Viernes 19 de Mayo de 2017 a las 10:29

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EL "CURRO" Y LOS "CURROS"

SANTA FE-ARGENTINA (por Rodolfo O. Gianfelici) Uno de los discursos de la derecha y el neoliberalismo es el de sostener que el tema de los derechos humanos en el país es “un curro” (o sea: un robo; un negociado; un delito económico). Quienes sustentan esto no son solo los familiares de los condenados (y/o prófugos), sino el mismísimo presidente Mauricio Macri y muchos (pero muchos!) de sus colaboradores en todos los niveles. Esta acusación –lógicamente- es verbal y no es acompañada por pruebas y/o denuncias en la justicia. Y por lógica consecuencia: no existen condenas al respecto. Seamos claros: quienes acusan de “curro” son los que han dispuesto de la posibilidad de defenderse ante la justicia (derecho que ellos les negaron a las decenas de miles de víctimas) y no han logrado superar dicha instancia. Quienes acusan de “curro”, son los que sostienen que los victimarios (condenados y/o prófugos) son “víctimas” de persecución (¿?). Quienes acusan de “curro” son –como el presidente- los que ampliamente se beneficiaron por la política económico-financiera y criminal de la dictadura de 1976-1983. Quienes acusan de “curro” son los que además de secuestrar, torturar, violar y asesinar, se beneficiaron quedándose (robando; apropiándose; falsificando documentales) con inmuebles, vehículos, electrodomésticos y todo tipo de bienes que consideraban de valor, que pertenecían a las indefensas víctimas. Con cientos de juicios efectuados y en marcha en causas por los derechos humanos, quienes acusan de “curro”, solo pueden apelar a una ‘defensa’ verbal, sin sustento. A arrojar panfletos insultantes o a realizar algunas pintadas callejeras donde pretenden hacer creer que las entidades de derechos humanos y las víctimas son sinónimo de “$” o de “curro”. En verdad, demasiado poco el sustento de este grupo; tanto de familiares de condenados (y/o prófugos), como de Macri y sus colaboradores. Pero ya que hablamos de “curro”, este grupo (en el fondo, defensores de la dictadura) volvió a sufrir otro contundente revés ante la justicia. Porque el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a otros cinco represores juzgados por violación a los derechos humanos. Todos ellos involucrados en la causa del CCD (Centro Clandestino de Detención) identificado como “La casita” (de Santo Tomé). Justamente la pena más elevada la recibió –vaya ironía-… “Curro” Ramos (¡!). Si: La pena más alta la recibió Eduardo Alberto Ramos (62), ex integrante de la Policía provincial. Le correspondió prisión perpetua por el homicidio doblemente agravado del militante de Montoneros, Emilio Osvaldo Feresin (foto). Los demás condenados fueron Juan Calixto Perizzotti (80, ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, GIR, y coordinador del Área de Defensa 212); Ricardo Silvio Ferreyra (80, ex comisario de la Seccional 4°); María Eva Aebi (64, ex escribiente de la GIR); y Víctor Hermes Brusa (68, que fuera Secretario del Juzgado Federal de Santa Fe). Ha quedado probado el secuestro, tortura y desaparición del responsable de Montoneros en Santa Fe, Feresín, ocurrido el 10-2-1977. Ello ocurrió en el CCD “La Casita”; pero además, se comprobó también el secuestro de nueve militantes (8 mujeres y 1 hombre) de Juventud Peronista. Ramos fue considerado autor de los delitos de “homicidio doblemente agravado por ser cometido con alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas”, por “privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas” (en perjuicio de 7 víctimas); y “tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos” (contra 6). El Tribunal unificó las condenas de 2009 y 2014 que pesaban sobre “Curro” Ramos (que fuera ayudante del Departamento de Informaciones Policiales, D-2, de la Policía provincial) y le impuso la pena única de prisión perpetua. Por su parte Perizzotti, Ferreyra y Aebi fueron condenados a 20, 16 y 12 años de prisión respectivamente por “privación ilegal de la libertad” y “tormentos” (figuras agravadas en similar situación que Ramos). Se les unificaron las condenas anteriores de Perizzotti (2009, 2014 y 2016) a la pena única de “prisión perpetua”; y de Aebi (2009 y 2014) a 24 años de cárcel. Por su parte el condenado Ferreyra (a quien le atribuyeron la figura de “asociación ilícita”), recibió su primera condena. Mientras que Brusa fue sentenciado a 3 años de prisión por “apremios ilegales” en perjuicio de Daniel Osvaldo Gatti. Se unificó su condena con la de 2009 una única sanción de 23 años de prisión (fue absuelto por los apremios contra Vilma Juárez por desistimiento de acusación fiscal). Las víctimas en esta causa fueron: Vilma Juárez, Daniel Osvaldo Gatti, Ana María Cámara, Hilda Benavidez, Anatilde Bugna, Mabel Ángela Caminos, Graciela Virginia Aguirre, Teresita María del Cármen Miño, Silvia Liliana Abdolatif y el asesinado Feresin. El Tribunal dispuso que los condenados cumplan la pena en cárcel común. Ferreyra y Perizzotti, con más de 80 años cumplirán prisión domiciliaria. Lo importante del fallo –además-, está en que el fallo incorpora la disidencia parcial del juez Omar Digerónimo que calificó los delitos por los cuales fueron condenados Ferreyra, Perizzotti, Aebi, Ramos y Brusa como “genocidio en los términos del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1984 (decreto ley 6286/1956)”. Quienes sostienen que este tema es un “curro”, olvidaron recordar que “Curro” Ramos –además de estas condenas-, en su momento fue detenido y condenado por… delitos comunes (¡!).