Jue. 28. Mar 2024, Santa Fe - Argentina
Política

GOBIERNO DE JUJUY QUIERE VENDER UNA RESERVA NATURAL

GOBIERNO DE JUJUY QUIERE VENDER UNA RESERVA NATURAL

SAN SALVADOR DE JUJUY-ARGENTINA  (PrensaMare)  Sectores sociales jujeños se oponen a la venta de 20 lotes que comprenden la zona de los diques ubicados en el departamento El Carmen (región de Los Valles de Jujuy).

Se trata de la tercera vez que se intenta llevar adelante este proceso de licitación. Esta vez el proyecto privatizador ya avanzó más, en tanto y en cuanto se dispuso la apertura de sobres para adjudicar los primeros 20 lotes (de un total de 68).

Se trata de un negocio inmobiliario que el gobernador radical Gerardo Morales empezó a gestar en 2017, al aprobar la ley provincial N° 6049/17. Con la misma se modificó la denominación de "Área natural protegida Los Diques" (según la ley provincial N° 5365) para llamarla "Área de Desarrollo Sostenible de los Diques".

La ley aprobada sacó la categoría de "reserva natural" y se pasó a la categoría de "zona de eco desarrollo" (algo inexistente en la legislación). Por ello existió en 2018 una presentación judicial, pidiendo que se declere la inconstitucionalidad de la ley 6049. Ello fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia.

Esta decisión del Tribunal fue posible porque antes de votarse, el gobernador Morales aumentó sus miembros de 5 a 9. Los 4 nuevos integrantes nombrados por Morales eran abogados identificados totalmente con la Unión Cívica Radical (UCR). Tanto es así que 2 de ellos (Pablo Baca y Beatriz Altamirano), eran legisladores al momento del tratamiento del proyecto de ampliación...

Por su parte el actual presidente del Tribunal, Federico Otaola, en 2011 fue candidato a vicegobernador secundando a María Fiad en la fórmula de la UCR...

Clara De Langhe Falcone (que era la presidenta en 2015), fue legisladora radical hasta 2010, cuando fue nombrada jueza del Superior Tribunal...

De esta forma, Morales pasó a tener el control del Tribunal.

Ante el revés del amparo ambiental presentado en 2018, las organizaciones apelaron en 2019 y el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), desde agosto de 2020.

En el apuro privatista, Morales no había llevado adelante la audiencia pública como corresponde.

Fue así que llegó el segundo intento privatista en plena pandemia. En ese momento, se aprobó el estudio de factibilidad ambiental, pretendiendo llamar a una audiencia pública en plena medidas de Aislamiento Social en todo el país.

Las organizaciones campesinas presentaron un amparo ambiental en septiembre de 2020, y pidieron la cancelación de cualquier medida. Fue así que se declaró la nulidad de la factibilidad ambiental y la licitación de los loteos (porque no se siguió el proceso establecido en la ley nacional N° 25675).

Igualmente, en plena feria judicial empezaron con la licitación de los terrenos, que debió ser suspendida porque no contó con la participación ciudadana.

Volvieron a activar el proyecto en 2021, cuando contaban con la aprobación de la factibilidad ambiental, y llamaron a una audiencia pública en el departamento El Carmen. En la audiencia existió un masivo rechazo al proyecto, que ignotó el gobernador Morales.

La provincia considera que las organizaciones no tienen ningún derecho, ni voz, pues en la parte que se va a lotear, “no vive nadie y tampoco se produce".

Para la Agencia de Desarrollo Sostenible de la Provincia, todo está en regla y el proyecto en cuestión corresponde a 12 hectáreas que fueron divididas en 68 lotes, de los cuáles se están terminando de abrir los primeros 20 sobres. Agregándose que habrá 3 procesos de licitación.

Es bueno informar que estos primeros 20 lotes, son utilizados como campo de pastaje comunitario hace décadas, con –al menos-, 4 generaciones que desarrollan la ganadería familiar, gaucha y campesina en la zona.

El proyecto afecta la flora, la fauna, las condiciones de vida de las familias y el trabajo de la agricultura familiar. Denunciaron que se produjeron desmontes en plena medidas ASPO, en los 20 lotes licitados.