Mar. 27. Oct 2020, Santa Fe - Argentina
Opinión

USURPACIÓN DEL PODER Y TERRORISMO DE ESTADO EN BOLIVIA (por Oscar Rotundo)

USURPACIÓN DEL PODER Y TERRORISMO DE ESTADO EN BOLIVIA (por Oscar Rotundo)

LA PAZ-BOLIVIA  (por Oscar RotundoLa gravedad de la crisis boliviana tiene alcances mucho mayores que el simple cambio de gobierno por la fuerza. Violación sistemática de los derechos humanos y estado de excepción en el país andino.

El desplazamiento del poder, del gobierno legítimo de Bolivia, mediante un artero golpe de estado, luego de la manipulación escandalosa que se hiciera cuando la OEA reconoció que en apenas el 1% de las mesas auditadas (77 sobre más de 34500) habían detectado irregularidades, abrió las puertas para que las hordas fascistas se lanzaran a la caza de los dirigentes populares de la mano de la policía, los grupos civiles y los militares.

Queda claro, con el desarrollo de los acontecimientos, que la idea madre de los usurpadores del gobierno y de sus aliados extranjeros, no era la supuesta recomposición del estado de derecho y la plena vigencia de la democracia, sino el desmembramiento del movimiento popular organizado mediante el terror y la persecución de sus líderes para emprender el desmonte del Estado Plurinacional en todos sus aspectos.

En las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, el presidente Evo Morales había ganado con el 47,4 por ciento de los votos y la oposición apenas había llegado al 34 por ciento. Estos resultados mostraban, que así ganara la oposición en una segunda vuelta, el apoyo y la presencia organizada del proyecto popular, harían imposible la concreción del plan de entrega al capital transnacional de las riquezas del Estado. La violencia era la única posibilidad, pero debía ser una violencia sutil y sistemática, que comenzaría con la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo, de que renunciara junto al resto del gobierno, para evitar una guerra civil y un mayor derramamiento de sangre.

Una vez logrado este paso, los grupos opositores, la policía y bandas paramilitares salieron a las calles para incendiar el país, destruir los bienes públicos, e iniciar la persecución, el encarcelamiento de la militancia popular, campesina e indígena y torturar a los familiares de los ex gobernantes, diputados y periodistas que denunciaban los atropellos y atrocidades que iban sucediendo a toda la nación. Para tener el control de las instituciones y hacerse del gobierno “El bloque minoritario del Senado, convocado y votado sin el quorum requerido, eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia”, como expresa un informe de la ONU, mostrando así las características atroces de la ilegalidad e impunidad con la que gobernarían los destinos de Bolivia.

Diego García-Sayán, relator especial de la ONU, en relación a lo mencionado, expresaría su preocupación sobre “el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política”, llamando “al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”. También Francisco José Eguiguren, relator de la CIDH sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, no dudó en calificar como “masacre” los hechos acontecidos en El Alto y Sacaba, manifestando que era “alarmante comprobar que una de esas masacres se produjo al día siguiente de este decreto (4078) muy cuestionable”, refiriéndose al decreto del ejecutivo de la dictadura, número 4078 del 14 de noviembre de 2019, que en su Artículo 3 manifiesta que “El personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.

Un decreto que fue utilizado para incentivar la barbarie, y que luego, fuera retirado por los cuestionamientos que tuvo a nivel internacional, como el expresado por la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, quien sentenció que “la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que implique carta blanca para la impunidad es gravísimo”, haciendo alusión a dicho decreto.

Esa gravedad, a la que se refiere la funcionaria de Amnistia Internacional, en la mañana del 11 de junio, encontró una nueva víctima en la persona de Julio Pinto Mamani, quien fuera herido por una bala en la cabeza el 15 de noviembre del 2019, (justo un día después de la firma del decreto terrorista) durante la represión militar en Huayllani, Sacaba, después de 6 meses de agonía.

Una treintena de personas fallecidas y cientos de heridos, marcaron el inicio del terrorismo de estado que gobierna Bolivia y que trasciende al enfrentamiento y se revela en el carácter inmoral de las detenciones de Facundo Molares, arrestado cuando estaba gravemente enfermo en su lugar de internación, bajo cargos imposibles de comprobar o de Mauricio Jara, enviado a la cárcel de Palmasola acusado de ser el “guerrero digital” del MAS, arrestado por sedición e instigación pública a delinquir, al serle encontrado en su Wassap las cuentas: “Cruceños MAS IPSP, Arce presidente, somos millones IPSP MAS, socialistas de pie, Evo el mejor, en defensa del litio, pueblo revolucionario, elecciones 3 de mayo y otros”.

También tenemos el caso de Elena Flores presidenta de la Adepcoca (Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas de La Paz), afín al Movimiento al Socialismo (MAS), y cuyo abogado defensor denunció que la investigación contra su cliente fue manipulada, incluso con pruebas falsas. Desde el lunes 25 de noviembre de 2019, sin una sola prueba verificable, Deysi Choque, está detenida en Palmasola, Deysi es la primera mujer Ejecutiva de la Federación de Campesinos de Santa Cruz y líder comunitaria.

Otra muestra de la saña con la que se comportan los usurpadores terroristas de estado, es la detención arbitraria de Patricia Hermosa, exjefa de gabinete del expresidente Evo Morales, encarcelada en enero de 2020, cuando intentaba tramitar la inscripción de Evo Morales para postularse como candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hermosa estaba embarazada y en estos días perdió su embarazo, le niegan atención médica, padece el encierro sin condena y carece del acceso a la defensa y a la salud.

Así mismo, otros funcionarios del gobierno legítimo del estado plurinacional de Bolivia, viven horas de incertidumbre por el acoso civil y policial que padecen en la residencia de la embajada de México en La Paz, donde decidieron solicitar Asilo Diplomático. Siete ex miembros del gabinete del gobierno de Evo Morales, llevan más de seis meses en la residencia de la Embajada de México, sin poder obtener los salvoconductos para trasladarse hacia este país que les ha concedido el asilo.

Son, el ex Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga; el ex Ministro de Defensa, Javier Zavaleta; el ex Ministro de Gobierno, Hugo Moldiz Mercado; el ex Ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta; la ex Ministra de Culturas, Wilma Alanoca Mamani; el ex Gobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el ex Director de Agencia de Tecnologías de Información, Nicolás Laguna.

Pidieron asilo político después de ser amenazados de muerte, y de que sus familias fueran perseguidas, hostigadas y amenazadas y sus viviendas allanadas, saqueadas y destruidas.

Por ellos, los parlamentarios del Congreso de la República del Perú: Javier Mendoza Marquina, Rubén Ramos Zapana, María Isabel Bartolo Romero, Jim Ali Mamani Barriga, del Partido Frente Patriótico Peruano Etnocacerista, han generado un “pronunciamiento público internacional”, el cual expresa “EXIGIMOS SALVOCONDUCTOS POR HUMANIDAD PARA LOS ASILADOS POLÍTICOS EN LA EMBAJADA DE MÉXICO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.

En el mismo, detallan después de exponer los considerandos y antecedentes internacionales que vienen al caso, que:

“Los parlamentarios denunciamos ante la Comunidad Internacional el accionar del Estado Plurinacional de Bolivia, que, desde el 15 de noviembre de 2019, fecha en que solicitaron a la cancillería boliviana salvoconductos para los asilados, por parte de la Misión Diplomática Mexicana, hasta el día de hoy, 08 de junio del 2020, no se haya procedido a su otorgamiento correspondiente.

A la vez condenamos el accionar de grupos civiles organizados con móviles políticos que hostigan permanentemente la residencia diplomática mexicana en la ciudad de La Paz* en clara contravención a lo establecido en la convención de bienes de 1961, la misma que garantiza la inviolabilidad de los establecimientos diplomáticos, la costumbre.

Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional para preocuparse por la grave situación de los siete asilados, que transgrede el derecho humanitario y las buenas costumbres de la diplomacia regional y mundial”.

En el marco de la desgracia que azota al pueblo boliviano, el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, la Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba Argentina y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a ALBA- Suiza, Consejo Pro Bolivia Francia, Asamblea de Ciudadanxs Argentinos en Francia (ACAF), Colectivo Wiphala, Casa Nuestra América y Bolivia Solidarity Campaign de Inglaterra, entre otros organismos de derechos humanos y personalidades, anuncian el lanzamiento de una CAMPAÑA INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD Y SALVOCONDUCTOS PARA LXS 7 ASILADXS EN LA EMBAJADA DE MÉXICO EN BOLIVIA.

Los representantes de la iniciativa https://ffyh.unc.edu.ar/comitesolidaridad/2020/06/10/lanzamiento-campana-internacional-por-la-libertad-y-salvoconductos-para-lxs-7-asiladxs-en-la-embajada-de-mexico-en-bolivia/ realizarán una conferencia de prensa el miércoles 17 de junio a las 15:30 hora Argentina (14.30  Bolivia; 20.30 CET)  en la que participarán Eugenio Zaffaroni, Atilio Borón, Isabel Rauber, Patricia Moldiz, Gustavo Tissera  y Lyllan Luque.

La denuncia y la solidaridad son indispensables y urgentes en estos tiempos, pues en medio de la epidemia del covid-19 que se está ensañando con los pobres del mundo, la presencia en el continente de una dictadura terrorista, como la que usurpo el gobierno en Bolivia, no es poca cosa.

La torpeza de la dirigencia golpista y las contradicciones de las que son presa como buenos monigotes del imperio, les ha impedido actuar con celeridad para hacerse del poder, cosa que ha generado la reorganización de las fuerzas populares que de apoco dan batalla tanto en el plano interno como en el escenario internacional.

Una de esas expresiones de resistencia se da en la Asamblea Legislativa, donde la bancada del MAS ha generado acciones que impiden, por el momento, la consolidación de las pretensiones golpistas de arroparse con un manto de legalidad, causando la irritación de personajes como Arturo Murillo, Ministro de Gobierno de facto, que acusa al MAS de “poner en marcha un plan para generar un golpe de Estado, desestabilizar al país y dejarlo en la indefensión con la aprobación de esta ley, porque le quita a la Policía y a las Fuerzas Armadas la capacidad de actuar ante hechos de violencia”.

La ley a la que se refiere este rufián, es un proyecto de ley que advierte que “sólo se podrá llamar a un estado de excepción cuando se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia”, y en su artículo 13 establece que “los servidores públicos, militares, civiles y policiales serán responsables de los actos que resulten de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción”, y podrán ser sancionados civil y penalmente, mientras que los infractores tendrán una multa del 10% del salario mínimo nacional”.

El candidato presidencial por la fuerza golpista “Comunidad Ciudadana”, Carlos Mesa, expresó «Las elecciones deben realizarse, precautelando la salud y la vida de l@s ciudadan@s, el próximo 6 de septiembre. Bolivia ya no soporta que continúe gobernando el MAS con sus 2/3 desde la Asamblea Legislativa”.

Estamos en presencia de un fenómeno de irrupción fascista en la región con epicentro en Bolivia, si tomamos en cuenta, la correlación de fuerza regional, gobernada mayoritariamente por la derecha, podemos augurar que la solución a la grave situación que vive el hermano pueblo de Bolivia, vendrá de la mano de un trabajo conjunto entre las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del continente, afianzando los lazos de solidaridad y coordinación para las próximas jornadas de lucha, en las que no solo estarán en juego la libertad y el bienestar de los históricos desposeídos, sino la sobrevivencia de nuestra condición humana.