Mar. 19. Mar 2024, Santa Fe - Argentina
Notas

MURIÓ UN JUEZ DE LA DICTADURA

MURIÓ UN JUEZ DE LA DICTADURA

UN personaje que lejos de proteger, abandonó...

SANTA FE-ARGENTINA  Falleció a los 78 años, el exjuez de Menores santafesino, Luis María Vera Candioti.

Se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria luego de ser condenado en 2016 a una pena de 15 años de prisión (más multa de $ 75.000 e inhabilitación perpetua) tras ser considerado autor responsable de los delitos de “retención y ocultamiento de un menor de 10 años”, “alteración y supresión del estado civil de un menor de 10 años” y “prevaricato” en perjuicio de María Carolina Guallane-Paula Cortassa.

Siendo juez durante la dictadura cívico-militar (1976-1983), en 1977 dio en adopción a la ahora nieta recuperada Paula Cortassa a una familia de la localidad de Venado Tuerto. Quienes recibieron a la menor desconocían el origen de ella; no así el magistrado.


La Cámara Federal de Rosario –en un fallo unánime– confirmó su procesamiento en una causa donde la protagonista fue María Carolina Guallane, quien fuera única sobreviviente de la masacre de su familia biológica, el 11-2-1977, cuando el Ejército secuestró a su padre (Enrique Cortassa, aún desaparecido, y a su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, que murió dos semanas después, ejecutada de un balazo en la frente).

Vera Candioti fue procesado por el juez federal Reinaldo Rodríguez, junto con otro imputado en la causa: el teniente coronel Carlos Enrique Pavón (que fraguó la nota de entrega de la niña cuando era teniente primero y se desempeñaba como oficial de guardia en el Comando de Operaciones Tácticas, COT, a las órdenes del jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón –fallecido-). El documento está fechado el 4-2-1977 (7 días antes del secuestro de los Cortassa y su hija Paula -como se llama Carolina-, que tenía trece meses).

La condena fue conocida en abril de 2016. Tras quedar detenido en plena audiencia fue conducido al penal de Las Flores (en esta ciudad). De esta forma, el exmagistrado se convirtió en el segundo ex juez condenado por crímenes de lesa humanidad en el ejercicio de la magistratura (en junio de 2015 había sido sentenciado en Tucumán, el exjuez Federal Manlio Martínez). Anteriormente en Santa Fe, el exjuez Federal Víctor Brusa había sido condenado en dos oportunidades.

En la misma causa, también hubo penas para el ex teniente coronel del Destacamento de Inteligencia 122, Domingo Morales (72), que recibió 22 años de prisión y el citado Pavón (76), a 13 años de prisión. Sin embargo, la mayor pena –prisión perpetua- correspondió al ex comisario Juan Calixto Perizzotti (79), quien cumplió el doble rol de Jefe de la Guardia de Infantería Reforzada y Coordinador del Área de Defensa 212.

Este último también fue condenado por su intervención en 16 homicidios -entre ellos, los de los padres de la niña-, cuatro privaciones ilegales de la libertad y cinco casos de tormentos. Ya contaba con dos condenas a 22 años y 23 años de prisión (dictadas en 2009 y 2013). El tribunal decidió unificarlas todas en "la pena única de prisión perpetua". Morales fue condenado por tres homicidios y asociación ilícita.

El operativo represivo se produjo en el inmueble de Castelli 4531 de esta ciudad, siendo víctimas el matrimonio y su hija Paula, de 13 meses de edad, cuando fueron atacados por personal del Ejército y la Policía. Tras el ataque "Paula fue sacada de la casa por un agente policial envuelta en una sábana manchada con sangre" (consta en la causa). Personal Del Ejército la llevó al juzgado de Vera Candioti (con un oficio de entrega firmado por Pavón).

La complicidad del entonces juez se demostró en que ni siquiera relacionó la aparición (sin justificación alguna) de la niña en su juzgado, con la información publicada en el vespertino El Litoral, donde se refirió al ataque sobre el inmueble de calle Castelli. Tampoco llamó a declarar a quien remitió la niña (el uniformado Morales), ni efectuó ampliaciones y/o averiguaciones en el barrio donde se produjo el hecho represivo.

Posteriormente, como para agravar la situación de indefensión de la menor (siendo que su obligación era protegerla, como juez de Menores), buscó que no pudiera ser localizada. Fue así que dejó de lado a las 20 primeras veinte familias del listado de adoptantes. Y la derivó a un matrimonio de Venado Tuerto (a 350 kilómetros de Santa Fe), sin que ellos fueran anoticiados de la procesdencia de la niña.