Ninguna administración del Estado deberá dejar endeudamiento a la Administración que la suceda.

El Estado aplicará tasas o impuestos progresivos a las empresas que son directamente beneficiarias de las inversiones del Sector Público.

Los gastos anuales de funcionamiento del Sector Público más las inversiones del Sector deberán ser menores o a lo sumo iguales a los ingresos. No habrá déficit fiscal.

El robo o malversación de fondos públicos, los acuerdos entre proveedores de bienes y servicios para fijar precios, la posesión ilegal de armas de fuego, el tráfico ilegal de narcóticos, las loterías ilícitas, el blanqueo de capitales, el fraude electoral, cualquier forma de discriminación de los ciudadanos y los hechos de sangre contra mujeres, niños y ancianos generan responsabilidad penal y  serán castigados con reclusión perpetua, sin derecho a reducción de pena.

El Estado adoptará las medidas para proteger a los ciudadanos de abusos y fallas en el servicio a los usuarios  y prestatarios de todos los servicios gubernamentales (educación, salud, agua, etc.)  , comerciales, laborales, médicos, de transporte,  bancarios, financieros, profesionales,   de utilidad pública y de otra naturaleza, y para sancionar a los responsables de tales fallas y abusos.

El Estado procederá al desmantelamiento y cancelación de todos los juegos de azar y de apuestas, con excepción de la Lotería Nacional de Beneficencia.

La interrupción del tránsito en calles y carreteras, y la interrupción de labores en servicios públicos será objeto de sanciones penales sin posibilidad de reducción.

Las personas recluidas en instituciones penales deberán trabajar para compensar el gasto de alimentación, manutención y

Las personas encontradas culpables de actos delictivos deberán pagar las costas judiciales.

Las normas y procedimientos para investigación, encausamiento y juzgamiento por delitos o contravenciones serán iguales para todos los ciudadanos. No habrá inmunidad para ningún ciudadano.

Las Universidades del Sector Publico serán gratuitas el primer año para todos los estudiantes, y del segundo año en adelante solo para los estudiantes que vayan aprobando los cursos o carreras según su duración regular.

Se elimina el subsidio electoral a partidos políticos y se reemplaza por la obligación de los medios de información de dar espacio gratuito a los candidatos para su propaganda.

La Caja de Seguro Social será reorganizada para separar las prestaciones de salud de las de seguridad social, y asegurar el cumplimiento eficaz de ambas.

No se concederán moratorias de ningún tipo para el pago de impuestos, o compromisos con organismos financieros del Sector Público.

La Fuerza Pública debe concretarse a sus funciones  específicas de policía y eliminar estructuras y prácticas militares.

Queda prohibida la minería metálica.

Los contratos para la prestación de servicios portuarios internacionales tendrán una vigencia máxima de cinco años.

Panamá cumplirá estrictamente sus compromisos internacionales y la política exterior de Panamá será determinada por los intereses del país, sin alineamiento ni sujeción a otros países u organizaciones.

Las actividades religiosas y festivas profanas serán costeadas por sus promotores y participantes

Todas las áreas concedidas a los pueblos originarios deben ser incorporadas efectivamente al servicio de esos pueblos y del resto de los panameños.

El Estado deberá llevar a cabo un esfuerzo prolijo y viable para identificar los casos de malversación de fondos y bienes públicos desde 1968,  para recuperar los recursos malversados y para aplicar normas penales a los responsables.