Vie. 14. Ago 2020, Santa Fe - Argentina
Opinión

LOS HALCONES DE BOLIVIA PROYECTAN PROFUNDIZAR EL GOLPE DE ESTADO (por Oscar Rotundo)

LOS HALCONES DE BOLIVIA PROYECTAN PROFUNDIZAR EL GOLPE DE ESTADO  (por Oscar Rotundo)

LA PAZ-BOLIVIA  (por Oscar Rotundo)  Estamos entrando en la recta final hacia las elecciones del 6 de septiembre en el Estado plurinacional de Bolivia y la derecha reaccionaria que usurpó el poder, especula y maniobra para ahogar en sangre los derechos de este valeroso pueblo. A medida que se acerca la fecha los conspiradores se reúnen y organizan para impedir el retorno de la democracia mediante el triunfo popular.

Entre el 6 y el 10 de noviembre del 2019, la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia, fue interrumpida por un golpe cívico-militar de características fascista, que, con la ayuda de la OEA y la embajada de Estados Unidos de Norteamérica, comenzó a materializar un proyecto estratégico privatizador y expropiador de los recursos naturales, acoplado a la estrategia transnacional de la globalización.

Este plan de desmonte del gobierno popular, se ejecutó sobre la premisa del deterioro de la influencia del líder del proyecto plurinacional, Evo Morales Ayma entre los sectores populares y sobre la contradicción que existía en la clase media, que perdía de vista la importancia estratégica de la soberanía popular y la independencia económica y aspiraba a crecer en base a las prebendas de un Estado liberal.

Concretada la usurpación del poder ejecutivo, la persecución política, la represión policial y militar y el accionar de grupos paramilitares como la “Unión Juvenil Cruceña”, que lidera Luis Camacho y la autodenominada “Resistencia Juvenil Cochala”, (denunciada por La CIDH como un grupo armado que participó en las masacres de Sacaba y Senkata, que dejó un saldo de 37 muertos y 500 heridos), acorralaron al movimiento popular obligándolo a un repliegue.

La ineficiencia en el manejo de la cosa pública, la corrupción de los gerentes que administraban los recursos del Estado y la crisis económica y social desatada por el Covd-19, que se sumaba a los despidos en masa y al desbarajuste productivo y comercial provocados por el golpe, fueron acorralando a la burocracia gobernante, que, luego de aplazar las elecciones que debían realizarse el domingo 3 de mayo, se vio obligada a aceptar, junto a las fuerzas inscriptas para participar en los comicios, la fecha del 6 de septiembre de 2020, para la realización de los comicios.

Faltando menos de dos meses para las elecciones, la clase política tradicional comenzó a especular con la necesidad de postergar las mismas, para una fecha próxima por motivos sanitarios, según las declaraciones del candidato a vicepresidente por el partido "Juntos” (sigla que representa al gobierno de facto), Samuel Doria Medina, que expresó a los medios “Nosotros no vemos factible la realización de elecciones en septiembre, cuando probablemente se registre el pico de la pandemia. Lo más razonable es octubre".

A esas declaraciones se fueron sumando otros candidatos, como Camacho, “Tuto” Quiroga y sin plantearlo directamente, Carlos Mesa, segundo en las encuestas detrás de “Lucho” Arce del Movimiento al Socialismo.

Al conocerse esto, el movimiento popular, volvió a expresarse en las calles acatando la convocatoria a la gran marcha nacional del martes 14 de julio convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) bajo la premisa de, “lucha por la democracia, defensa de los recursos naturales y la estabilidad laboral”.

Juan Carlos Huarachi, miembro ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) expresaba “Basta de improvisaciones, basta de lo que nos han sometidos con decretos. Los trabajadores vamos a hacer cumplir que este 6 de septiembre sí o sí se tiene llevar las elecciones nacionales”.

Pero este sentir del movimiento democrático y popular y este anhelo por el rescate del proyecto patriótico, es antagónico con el proyecto esbozado por la burguesía gobernante, que entiende la importancia estratégica de haber llegado al gobierno y en función de esto, ha ido avanzando en la arquitectura que le permita hacerse del poder total.

El candidato del MAS a la presidencia Luis Arce, ha expresado certeramente que “la derecha ‘está muy golpeada’ ante la inminencia de esos comicios, cuya fecha aún es inconveniente para los partidos de esta última tendencia” y es cierto, pero hay algo más, el MAS, puede o no ganar en primera vuelta, pero a esto, hay que sumar que también se eligen senadores y diputados que pueden ampliar la influencia política del MAS en ambas cámaras, condicionando la ejecución, o no, de determinados proyectos (como el ascenso de militares, o la concreción de créditos que el ejecutivo requiriera de los organismos financieros internacionales, etc).

En este sentido, es sugestivo que los ascensos a militares, otorgados recientemente por el Decreto Supremo N° 4291, promulgado el 15 de julio de 2020, que benefició a varios militares investigados  por delitos de corrupción, ultraje a símbolos patrios, e incluso trata y tráfico de personas, no hayan seguido el camino que marca la constitución, pues al decir del ministro de Defensa Luis López, “ la Asamblea Legislativa está contra el pueblo", por ello la presidenta decidió actuar por decreto para "garantizar la seguridad nacional e institucionalidad, el derecho a la carrera militar, la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado y mantener a las Fuerzas Armadas en el grado de eficiencia que requiere la defensa y los intereses confiados a su misión".

Detrás de ese discurso esquizofrénico del ministro de Defensa, Luis Fernando López, se puede observar otro obstáculo que impediría la concreción de la estrategia golpista, que es, ni más, ni menos, que la propia Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Constitución, es la columna vertebral de la arquitectura jurídica en la que se sustenta la gobernabilidad del sistema de cambio que transformó Bolivia y un antídoto contra todo anacronismo neoliberal.

Entre los beneficiados por el decreto del ejecutivo de facto se encuentran, el General José Luis Salazar Escobar y el Coronel Carlos Salinas Águila (Ejército), acusados de cometer el delito de ultraje a los símbolos patrios, previsto en el artículo 129 del Código Penal que expresa, “quien o quienes injurien ofendan, desprecien ultrajen públicamente los símbolos del Estado serán pasibles a la sanción de seis a dos años de cárcel”. El Artículo N° 6 de la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce a la wiphala como símbolo patrio: “Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú”.

La sanción a estos altos oficiales con manejo de tropa, revela, que no solo han agraviado a la institución a la que pertenecen, sino, también, que son portadores de un alto y repulsivo desprecio hacia la Constitución y hacia las mayorías populares del País.

Algo similar podríamos decir del emblemático ministro de Gobierno Arturo Murillo, que, en una entrevista realizada por el periodista Carlos Valverde, expresa sin ningún pudor, que, “tienen gases (lacrimógenos) para seis meses…” y elucubra la tesis de que el MAS generaría disturbios denunciando un supuesto “fraude” si perdiera las elecciones, y plantea claramente “…lo importante es lo que va a pasar el 6 de septiembre ¿ellos van a aceptar la derrota? ¡no la van aceptar jamás Necesitan convulsionar el país, incendiar el país, que haya muertos en el país y volver por la fuerza al país, porque saben que por las buenas es muy, muy difícil, porque no; les vamos a cerrar todas las puertas, la “democracia” no se la puede perder y está en la responsabilidad y en los hombros de todos nosotros, Carlos, incluidos ustedes, los periodistas y comentaristas y todos; todos nosotros tenemos la responsabilidad, así como tuvimos la responsabilidad y tuvimos los pantalones de salir con nuestras “pititas”, también tenemos la responsabilidad de no permitir que se vuelva a instalar, porque se está jugando este seis de septiembre , si es que es el seis, los próximos treinta años de democracia, lo que te estoy diciendo, toma nota, es así lo que va a pasar”.

Todos estos argumentos y movimientos acompañan la información que surge de la inteligencia popular que sindica que, efectivamente en la Fuerza Aérea se estarían elaborando planes para poder ejecutar un golpe de Estado, conjuntamente con el resto de las fuerzas militares y policiales y que se estarían gestando provocaciones para el enfrentamiento entre grupos civiles que comenzarían a movilizarse para impedir la realización de los próximos comicios.

Ante este escenario, que preanuncia la realización de un plan represivo militar- paramilitar, para evitar el retorno a la Democracia y a la Legalidad y que en su concepción evoca el accionar de las hordas fascista, que en el caso del Estado Plurinacional, contemplaría la ejecución de un etnocidio contra las mayorías populares de eses país, es imprescindible generar una alerta para que los movimientos sociales, indígenas y políticos, los organismos de derechos humanos, los medios de comunicación alternativa y los trabajadores, estudiantes y profesionales del continente, tomen como propia la defensa de la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia, porque en estos tiempos que corren, cada lugar en el que se levante un proyecto que beneficie al pueblo y enfrente al fascismo, es una trinchera común en la que se juega el futuro de todos.