Lunes 31 de Julio de 2017 a las 11:19

opinion

NI UN "MILAGRO" AYUDA A MORALES-GARAVANO

CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA (por Esteban D’Arret) “El Estado de Argentina de conformidad con sus obligaciones internacionales se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata”. Es la expresión textual de la cautelar concedida por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) a favor de Milagro Sala. Dicha Comisión ya había afirmado lo mismo en un comunicado el 2-12-2016. En enero de 2017 Gerardo Morales (UCR, gobernandor de Jujuy), expresó que era un comunicado. Por lo cual (para él), no era de cumplimiento obligatorio... Ahora Morales sostiene que la decisión (de liberación o no de Sala) depende del Superior Tribunal de Justicia (que él controla políticamente). En su decisión, la CIDH sostiene que en su visita a Argentina constató “innumerables reclamos de la sociedad civil sobre la detención preventiva de Milagro Sala e incluso tomó conocimiento de diversas movilizaciones”. Y agrega como para centrar aún mejor el entendimiento del porqué de la injusta prisión, que ella es “Una prominente líder social”, “mujer e indígena”, “enfrentada con el gobierno actual de la provincia”, e “identificada con parte representativa de un sector de oposición”. Lo que el organismo internacional plantea con crudeza es que el ser mujer e indígena, líder social, y opositora al gobernador son las causas de su prisión. En palabras más sencillas y claras a nivel ‘argentino’, se puede decir que la injusta e ilegal prisión es para sacarla del medio político y social (jujeño y nacional); para enviar un mensaje domesticador a los movimientos sociales; para judicializar la política y para reafirmar el odio de clase, extensivo hacia los pueblos originarios. Ante esta resolución contundente, el gobierno nacional, el jujeño y los medios formadores de opinión apelaron al ocultamiento o a la des-información. Casi aparecen mostrando a la CODH como una simple entidad “opinadora”. Algunos fueron aún más lejos en su “interpretación” y sostuvieron que la CIDH pedía la “prisión domiciliaria” de Sala (¿?). Cuando en verdad, si se respeta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se debe acatar lo resuelto. Se sabe que el radical Morales está enojadísimo; por ello criticó a la CIDH. Ha mantenido urgentes contactos con el porteñísimo Estudio Gil Lavedra (que representa a Morales en causas contra Sala); ha intercambiado ‘ideas’ con la titular del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy Clara, De Langhe de Falcone (UCR; que antes de llegar a este cargo era la abogada personal de Morales); y con otros “célebres” abogados nacionales del radicalismo. Inclusive los contactos llegaron a diputados nacionales radicales, pensando en que la Cámara de Diputados (en alianza con macristas y otros derechistas) podrían impulsra un respaldo a la “independencia de los poderes” (para que se “respete” a Jujuy). En medio de todo este enredo del que Cambiemos no quiere salir, sino –por el contrario-, enrarecerlo aún más, apareció el mismísimo Ministro de Justicia y Derechos Humanos nacional, Germán Garavano. Lógicamente y como era de esperar, no aportó nada claro, sino que ni dudó en manipular y engañar. Mostrando un cinismo “a pruebas de balas”, este señor declaró: “Somos respetuosos de las recomendaciones de la CIDH pero también de las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy”. Parece mentira, pero un abogado y ministro (de Justicia!) aparece instalando al gobierno nacional como un “equilibrista” 8entre la CIDH y la gobernación jujeña). Lo cual es una aberración. Porque el deber del gobierno nacional es el de ser garante y no ‘Poncio Pilatos’. En cuanto a que el gobierno nacional “sólo tiene la función de transmitir la recomendación de la CIDH”, también es otra aberración. Porque presenta a su ministerio (y al propio gobierno nacional) como un simple “mandadero” o “avisador” de la CIDH ante Morales. Quien adhirió a las normas internacionales (de cumplimiento constitucional) es el Estado nacional, y no cada provincia en forma individual. En consecuencia es el Estado nacional el que debe velar para que ello se cumpla, y no otorgarle “libertad” a cada territorio provincial para que decida. Con este ‘criterio’ garavanista (¿?), la Nación dejaría de esta representada por el Estado nacional, y ese papel lo asumirían cada provincia…! (en este caso la jujeña). El cumplimiento de los tratados y convenciones (internacionales) que se firmaron, deben ser cumplidas por el Estado nacional. Pero por si todo ello fuera poco, fue Garavano el que le endilgó a Sala estar vinculada con el “kirchnerismo”, como si ello constituyera de por si una condena (¡!). Pretender sostener que su prisión es “usada políticamente”, es una falacia. Porque si alguien utilizó esta detención políticamente, justamente ha sido la UCR, Cambiemos, el PRO, la derecha y los medios de comunicación dominantes. Inclusive el señor Garavano “olvidó” que fue la CIDH la que afirmó que la prisión de sala obedecía a su enfrentamiento con el gobierno provincial. Que sea Garavano, el que enredado en sus elucubraciones afirme que existe “una investigación contra la dirigente por fuertes sospechas de corrupción”, es la mejor muestra de la injusta prisión. Porque si en verdad existen “sospechas”, ello significa que no existen condenas (¡!). El estar sospechado no alcanza para sostener un encarcelamiento (“toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”). El gobierno nacional suma una nueva derrota. Podrán los medios amigos-socios haber instalado en amplios sectores de la sociedad argentina la “condena social” a Milagro Sala. Pero ya se han conocido operaciones de este tipo. Ocurrió desde setiembre de 1955 y desde marzo de 1976. La historia se encargo –años más tarde- de mostrar la verdad.