BOGOTÁ-COLOMBIA (PrensaMare) Recientemente se conoció el pago hecho por la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez de 150.000 dólares como fianza para liberar a su hermano Bernardo Ramírez Blanco.
Era investigado (posteriormente) y condenado a 4 años de prisión por el delito de narcotráfico, fallo emitido por la Corte Federal del Distrito Sur de Florida en EEUU.
Este pago lo realizó en compañía de su esposo Álvaro Rincón sobre quien también han recaído recientes cuestionamientos por sus presuntos nexos comerciales con el narcotraficante Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma”.
Se trata de…: la tercera implicación grave del gobierno de Iván Duque o su gabinete con el narcotráfico en este 2020.
En febrero, agentes de Policía Judicial localizaron un centro de procesamiento de coca en una finca de propiedad del entonces embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente.
La Fiscalía General reveló posteriormente que en el predio se encontraron 3 laboratorios con capacidad para producir 2 toneladas de cocaína al mes (¡).
El embajador Sanclemente, ante su vinculación formal al proceso por parte de la Fiscalía, decidió pasar su carta de renuncia al cargo como diplomático (aceptada por Duque).
En marzo, fueron filtradas las transcripciones de los audios del «Neñe» Hernández (ligado a la banda criminal narco encabezada por «Marquitos Figueroa») donde se hablaba de una presunta financiación ilegal y compra de votos en la campaña presidencial del entonces candidato Iván Duque (¡).
En estos audios fue implicada la asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Álvaro Uribe Vélez, María Claudia Caya Daza quien al ser relacionada en el caso también decidió renunciar a su cargo.
Mientras estos escándalos sacuden al gobierno, Duque habla de una «lucha frontal» que se adelanta contra el narcotráfico desde su Gobierno (¿?). Si sigue así, se va a quedar sin funcionarios…
Duque ha insistido en retomar la aspersión con glifosato y ha arreciado forzando la erradicación de cultivos en los territorios por parte de las Fuerzas Militares. Mientras, La represión en contra de la población campesina sigue al cultivo de hoja de coca habiendo llevado a la ejecución extrajudicial de al menos 4 líderes campesinos e indígenas.
