PrensaMare

Primer diario web itálico del mundo español

Primo Giornale Web itálico nel mondo in lingua spagnola

Miercoles 16 de Agosto de 2017 - 14:13Hs.
- Menu
Lunes 23 de Julio de 2012 a las 19:01

notas_columna

EL SOSPECHADO GOBIERNO DE HERMES BINNER

SANTA FE-ARGENTINA  (PrensaMare, www.prensamare.com.ar)  El gobierno santafesino que conduce el afiliado socialista Hermes Binner, ha sido mostrado durante más de 3 años por la prensa `seria` como un ejemplo de limpieza, pulcritud y honestidad. El gobernador lidera una alianza derechista, aliado a radicales, aristas, demoprogresistas y `progresistas`. Para instalar esta imagen han contado con el apoyo inestimable de los medios, a los cuales el Gobierno les ha bajado pautas publicitarias de las que se desconocen datos oficiales. El candidato personal de Binner en la elección del 24-7 (Antonio Bonfatti) se ha vanagloriado de formar parte de un gobierno sin hechos de corrupción; así lo manifestó en los repetitivos spot televisivos. Ello sinifica que lo normal, lo correcto -en cuanto a ser honesto-, para los socialistas es una virtud... Los medios de prensa han sabido hacer uso de una llamativa y sugestiva política de `no preguntar - no investigar`, que bien se puede entender como una forma de devolver favores a quien tanta publicidad le otorga. Pero más allá de todo esto, es bueno hacer memoria sobre Binner y su administración.

La política criolla es rica en leyendas. Una de ellas sostiene que la gestión de Hermes Bi-nner en la provincia de Santa Fe no tiene manchas, que está libre de esos episodios que tanto “salpican” el curriculum de otros dirigentes. De hecho, el propio gobernador suele hacer gala de la especie y se dice un discípulo de Juan B. Justo, por eso de que en política hay que ser como un cirujano: manos limpias y uñas cortas.
“Nunca hubo un solo hecho de corrupción ni una sola denuncia”, sostuvo Binner meses atrás. La oposición, sin embargo, opina lo contrario, sobre todo a partir de los expedientes que están en manos de la justicia penal y las cientos de objeciones que el Tribunal de Cuentas de Santa Fe le realizó al gobierno binnerista en los últimos tres años.
Según figura en los registros públicos, desde 2008 hasta 2010 el Tribunal de Cuentas –órgano encargado de controlar los actos administrativos del Estado provincial– efectuó 165 “observaciones legales” sobre medidas que tomaron las diferentes áreas que integran el Ejecutivo santafesino, desde ministerios y secretarías hasta entes autárquicos y empresas estatales.
En diálogo con Tiempo Argentino, María del Carmen Crescimanno, presidenta del Tribunal, agregó que en lo que va de 2011 se hicieron otros 49 señalamientos. En todos los casos, se refieren a actos administrativos que no se ajustan a derecho, desde cuestiones menores o técnicas, a otras de gran relevancia.
Así sucedió con la adjudicación directa realizada en 2010 para explotar la Autopista Rosario-Santa Fe Brigadier General Estanislao López”, que derivó en una denuncia penal acompañada por el grueso del arco opositor. En la presentación, realizada en agosto pasado, diez diputados provinciales exigieron que se investigue la “posible comisión de delitos en contra de la administración pública provincial” a raíz del Decreto 1034/10, con el cual el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente había entregado –por seis meses y con opción a prórroga– el negocio en cuestión a la firma Consorcio Vial SA, integrada a su vez por las empresa Supercemento SAIC y Edeca SA.
El pedido se basó en lo previamente señalado por el Tribunal de Cuentas en su dura Observación Legal Nº 039/10 que, entre muchos otros aspectos, desestimó la urgencia invocada por el Ejecutivo para evitar el llamado a licitación, consideró que faltaron fundamentos para la elección de las empresas –que antes de celebrado el contrato ya sabían que iban a ser escogidas– y recordó que la invitación para Supercemento fue enviada al domicilio de otra firma, de nombre similar pero dedicada a la fabricación de comederos y bebederos para chanchos.
“Todo el trámite denota desapego al debido procedimiento administrativo. Tal irregularidad es constitutiva de un vicio”, detalló el organismo en su diagnóstico, donde también describió la siguiente circunstancia: “De las constancias del Sistema Informativo de Expedientes (SIE) surge, conforme el orden cronológico que se registra del trámite, que a la fecha de la firma del acto por el Sr. Gobernador, el expediente contaba con 17 fojas útiles y que, con posterioridad, se le agregan hasta completar las 252 con las que el expediente llega al Órgano de Control.”
La denuncia, que luego fue ampliada, se tramita en el expediente 711/2010, pero sin mayores novedades. “El juez no la desestimó, pero la causa no se movió más”, sostuvo el diputado provincial del Frente para la Victoria (FPV) Luis Daniel Rubeo, uno de los denunciantes. Rubeo también aseguró que mantuvo varias reuniones con la fiscalía actuante, pero que la promesa de llamar a declarar a los posibles implicados aún no se concretó.
Consorcio Vial explotó el camino hasta diciembre pasado, luego de que la administración de Binner realizara un llamado a licitación y traspasara el manejo a la firma ARSSA, con un canon mensual de 200 mil pesos. “El de la autopista fue el caso más notorio, pero hay otros, como el de la compra de ropa y motos para la policía. También hay un cuestionamiento a la adjudicación del servicio de 911”, enumeró Rubeo.
En cuanto a la compra de uniformes para Policía de Santa Fe, la acción penal fue realizada por el diputado Alberto Monti, del sector del PJ local que responde a Carlos Reutemann. Según Monti, en la Licitación Pública Nº 26/2009, por la que se compró ropa para 18.500 efectivos policiales por casi 20 millones de pesos, se habría incurrido en el pago de sobreprecios, con valores que superan con creces a los del mercado unitario. El expediente que contiene la presentación hecha por Monti lleva el número 608/2009 y se encuentra en etapa de instrucción.
Este diputado también denunció sobreprecios en la compra de motocicletas para la policía santafesina, instrumentada por Licitación Pública Nº 22/10 y aprobada por el Decreto Nº 2894. En este caso, se adquirieron 160 motos por cerca de $ 18.500 cada una. Como quedó asentado en la Causa 679/2010, Monti aseguró que se podrían haber conseguido por $ 10 mil.
En julio de 2010, el abogado rosarino Walter Calenta efectuó una denuncia penal cuestionando los términos en que se realizó la licitación para contratar el servicio de emergencias 911, donde resultó ganadora la firma Telecom Argentina. Calenta pidió revisar “la conducta del Sr. Horacio Gentile, Director Provincial de Comunicaciones”, y que se determine si existieron vínculos laborales entre este funcionario y Telecom. La presentación quedó en manos del juez de Instrucción de la Tercera Nominación, Julio César Costa, y de la Fiscalía Nº 5 de Santa Fe, a cargo de Elena Perticará.
Dos años antes, en su dictamen 012/08, el Tribunal de Cuentas había cuestionado la adjudicación de la llamada Tarjeta Única Ciudadana, utilizada para el pago de los planes sociales percibidos por unos 200 mil santafesinos. En este caso, el binnerismo había entregado el servicio por contratación directa al Banco Municipal de Rosario, que a su vez lo tercerizó en un banco privado. El ente de control rechazó las razones de urgencia invocadas –“no se verifica la existencia de cuestiones impeditivas para la realización del proceso licitatorio”–, sostuvo que las ofertas desestimadas “no lucen agregadas en el expediente”, y cuestionó que no se haya contemplado recurrir al Banco de Santa Fe, agente financiero privilegiado de la provincia.
La contratación directa es cuestionada en varias de las objeciones del Tribunal de Cuentas. Por citar un caso, en su observación legal 046/09 se refirió a la Resolución 106/09 de la Administración Provincial de Impuestos, por la que se contrató sin licitar a Ellecktra Imagen Global SA, por $ 9500 por mes y para realizar tareas de consultoría y diseño en comunicación. El Tribunal señaló “la falta de acreditación de los antecedentes que justifiquen la especial y notoria capacidad para contratar en forma directa y por vía de la excepción”, y también dejó en claro que “se evidencia el desprolijo tratamiento otorgado a la gestión, en tanto y en cuanto, a una empresa que presentan presupuesto en fecha 25-05-2009 se le reconocen servicios desde el 1 de mayo (de ese año)”.

 
Volver »